Las críticas que ha recibido el actual sistema de créditos para la Educación Superior (ES) se han concentrado en el Crédito con Aval del Estado (CAE), lo cual ha llevado al Presidente Piñera a enviar al Parlamento un proyecto que lo reemplazó por el nuevo SIFS.

Se debe recordar que el CAE es una iniciativa del gobierno del Presidente Lagos y su Ministro Bitar y que cuando se aprobó la matrícula de la ES, ésta bordeaba los 400.000 estudiantes, que sólo contaban con el financiamiento otorgado por el crédito solidario, circunscrito a los inscritos en las universidades del Consejo de Rectores. Entonces, la situación fiscal era estrecha y el gobierno no podía ampliar el financiamiento a mayores postulantes. De ahí surge la posibilidad que los bancos puedan hacer préstamos a los interesados, si se cuenta con la garantía estatal, pues el compromiso era riesgoso. Gracias al CAE se incorporan estudiantes de universidades privadas y de la educación técnica profesional, que no tenían alternativa. Esa iniciativa, con las modificaciones posteriores, ha permitido el notable avance que la matrícula llegue a 1.250.000 personas. La masividad tiene beneficios que se debe resaltar, junto al reconocimiento al binomio Lagos-Bitar: a) los egresados adicionales aportan una contribución clara al progreso económico-social del país y al progreso de los sectores público y privado, al contar con mano de obra calificada. b) El bienestar de las familias se basa en tener integrantes educados en el sector terciario y alcanzar una aspiración soñada.

Sin embargo, la promesa de la gratuidad universal y el endeudamiento de muchas familias terminaron por deslegitimar el mecanismo y centrar las críticas en el sistema bancario, lo cual permitió al gobierno de Piñera I, aumentar los beneficios otorgados a los estudiantes (reducción de la tasa de interés, regulación de los aranceles, plazos limitados de amortización, cuotas máximas del 10% del ingreso, etc.).

La aprobación de la reforma a la ES, al final del gobierno de la Presidenta Bachelet, impuso varios límites a la creación de un financiamiento que fuera equitativo, eficiente y que permita elevar la calidad de la enseñanza.

El proyecto de ley del nuevo crédito SIFS es una iniciativa compleja, que afecta a todo el funcionamiento de la ES. Presenta varios elementos positivos y algunos escollos que han permitido a algunos especialistas motejarlo como “gratuidad disfrazada”, en un cuadro general de estrechez fiscal en los próximos años.

Entre los avances, se destaca que establece un sistema único aplicable a todos los estudiantes que cursan la ES, unificando la realidad actual que establece tratos diferentes y discriminatorios entre los deudores, al permitir a los actuales y futuros integrarse en condiciones favorables. Incluso facilita a quienes tienen compromisos impagos a incorporarse al sistema.

Pero la propuesta enfrenta muchos escollos, partiendo por la dificultad de encontrar la institución que se haría cargo de la administración de los créditos, en lo cual la experiencia pasada ha sido desfavorable. Este aspecto tiene opciones positivas en el otorgamiento de los préstamos, pero la dificultad mayor se encuentra en la cobranza. La experiencia en esta materia es negativa cuando la han asumido entidades estatales, incluso descentralizadas, en una sociedad en que prevalece la cultura del no pago, especialmente en los préstamos estudiantiles. Esta situación es compleja cuando se ha instalado la gratuidad en la ES como un “derecho social”, sin considerar que ejercer este privilegio impide cumplir con otros derechos que sí son prioritarios, como la educación pre escolar o la salud de los ancianos.

Otra de las dificultades de difícil implementación es la fijación de los aranceles oficiales o de referencia y su relación con aquellos reales o cobrados por los centros de estudio. En la ley actual la determinación de su estructura quedó muy imprecisa y en el ámbito de la administración estatal, lo cual ha generado incertidumbre en muchos planteles, especialmente entre las universidades, que presentan diferencias en sus costos a causa de la diversidad en sus funciones y en la calidad de sus servicios.

La complejidad del proyecto augura que su tramitación será compleja, especialmente por la interacción de agentes con diferentes intereses u objetivos, tanto estatales como institucionales. La situación actual de la educación superior es precaria, por lo tanto el debate tomará su tiempo, pero lo importante es que se logren acuerdos sólidos y de largo plazo, que permitan la estabilidad de esta actividad tan importante para el progreso del país.