De acuerdo con el informe, la distribución de los aportes para recompra del CAE apuntó principalmente a los alumnos de las universidades privadas fuera del Cruch, con un 67,8% ($ 274.470 millones), repartidos entre 28 instituciones. Los mayores montos fueron para adquirir las deudas de los estudiantes de las universidades Andrés Bello ($48.862 millones), San Sebastián ($ 40.498 millones) y Santo Tomás ($ 33.443 millones), financiamiento que fue mayor que la recompra de todos los créditos de alumnos pertenecientes a las universidades estatales en su conjunto ($ 31.731 millones).

Contraloría señala en el documento que “el Estado cada año se compromete a realizar una recompra de una fracción de los créditos otorgados, pagando a los bancos un valor adicional de recarga, monto estipulado en la respectiva licitación, y que considera principalmente los costos de la administración de la cartera de deudores, custodia de los títulos, recaudación de los fondos, seguro de desgravamen e invalidez, y gastos en cobranzas prejudiciales y judiciales”.

Y se añade que “de acuerdo a los contratos con los bancos, estos pueden solicitar que el Estado adquiera los préstamos considerados más riesgosos”. En el informe se indica que este dato se incluye “por considerar que constituye una contingencia que debe ser revelada, pues en la medida que el alumno abandone los estudios o una vez egresado no cumpla con su pago, se constituye en una obligación cierta para el Estado, que deberá disponer recursos públicos a través del fisco o de las instituciones para cumplir con la obligación ante la entidad crediticia”.

El director de Nodo XXI, Víctor Orellana, plantea que los bancos exigieron este mecanismo al Estado, “porque podría haber estudiantes que al salir a trabajar no ganaran los recursos para pagar los créditos y esto muestra que los bancos piensan que los estudiantes de ciertas instituciones no ganan lo que deberían de acuerdo a sus carreras, porque probablemente egresan de universidades de baja calidad”.

Para Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, “es cuestionable la interpretación que hace la Contraloría de las garantías del CAE como gasto fiscal. Esos montos no han sido desembolsados por el fisco, sino por la banca. El fisco y las mismas instituciones deberán financiarlos solamente si los estudiantes no pagan, y la mayoría lo hace. Es equivocado considerarlo como gasto fiscal”.

Agrega que “respecto del volumen de los recursos, esos se justifican por el tamaño de la matrícula de las diferentes instituciones y por el hecho de que no acceden ni a fondos basales ni a gratuidad. Dos tercios del financiamiento fiscal les está vedado, por lo que no es raro que concentren una parte significativa de los beneficios estudiantiles restantes”.

Per cápita pasó de 1,2 millones en 2012 a 2,2 millones en 2017

Según el informe de Contraloría sobre financiamiento fiscal a la educación superior, el aporte que el Estado entrega por alumno ha crecido en los últimos seis años, pasando de $1.200 millones en 2012 a $2.200 millones en 2017. Y las instituciones que tienen un mayor gasto per cápita anual fueron la U. de Aysén, con $ 72.600 millones por alumno, y la U. de O’Higgins, con $18.700 millones.

Esto se explica porque esas dos nuevas universidades estatales recibieron financiamiento para su creación y porque aún tienen un bajo número de alumnos, lo que generan un alto per cápita.

El tercer plantel con mayor gasto fiscal por estudiantes es la U. de Talca, que aparece con $ 4.600 millones.

Según explicó el vicerrector de gestión y finanzas, Hugo Salgado, “esta es una cifra inflada que hace parecer que la U. de Talca recibe mucho dinero por estudiante, porque se incluyen fondos que no solo van a los alumnos de pregrado, sino que aquellos aportes que van también en beneficio de los de posgrado y de actividades de vinculación con el medio”.

El académico agregó que si se considera sólo el financiamiento que llega desde el Estado para becas y gratuidad de los alumnos de ese plantel, el per cápita baja a $ 2,4 millones”.

académico agregó que si se considera sólo el financiamiento que llega desde el Estado para becas y gratuidad de los alumnos de ese plantel, el per cápita baja a $ 2,4 millones”.