Con casi un mes de atraso fue ingresado el proyecto de ley que crea el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SFS) para estudiantes de la Educación Superior, que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario. El nuevo crédito –visado por el Ministerio de Hacienda– tendrá un costo de US$ 7.915.800 millones, los que serán entregados por el fisco en un plazo de 10 años.

Como ya se había anunciado, el SFS tendrá un interés de un 2%, con cuotas que no deberán exceder el 10% de la renta de los endeudados, en un plazo de 180 cuotas, unos quince años máximo. Tras el pago de dichas cuotas, el excedente quedará extinto y será suspendido en caso de que los deudores no cuenten con ingresos o su sueldo sea menor al mínimo.

Un punto que ha generado ruido al interior de la oposición es el hecho de que la iniciativa establece que parte del sueldo de los deudores puede ser retenido y será el empleador el responsable de su pago a la Tesorería General de la República, organismo que estará encargado del cobro del crédito, en función del título V del libro III del Código Tributario.

De esta forma, la cuota será retenida del sueldo del deudor durante los primeros diez días del mes, igual como ocurre con los fondos que van para previsión social. En caso de que no se pague, el empleador deberá cargar con los intereses por la mora.

En el evento de que el empleador no pague o el deudor no cuente con un trabajo estable, “la Tesorería General de la República retendrá la devolución de cualquier impuesto o entrega de beneficio fiscal de cualquier naturaleza”.  El proyecto de ley también establece que, en caso de deuda o mora, “las cantidades retenidas deberán ser transferidas a la administradora”.

Un punto que ha llamado la atención de los equipos legislativos de la oposición, que aún se encuentran revisando el proyecto, es el artículo N°42, numeral 4, el cual crearía una especie de “dicom del SFS”. El organismo administrador deberá generar nóminas de estudiantes que suscriban el crédito, las que “estarán disponibles para el público general y contendrán información ordenada sobre el financiamiento de los estudios de Educación Superior respecto de cada uno de los estudiantes, incluyendo su condición de mora si correspondiere, hasta la total extinción del crédito, momento en el que la información deberá ser eliminada de la nómina”.

La Administradora S.A.

Una de las principales dudas que existían respecto al nuevo crédito era sobre el organismo que lo administraría. El proyecto, que fue ingresado al Senado, elimina la comisión Ingresa –a cargo del CAE– y crea otro organismo para dicha función: “La Administradora”, una sociedad anónima del Estado que deberá administrar y otorgar los créditos.

La iniciativa cumple con la eliminación de los bancos como intermediarios, los que eran los encargados de cobrar y administrar los recursos de los créditos otorgados, con la administración de Comisión Ingresa como contraparte, que era un “servicio público autónomo del Estado de carácter descentralizado”.

Entre los roles que deberá cumplir La Administradora está –según reza el proyecto– el informar a la Tesorería General de la República “la nómina de los deudores con cuotas vencidas y no pagadas del crédito para que ejerza la acción de cobro de las cuotas que correspondan”. Además, establece que “requerirá de las instituciones de Educación Superior la constitución de las garantías exigidas por esta ley”, además deberá custodiar dichas garantías y “hacerlas efectivas cuando corresponda”, a la vez que deberá otorgar y financiar los créditos, junto con recaudar los recursos, y registrar y coordinar la cobranza por parte del Servicio de Tesorerías de los créditos.

Por otra parte, deberá actuar “coordinadamente y procurar la unidad de acción con la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y demás organismos públicos, además de las entidades que recaudan cotizaciones previsionales, para efectos de la recaudación de los pagos y de la cobranza administrativa y judicial”.

Diferencia de arancel

Una de las promesas del Presidente Sebastián Piñera fue el no pago de arancel, durante los años que dure la carrera, por parte de los estudiantes que accedan al nuevo sistema de crédito.

Por lo tanto, la diferencia entre el arancel real establecido por las instituciones de Educación Superior y el denominado arancel de referencia, fijado por el Mineduc, debe ser financiado por las universidades, los IP y CFT. Un anuncio que generó inquietud en las instituciones de Educación Superior, principalmente entre las universidades que cuentan con docencia, extensión e investigación, las cuales tienen costos de aranceles más altos, como la Usach y la Pontificia Universidad Católica.

Esta diferencia deberá ser financiada por medio de becas o créditos entregados por las instituciones. La iniciativa establece que, en caso de que se otorgue un crédito a los estudiantes, este debe contar con las mismas condiciones que establece el nuevo sistema de SFS. Este punto debe “asegurar a sus beneficiarios del crédito que se encuentren dentro de los primeros seis deciles socioeconómicos”.

Además, el pago del crédito a las instituciones de educación superior “solo será exigible cuando el beneficiario del crédito haya pagado al Fisco, a lo menos, el cincuenta por ciento del monto del crédito recibido de aquel, incluyendo capital e intereses”.

Beneficiarios

El proyecto establece que podrán acceder al nuevo sistema todos los estudiantes chilenos o extranjeros “con residencia definitiva”, quienes deben estar dentro del 90% de la población más precarizada y estar “matriculados en una carrera de pregrado perteneciente a una institución adscrita al crédito, haber ingresado a la institución de Educación Superior demostrando mérito académico suficiente y mantener durante su carrera un rendimiento satisfactorio”.

No podrán acceder al SFS los estudiantes que cuenten con más de dos títulos técnicos, aquellos que deserten o caigan en eliminación de sus carreras en más de una ocasión y los estudiantes que se cambien más de una vez de carrera o institución.

Se financiará solo tres semestres más de la duración oficial de la carrera. En caso de que un estudiante se cambie de carrera o institución, el nuevo crédito financiará el total de semestres oficiales más los tres semestres extras, pero se descontará de este plazo, lo que significa que, en el caso de un estudiante que ya cursó dos años de estudios, si se cambia de carrera a otra que dura 8 semestres, el SFS cubrirá los 11 semestres originales, menos los cuatro ya cursados, dando un total de 7 semestres financiados finalmente.

Respecto a las instituciones que pueden ser parte del nuevo sistema, las condiciones no cambian respecto al Crédito con Aval del Estado.

El proyecto del Gobierno establece que los deudores del antiguo sistema CAE –los que superan los 870 mil estudiantes– podrán pasar al nuevo sistema, pero no incluye la demanda de la condonación de la deuda, como lo exigía la organización de Deuda Educativa.

Para cambiar de sistema, los estudiantes deben solicitarlo al nuevo organismo, “La Administradora”, o a la comisión Ingresa, que desempeñará las funciones de la nueva entidad mientras no se termine su creación.

No se continuará con el otorgamiento de créditos CAE a estudiantes nuevos, pero sí se mantendrá el sistema para aquellos que tengan el crédito y aún no terminen sus carreras. Al momento del egreso, el estudiante tendrá la posibilidad de ingresar al Sistema de Fondo Solidario.