Esta columna fue escrita junto a Enrique Fernández Darraz de la Universidad de Tarapacá.*

[06-09-2018] La Ley de Educación Superior 21.091, promulgada en mayo recién pasado, introdujo cambios profundos en la acreditación de las instituciones de educación superior.

Los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) ya no serán nombrados por acuerdos de las instituciones de educación, sino principalmente a partir de ternas conformadas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Se espera que ello genere comisionados independientes de su origen institucional y se quiebre así la división hoy existente, entre miembros “pro sector público” y miembros “pro sector privado”.

La nueva ley establece, además, que la acreditación institucional será obligatoria (al igual que la de las carreras de Medicina, Odontología y Pedagogías) e integral. Es decir, se evaluará la institución en su conjunto.

A ello se agrega que el proceso de seguimiento posterior se hará más intenso, ya que la CNA podrá solicitar información a las instituciones respecto de los planes de mejora (entre cada acreditación) y efectuar recomendaciones al respecto. También podrá realizar visitas de seguimiento, cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en los procesos de acreditación siguientes.

Es preocupante que la nueva ley ratifica, ahora legalmente, el abandono que en la última década se había producido de hecho, de la idea de acreditación como apoyo al mejoramiento de la calidad de las instituciones, reemplazándola por una concepción fiscalizadora del cumplimiento de criterios y estándares.

Con independencia de la valoración que uno pueda hacer sobre la justificación, necesidad u oportunidad de este giro desde el fomento hacia el control, las nuevas reglas del juego harán necesario que la futura CNA revise muy profundamente sus procedimientos centrales de operación: los informes institucionales de autoevaluación y las visitas y reportes de los pares evaluadores que visitan las instituciones por mandato de la CNA.

Esto tendrá aún mayor relevancia en el contexto probable de una CNA abrumada por el calendario de evaluaciones que se prevé.

Los informes de autoevaluación de las instituciones y carreras, actualmente separados en dos partes, se expresan como una narrativa ritualista y defensiva que buscan resaltar los logros y esconder los problemas, seguida de un conjunto de tablas definidas por la CNA, con datos escasamente integrados al informe y poco consultados por los pares evaluadores.

Para mejorar la calidad del proceso de acreditación, los informes de autoevaluación deben ser trabajos de análisis, no de descripción, en que no haya un solo dato que carezca de una interpretación validada por quienes en la institución pueden dar luz de lo que ese dato significa, trátese de profesores, administrativos, directivos estudiantes, egresados, empleadores u otros actores externos. Luego, personal especializado en la CNA que tenga claro cómo debe ser un informe de estas características, y que conozca las especiales peculiaridades organizacionales de una institución de educación superior, debe tener la potestad de revisar y solicitar que se rehagan aquellos informes que no satisfagan este estándar.

Desde luego, estas mayores expectativas sobre los informes deben ser “bajadas” a las instituciones a través de capacitación permanente, bien diseñada y bien ejecutada, dirigida a todos quienes estén involucrados en liderar procesos de autoevaluación.

Mejorar los informes de autoevaluación es trabajoso para ambas partes, pero la ganancia derivada de profundizar el nivel de observación será enorme, y ahorrará mucha labor aguas abajo, a los pares evaluadores y a la propia Comisión, que tendrán en el informe un documento confiable y no una máscara tipo aldea Potemkin.

La otra mitad de la ecuación son los pares evaluadores. Aquí hay varios desafíos y el primero es la dotación. Si ya es difícil encontrar en cantidad suficiente académicos y profesionales de larga trayectoria en gestión, docencia, investigación y otras actividades propias de la educación superior —en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica— que estén en condiciones de dedicar el tiempo requerido para integrar las comisiones, la prolongación del tiempo de la visita no es una opción para la nueva acreditación. Menos aún en el escenario que se avecina de decenas de procesos mensuales.

Tampoco es una opción reemplazar a los pares académicos por auditores externos: el sentido de este proceso lo da exclusivamente el hecho que sea una visita de académicos. El registro de pares habilitados debe contener suficientes académicos que reflejen la diversidad de la educación superior chilena en términos de género, edad, regionalidad, y tipo de institución en que trabajan. Para ello, la CNA podría trabajar con las instituciones de modo que éstas apoyen sistemáticamente la integración de sus académicos en dicho registro.

Además de expandir el número de pares habilitados, el uso del tiempo de los pares evaluadores debe ser optimizado a través de una reingeniería de las visitas, aprovechando la tecnología, especializando a los evaluadores, trabajando diacrónicamente, o implementando estrategias de muestreo. Pero, sobre todo, focalizándose en observaciones y juicios que apunten al contenido de la actividad y sus resultados, más que en la aplicación mecánica de listas de chequeo enfocadas en el cumplimiento de procedimientos.

Un segundo desafío es la capacitación de los pares evaluadores. Todas las instituciones pueden relatar historias de horror sobre actitudes o comentarios poco profesionales de algún evaluador par. Esto no puede continuar. Los pares deben entender que no son fiscalizadores (para eso va a estar la Superintendencia) y que su rol no es desvirtuar el informe de autoevaluación para reemplazarlo por el que ellos elaborarán. Deben internalizar que no son superiores a quienes los reciben (por eso – como dijimos – se llaman “pares”, es decir, iguales) y que el tono de las interacciones debe ser siempre respetuoso y colegial, en pos de una más acabada comprensión del estado de la institución visitada. Los secretarios de las comisiones de pares, por su parte, no pueden estar limitados a una función de apoyo logístico. Deben tener la autoridad y la potestad de controlar el correcto desempeño de los pares.

No basta con que una mayoría o, incluso, una gran mayoría de los evaluadores ya cumplan con estas expectativas, no obstante la falta de capacitación. La CNA deberá tener políticas y procedimientos de reclutamiento, selección, formación y remoción de pares evaluadores según el perfil requerido, tal que las instituciones no se sientan amedrentadas de denunciar malas prácticas de los pares evaluadores si es que ellas de producen, a pesar de los recaudos que se tomen.

Sin estos indispensables ajustes la nueva acreditación corre el riesgo de ahogar aún más a las instituciones en una dinámica burocratizada de reporte y control, de escaso valor para las ellas, y que mantendrá agobiada a la CNA, exponiéndola a tomar malas decisiones en perjuicio de todos.

Recordemos que las consecuencias no pueden ser más gravosas: de la acreditación dependerá ahora la vida o la muerte de las instituciones y las carreras de acreditación obligatoria.

*Esta columna fue publicada en La Tercera el 6 de septiembre de 2018 ->https://goo.gl/hYY6Uf