El sistema de créditos para apoyar el financiamiento de la educación superior instaurado en 2005, fue el resultado de un largo camino en el que se intentó lograr un mayor acceso a la educación superior. En ese momento nos enfrentábamos ante la necesidad de generar nuevos mecanismos de ayudas estudiantiles que incluyeran a las universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales, que representaban el 59% de la matrícula total de la educación superior y que, al mismo tiempo, correspondía a los estudiantes de los sectores más vulnerables y necesitados de un apoyo financiero para acceder a la educación superior. En este contexto no era posible que un grupo tan grande quedara fuera de una ayuda del Estado.

El mecanismo diseñado para responder a esta necesidad fue un crédito que, recurriendo a la garantía del Estado, permitiera acceder a recursos privados a tasas de interés razonables y condiciones de pago ajustadas a las características del sistema educacional, es decir, deudores sin capacidad de pago durante el periodo de estudio y con alta incertidumbre respecto del monto total de la deuda, dado que la misma se encuentra asociada a la progresión académica del estudiante y a las decisiones que él vaya tomando durante dicho periodo. El modelo de crédito, tal como fue diseñado en su origen, consideraba un sistema de financiamiento mixto por etapas: Bancos (provee fondos temporalmente), Estado (recompra cartera), mercado de capitales (licua los créditos).

Para que el sistema funcionara se debía asegurar la calidad de las instituciones de educación superior que recibirían el crédito y que garantizarían a los jóvenes una formación adecuada, para insertarse en buenas condiciones en el mercado laboral, y de esa forma contar con las condiciones económicas suficientes para poder sobrellevar el pago de su crédito. Sin embargo, el ente de aseguramiento de calidad resultó ser una entidad integrada por representantes de las instituciones de educación superior que, más que velar por la calidad del sistema, se transformaron en representantes de los intereses de sus representados. Este débil contexto regulatorio posibilitó que una parte de los recursos disponibles para el CAE llegara a instituciones de carácter no selectivas, que admitían un gran número de alumnos provenientes de familias vulnerables, y que no tenían la capacidad para formar adecuadamente a sus estudiantes y quienes luego vieron muy dificultado su acceso al mercado laboral.

La Comisión Ingresa, por su parte, era la encargada de administrar el sistema de créditos y estaba compuesta por cinco altos funcionarios del Estado y tres representantes de las instituciones de educación superior. Estos últimos integrantes terminaron siendo representantes de los intereses de dichas instituciones, lo que hizo que, entre otras cosas: no modificara nunca la tasa de interés, incluso cuando las circunstancias lo permitían, ni tampoco la cantidad de créditos que se otorgaban; no impidiera que se otorguen créditos por cinco años a instituciones acreditadas por dos y que no analizara la empleabilidad de las carreras que se ofrecían. Estos factores, sumados al temor a rebajar tasa para no incrementar los costos públicos, y la ejecución de licitaciones poco convenientes para el fisco, implicaron que el sistema no se ajustara adecuadamente a las necesidades de sus usuarios, ni a la conveniencia fiscal.

Todos estos factores hicieron que el sistema de crédito alcanzara una cobertura muchísimo mayor (cerca de 800.000) a la que originalmente se proyectaba (80.000), lo que implicó un uso muy intensivo de recursos públicos y dio paso a una expansión que habla bien del sistema de crédito, de lo necesario que era y del grado de aceptación que tuvo.

Sin perjuicio de todos los problemas que puedan ser identificados y las cosas que pudieron hacerse de mejor manera, el crédito con aval del Estado fue la herramienta que permitió un gran crecimiento del sistema de educación superior del país, permitiendo especialmente que, especialmente los quintiles más bajos, aumentaran su matrícula en la educación superior de un 12% en 2003 a un 27% en 2011. Asimismo, de acuerdo a un informe del Banco Mundial y antecedentes proporcionados por la Comisión Ingresa, el Programa CAE señalan que casi un 70% de los egresados se encuentran al día en el pago de sus créditos, y que la mayoría de los jóvenes deudores (73%) pagan la deuda de manera normal y sin dificultades.

Claramente las consecuencias de la implementación del CAE nunca estuvieron en las cabezas de quienes lo diseñaron, ni de las autoridades que aprobamos esta alternativa, en cuanto entendíamos que el contar con un sistema de acreditación público sería suficiente garantía para que los alumnos con crédito recibiesen una educación pertinente y de calidad, y en virtud de ello tuviesen efectivas posibilidades de pagar estas deudas sin que representaran una excesiva carga para ellos o sus familias, teniendo siempre como fin último lograr una mayor igualdad en el acceso a la educación superior.

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