En el año 2007, el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, le encargó a la firma de abogados Philippi, Prietocarrizosa & Uría un informe en derecho acerca del alcance de la Ley 19.886, que regula las compras públicas de los organismos del Estado con las sociedades jurídicas relacionadas con la Usach. La asesoría, que fue liderada por Ramiro Mendoza y otros dos abogados de dicho bufete, llegó a manos de la máxima autoridad de dicha casa de estudios en marzo.

Un mes después de eso, Mendoza asumió como contralor general de la República y hoy es cuestionado por su sucesor en la entidad autónoma, Jorge Bermúdez, debido a su participación en materia de probidad y transparencia en la última campaña presidencial de Sebastián Piñera.

El objetivo de esa asesoría que encargó Zolezzi era ver el alcance de la Ley 19.886, en especial respecto de la aplicación de la misma respecto a “las adquisiciones realizadas por personas jurídicas relacionadas con la Universidad, pero que no comparten con esta su estatuto de Derecho Público, sino que por el contrario, han asumido formas jurídicas gobernadas por el Derecho Privado”, detalla el documento al cual tuvo acceso El Mostrador. Mendoza explica cómo esta ley sí debe regir para las universidades, pero no para las empresas asociadas y basa su argumento en una serie de fallos de la misma Contraloría en años anteriores.

En la página 27 del informe de los abogados, se explica cómo debe reaccionar la Usach “frente a las distintas alternativas de acción o mecanismos de impugnación frente a un intento de la Autoridad Administrativa de hacer aplicable” la referida.

Y se detiene ante una posible acción de la Contraloría, un recurso de protección o un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC), entre otras figuras. Finalmente, el texto concluye que “el hecho de que la Universidad de Santiago se subordine en su obrar a la Ley 19.886, no implica que tal estatuto normativo resulte vinculante respecto a las sociedades y personas jurídicas de derecho privado constituidas por el establecimiento educacional, tales entidades se rigen por el derecho privado”.

Consultado por el tema, el rector Zolezzi explicó que la solicitud se dio “con la aparición de las compras públicas, queríamos saber si la sociedad estaba afecta a la ley” y aclaró que se dio en un contexto en donde “no tenían idea” que Mendoza “podría llegar a ser contralor”. Mendoza, en tanto, prefirió no referirse a la asesoría.

Empresas privadas de la Usach

La preocupación por la posible nueva fiscalización a las empresas privadas de la Usach que tuvo el rector Zolezzi –quien está en plena campaña para su reelección– no es un tema extraño al interior de las universidades estatales. Consultados por El Mostrador, varios ex rectores reconocieron que la aplicación de la Ley sobre Compras Públicas fue sondeada al interior de las instituciones.

Este medio revisó los dictámenes de la Contraloría entre los años 2007 y 2017 en relación con las empresas asociadas a la Universidad de Santiago, entre las que destacan el centro de innovación SEGIC, la “Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile Ldta.”, empresa que es conocida como la SDT en la Usach y el Centro de Capacitación de la misma casa de estudios superiores.

Según una presentación de Zolezzi ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del año 2013, estas empresas surgieron a principios de los 90 con el fin de hacer más competitiva a la Usach con las universidades privadas, las que contaban con menos “trabas” para desarrollar sus políticas educacionales.

La Sociedad de Desarrollo Tecnológico (SDT) es la compañía que cuenta con la mayor cantidad de auditorías de la Contraloría durante el periodo de Ramiro Mendoza y cabe destacar que el abogado no se inhabilitó en ningún momento ante estas investigaciones, a pesar de que había realizado el informe en derecho para la universidad.

La SDT fue creada el 23 de mayo del año 1990 con el fin de “desarrollar, coordinar, promover y apoyar las actividades (de la casa de estudios) en materias de transferencia de tecnologías, asistencia técnica, educación continua y prestación de servicios técnicos, orientándose hacia la comunidad en general y al sector empresarial en particular”, destaca su página web. Siete años después amplió sus labores y pasó a “administrar contable y financieramente los programas, servicios y cursos de nivel académico que desarrolle la Universidad de Santiago de Chile”, según detalla un informe de Contraloría del 23 de diciembre de 2008.

La SDT pertenece en un 95% a la USACH y en un 5% a la fundación El Planetario, otra de la personas jurídicas asociadas a la universidad estatal. Esta figura de copropiedad entre la Usach y sus empresas asociadas es recurrente, incluso en sus fundaciones, con el fin de evitar que hayan personas naturales como socias en las entidades, como lo establece una presentación del rector Zolezzi en julio de 2013 ante la Cámara de Diputados.

Otra firma que también tiene esta composición entre sociedades y la universidad es SEGIC-Usach, un Centro de Innovación y Tecnología del cual la SDT es dueña de un 5% y la Usach de un 95%.

La SDT es reconocida como la “gran empresa de la Usach”, recuerda Marta Matamala, ex dirigenta de la Feusach, quien afirmó que “por ahí pasa gran parte del financiamiento de la universidad”. La compañía está ubicada en plena Alameda, N°1611, cerca del metro Los Héroes y su fachada en nada la vincula con la Usach.

Tan relevante es, que la ex estudiante recuerda que en diversas ocasiones se pensó en tomarla por parte de los estudiantes, “pero no se pudo, la seguridad es mucha, más que en la universidad”. Es más, en el año 2015, uno de los puntos del petitorio para bajar la movilización interna en la universidad, era que existiera más transparencia respecto a los flujos de caja en la empresa.

Para los académicos también siempre ha sido un foco de conflicto. Explican que el negocio de la SDT radica en la administración de servicios educacionales como posgrados, investigaciones y las clases vespertinas de la Usach y que “aporta un 30% del presupuesto, solo desde el departamento por carreras vespertinas”, destacó Bruno Jerardino, quien fue gerente general de la compañía SEGIC entre el 2008 y el 2010. La empresa concentraría sus funciones en las facultades de Administración y Negocios, además de Ingeniería Industrial.

Primeras irregularidades

Las principales investigaciones de la Contraloría fueron a la SDT y se dieron durante el periodo de Ramiro Mendoza. Entre el 2008 y 2015 se generaron al menos siete informes, algunos finales y otros de seguimiento. De estos, ninguno se tradujo en apertura de sumarios internos, solo en solicitudes de modificaciones, un requerimiento al Servicio de Impuestos Internos (SII) y en más auditorías internas.

En el año 2015, se publicó una auditoría y el informe de seguimiento a los gastos operacionales de la SDT y a los proyectos relacionados con la Usach, el que fue entregado por la abogada Priscila Jara, de la División de Auditoría de la Contraloría.

El Mostrador revisó los siete documentos emanados desde el órgano contralor respecto a la SDT, los mismos que salieron a la luz en medio de la comisión investigadora del lucro del año 2012, pero que pasaron a un segundo plano al lado del protagonismo que se les dio a las universidades privadas, reconoce un diputado de la época.

En 2010, el entonces contralor Mendoza lideró otra investigación contra la SDT, por medio de una auditoría a las transacciones realizadas por la empresa, especialmente aquellas que, de acuerdo a la interpretación de su propio informe en derecho sobre la aplicación de la Ley 19.886, no debían ser revisadas por la Contraloría General.

La fiscalización, que tenía por objetivo revisar los procesos de adquisición de bienes y servicios y las finanzas de la SDT, abarcó un periodo de un año, entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de mayo de 2010, con la idea –según la Contraloría– de “verificar que los procedimientos existentes se enmarcan dentro de la legalidad”, además de certificar la satisfacción del servicio, junto con su debida documentación.

El primer cuestionamiento de la Contraloría fue a los gastos de remodelación del edificio en donde funciona la SDT-USACH. Entre 2009 y 2010 se invirtieron $96.190.000 en la infraestructura; de dicho monto, $54.601.001 fueron pagados por la SDT. El resto fue absorbido por una sociedad hermana de esta firma, la Fundación Universidad Empresa (FUDE), que depende en un 100% de la Usach, pero fue dueña –al menos hasta 2013– junto con la SDT, de otra sociedad privada de la universidad: el Centro de Capacitación de la Usach.

Para esta millonaria inversión, la directiva de la SDT contrató “sin efectuar cotizaciones y sin que se suscribiera un documento formal en el que se estipularan las obligaciones y derechos respectivos, en resguardo de los intereses de la Empresa”, al contratista José Esparza.

La respuesta de la universidad ante la investigación de la Contraloría fue exactamente la misma que recomendó el informe en derecho escrito por Ramiro Mendoza antes de asumir: “La respuesta entregada en lo relativo a la forma de contratación, indica que se hizo en forma directa atendiendo que en su calidad de entidad de derecho privado la SDT-USACH no se encuentra regida por la Ley N° 19.886 y por tanto está excluida de la obligación de licitar. Agrega, que el trabajo realizado es una reparación y no una remodelación haciendo un análisis entre ambos conceptos”, detalla el informe.

De los casi cien millones invertidos, $32.873.000 corresponden a boletas de honorarios por concepto de mano de obra pagados al contratista. Pero, la diferencia de $63.317.000, es por compra de materiales, los cuales fueron facturados a María Parraguez, cuyo giro corresponde a la comercialización de papeles murales y alfombras. Pero el detalle de las facturas contendrían conceptos como “retiro de cerámica, retiro de escombros, provisión de porcelanato”, entre otros.

La respuesta de SDT-Usach fue que el contratista contaba con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. “Además se contrató al mismo señor Parraguez para hacer arreglos posterremoto, se le pagaron facturas por $15.886.250”.

En medio de la investigación de la Contraloría, fue removido de su cargo el subdirector de Administración de la empresa y se creó una Unidad de Control de Gestión. Ninguno de los argumentos de la SDT fue suficiente para que la Contraloría retirara sus observaciones en el año 2010.

La sombra de los honorarios

El tema de los contratos a honorarios en el sector público siempre ha sido complejo. En el caso de la SDT, a pesar de ser una entidad privada, el panorama no es distinto. Al interior de la Usach es reconocido que trabajar en las empresas asociadas a la universidad es “un buen negocio, una buena oportunidad”, destaca un académico de la institución.

Según el profesor que hace clases en la SDT, por lo general las horas pueden triplicar el valor de una hora en aula de la universidad, el problema sería “que no es fácil llegar a esos puestos, hay que ser parte de los círculos más tradicionales de la universidad o con pituto”.

Pese a que en la elección de los puestos directivos se suele escoger un nombre de una terna de propuesta, no pasaría lo mismo con los académicos. “Ahí prima la elección a dedo, en todos los puestos claves ponen gente de confianza del rector Zolezzi, sin importar su formación”, resaltó Bruno Jerardino.

El académico de la FAE y la SDT, José Enrique Acosta, explica que la contratación funciona por cercanía: “A mí me ofrecieron un curso pequeño de dos horas, no me pidieron nada. Me dijeron: ¿Oiga, usted puede hacer el curso a tal día y tal hora?”. Recalca que “es actividad académica, pero se paga mucho más inflada y hasta se usa la infraestructura de la universidad”, incluso reconoce que “al profesor lo incentiva perversamente a preocuparse de estos cursos, porque el otro sueldo es más estable”.

Según la auditoría 207/10 de la Contraloría, entre enero y mayo de 2010, la Usach pagó un total de $143 millones por contrato a honorarios; durante el mismo periodo, la SDT desembolsó casi el triple en pago a honorarios, $323.978.689, que van asociados a contratos entre la universidad y la SDT.

La Contraloría detalla que la mayoría de los prestadores de este servicio son académicos de planta de la Usach. En el periodo entre enero y mayo de 2010, se habían suscrito 2.552 contratos de honorarios, correspondientes a 1.367 prestadores, “lo que permite colegir que existen personas con más de un contrato”, según el organismo fiscalizador. Explica que, en dicha época, la empresa SDT no contaba con registro de número de contratos, ni horas trabajadas.

Para dicha investigación, la Contraloría solicitó 84 contratos a honorarios que correspondían a 12 prestadores de servicios, “siendo la mayoría de estos, funcionarios de la Universidad de Santiago”, recalca el organismo. Además, establece que existen casos en los que, en un mismo periodo, un prestador de servicios que es funcionario de la Universidad, “está ejecutando más de un contrato a honorario, además de su jornada ordinaria”.

Junto con esto, la Contraloría destaca el aumento de salario sin justificación, contratos firmados en convenio con la Facultad de Tecnología y de Administración y Economía. El órgano contralor concluye que “las observaciones expuestas evidencian debilidades de control en materia de contratos a honorarios, las que no permiten garantizar la legalidad de los gastos y consiguientes pagos que irroga”.

También destaca que, a pesar de que la SDT paga por los servicios a honorarios, no está involucrada en las firmas de los contratos, ya que son los decanatos o la misma universidad los que intermedian con los trabajadores. No obstante esto, la SDT debió pagar parte de una indemnización a una funcionaria que prestaba servicios en la empresa y en la universidad.

María Penna presentó una demanda en el Segundo Juzgado del Trabajo. Ella cursó distintos contratos –entre 2002 y 2004– suscritos con el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Se desempeñó como Apoyo Administrativo en diversos proyectos a cargo del Dr. Roberto Barna Juri, los que eran pagados a través de SDT.

Tras la demanda, la SDT pagó la suma de “$69.854.591, correspondientes a cotizaciones previsionales, indemnizaciones sustitutivas y por años de servicio, remuneraciones por 58 meses –febrero de 2004 a noviembre de 2008–, reajustes según IPC e intereses y costas procesales. De dicho total, en definitiva, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, con fecha 8 de octubre de 2009, absorbió el 50% equivalente a $34.927.296”, señala el informe.

En las conclusiones del informe de Contraloría se establece que el punto de los honorarios se da por “salvado”, pero no entrega argumentos de por qué. Además pide a la empresa “entregar al Jefe de Recursos Humanos la custodia y la administración de todos los contratos a honorarios que la SDT-USACH paga, de tal forma de minimizar los riesgos de demanda producto de contratos mal elaborados”.

Millonarios pagos sin contrato

A pesar de la escueta resolución del año 2010 de la Contraloría, al año siguiente volvieron a aparecer los contratos a honorarios, esta vez, en un nuevo informe final del organismo. En la auditoría 106/2011, se reitera que la SDT solo se dedica a pagar los sueldos de los honorarios, sin mediar un contrato con el organismo.

La Contraloría advierte que se identificó a nueve funcionarios de la Usach que recibieron pagos de la SDT entre 2010 y 2011, “sin que exista la formalización por escrito del correspondiente convenio que permita controlar la efectividad y cumplimiento de las labores contratadas”. Estos nueve funcionarios recibieron un total de $76.009.275 .

Entre estos pagos se encuentra Carlos Paillacar, quien el 1 de junio de 2009 fue nombrado por el jefe de Recursos Humanos como director ejecutivo de la SDT, recibiendo un pago de $3.216.920 mensuales, hasta el 31 de diciembre de 2009. El año siguiente, Carlos Paillacar Silva se contrató a sí mismo para seguir desempeñando el cargo de director ejecutivo, esta vez por $4.800.178 mensuales. Aseguró que lo facultó su cargo en la Fundación de la Usach, en donde también era director ejecutivo.

Tras la auditoría, Paillacar renunció a su cargo en la SDT, pero siguió trabajando en la universidad. En los años posteriores, el académico recibió más de $30 millones desde la SDT, “sin mediar contrato”.

Estos millonarios pagos corresponderían a un error de sistema, al menos en dos casos identificados por la Contraloría.

En el de Víctor Valenzuela Parada, cuyo servicio pagado en el mes de octubre de 2010 se contabilizó en 15 ocasiones, según lo indicado en el comprobante de traspaso N° 13.898, de ese mismo mes, aumentando erróneamente el valor del honorario comprometido. Igual situación se estableció con el comprobante de egreso N° 13.908, de 25 de octubre de 2010, correspondiente a doña Erika Zúñiga, el cual también se registró en 15 oportunidades en el sistema, “dando cuenta de la falta de control que otorgue una garantía razonable, integridad y fidelidad de la información, conforme a los principios contables generalmente aceptados”, relata el informe de 2011.

A pesar de que la SDT se comprometió a implementar un nuevo sistema, la Contraloría mantuvo la observación formulada. “Cabe precisar que la situación detectada, también fue observada por esta Contraloría General, en los informes finales 207 y 40, de 2010 y 2011, respectivamente, sin que se advierta que la Universidad de Santiago, a través de sus entidades relacionadas como en este caso, haya adoptado algún tipo de medida que permita reglamentar y uniformar el pago de honorarios que se efectúa a su personal”.

En el informe de seguimiento del año 2012, a pesar de que la institución señaló que se generaría un nuevo sistema de registro de contratos, la situación seguía igual. Es más, el informe de seguimiento del 28 de junio de 2012 resalta que, al profundizar en el mes de julio de 2011, se evidencia que la SDT “carece de información que diga relación con el número de contratos vigentes, horarios de ejecución de clases, especialmente si se trata de funcionarios de planta de la Universidad de Santiago. Por lo tanto, la información aportada no resulta suficiente para levantar la observación formulada”.

El último filtro

El contralor Ramiro Mendoza ordenó la implementación de un informe final, el que fue publicado el 30 de marzo de 2015. El objetivo de esta investigación –que inició en 2014– era analizar los gastos operacionales de la SDT, en específico con los proyectos relacionados de la USACH.

En más de 70 páginas, la Contraloría evidenció las mismas prácticas de años anteriores, a pesar de que la institución incluyó distintos elementos de control y registro respecto a contratos y pagos. Además, el informe integra una auditoría del SII realizada entre los años 2013 y 2014, revisión que no trajo consigo observaciones ni multas, es más, Impuestos Internos le señaló a la Contraloría que no “entiende por qué esta Entidad de Control se atribuye facultades fiscalizadoras que no le competen, aun cuando entiende su preocupación al respecto”, detalla el documento.

Esta última auditoría de la Contraloría solo fue respondida por los directivos de la SDT, en tanto, el rector Juan Manuel Zolezzi no entregó respuesta a nombre de la universidad, a pesar de que la Contraloría hizo la solicitud expresa. El mismo órgano contralor reitera en el informe de seguimiento que la empresa SDT no tiene la potestad para hablar en nombre de la Universidad de Santiago, ni del Rector, ya que es una institución de derecho privado.

En el último informe emanado por la Contraloría se detalla una serie de observaciones que se mantienen, como la necesidad de incluir auditorías que realicen las asesorías efectuadas por la SDT. Además, recalca que se debe mejorar el registro de asistencia de los académicos, pese a que la universidad habría creado un instructivo que en esa fecha no era implementado.

Un punto que no tuvo respuesta fueron los contratos a 12 trabajadores de la Usach. Estos, durante 2014, fueron contratados a honorarios para desarrollar labores en proyectos de la SDT, “en funciones similares a las desempeñadas en la universidad”, detalla la Contraloría. “Las remuneraciones pagadas por la universidad a los aludidos servidores totalizaron $218.708.366, en tanto, los pagos por concepto de honorarios a través de la SDT, ascendieron a $112.728.491, durante el periodo examinado”, agrega el dictamen.

La otra observación que quedó abierta, fue la falta de acreditación de horarios de los trabajadores que cumplen funciones tanto en la Usach como en la SDT. Es más, el texto destaca que se observaron firmas de hasta 21 convenios por los funcionarios, en la misma fecha, sin que sea posible acreditar las horas en que los trabajos fueron realizados. Además, recalca que la suma de las “remuneraciones pagadas alcanza a $19.550.293, en tanto los días sin registro suman $4.016.394”.

Consultado respecto a los informes de la Contraloría, el rector Zolezzi respondió que “no le debemos plata a nadie, la universidad está sana”. Además, explicó que “hemos trabajado con la SDT sin recurrir al sistema de compras públicas” y que la Contraloría ha auditado a la empresa “en varias oportunidades por distintos temas, pero es normal”. Finalmente, recalcó que “nunca nos hemos opuesto a que la Contraloría investigue”.

El Mostrador contactó a la empresa SDT, pero no obtuvo respuesta.

Cabe señalar que, a pesar de que hubo diez años de investigación por parte de la Contraloría, no se cursó nunca una sanción para la universidad. El contralor Mendoza solicitó una y otra vez que se adecuaran protocolos y se reglamentara internamente a la SDT, pero no estableció sanciones.

Desde el año 2015 no se han realizado más análisis a la SDT, peor sí se ha seguido esta línea con otra de las principales empresas que tiene la Usach, el centro de desarrollo técnológico, de innovación y capacitación CEGIC Ltda.