El 74,8% de los profesores doctores de las universidades españolas son funcionarios (46% del total de profesores de las universidades públicas), ya sean catedráticos o profesores titulares. Es decir, la práctica mayoría de los docentes de alto nivel cobran del Estado según los tramos previstos para las administraciones públicas, acumulan trienios y, sobre todo, tienen garantizado un puesto de por vida.

En teoría, la seguridad de saber que nadie podrá apartarles de las aulas y los laboratorios se considera una garantía democrática de que pueden ejercer sin cortapisas la libertad de cátedra.Sin embargo, cada vez son más las voces que se alzan contra un sistema que, según argumentan, desincentiva la productividad académica, introduce una terrible burocracia en la vida universitaria e impone grandes obstáculos a la hora de intentar contratar talento internacional.

«El modelo funcionarial continúa siendo una barrera muy potente en contra de la internacionalización, que es fundamental en el mundo universitario hoy en día y lo será cada vez más», afirmaba en una entrevista con CampusRolf Tarrach, el español que preside la Asociación Europea de Universidades. Según este experto en gestión académica, cada vez más países están dando el paso hacia modelos de contratación laboral, en los que ésta se realiza en negociación directa entre la universidad contratante y el profesor al que se quiere fichar, eliminando la mediación, y con ella sus condicionantes, lo que hace que el proceso sea mucho más flexible. «Dar ese paso es algo que se recomienda en todas partes, porque el funcionariado, casi por definición, corresponde a estructuras muy rígidas, mientras que el mundo universitario y de la investigación cambia muy rápido», apunta Tarrach.

Uno de esos países que han decidido dejar atrás el modelo funcionarial es Portugal, como explica Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que ha realizado recientemente una comparativa internacional de este y otros aspectos clave del funcionamiento de los campus. «En Portugal las universidades pasaron de ser centros públicos a fundaciones públicas, lo que pemitía cambiar el sistema de contratación, y lo hicieron sin que el profesorado tuviera que renunciar a su antigüedad, su garantía de estabilidad…», apunta este experto, que cuenta cómo en otros países se optó por un cambio progresivo: «Se permitió que los profesores que ya eran funcionarios lo siguieran siendo, pero que ya no se hiciera ninguno más, por lo que el modelo se iba extinguiendo».

Junto con la flexibilidad y la elasticidad salarial, una de las sombras que se arrojan sobre la estatalización de los profesores es el descenso de la productividad en los laboratorios y su capacidad para innovar y mejorar las técnicas que aplican en las aulas. Así, muchos imputan al funcionariado que un 23% del cuerpo docente universitario español no haya conseguido ningún sexenio (los tramos de sueldo que premian la actividad científica de calidad cada seis años) y sólo un 45,2% haya logrado todos los sexenios posibles desde la publicación de su tesis doctoral.

¿ACOMODADOS?

¿Estas cifras se deben a que el profesorado se acomoda? «No creo que el funcionariado haga peor a la Universidad; el problema son los criterios de provisión de las plazas, porque no valoran suficientemente el mérito y la capacidad de los candidatos», responde José Adolfo Azcárraga, que fue un miembro destacado en la comisión de expertos convocada por el ex ministro José Ignacio Wert para diseñar una hoja de ruta para la reforma universitaria del PP, que nunca se llevó a cabo. «Preveía las dos vías para el profesorado, funcionario y contratado», recuerda Azcárraga, que destaca la oposición que encuentra entre los sindicatos universitarios la apertura de vías alternativas: «Paradójicamente, suelen poner como referencia muchos aspectos de la vía funcionarial que critican; por ejemplo, probablemente no aceptarían la contratación de científicos excepcionales con mejores condiciones», expone.

Una vía que, sin embargo, ya llevan años explorando en Cataluña y País Vasco, con los programas de contratación Icrea e Ikerbasque, y que la Comunidad de Madrid está intentando introducir en su nueva ley regional de universidades mediante la figura de profesor visitante distinguido.

El principal obstáculo con el que se topó el informe de la conocida como Comisión Wert fue que dos de sus miembros, los juristas Óscar Alzaga y Mariola Urrea, emitieron un voto particular contra el trabajo del resto de sus colegas. En él ponían en duda la constitucionalidad de varias de las propuestas que se incluían en aquella hoja de ruta. Una de ellas era, precisamente, la potenciación de la contratación laboral por ser, supuestamente, incompatible con la libertad de cátedra.

Sin embargo, la Abogacía del Estado emitió un informe posterior en el que declaraba que «la Constitución no predetermina normativamente una concreta clase de relación de prestación de servicios, laboral o estatutaria, que haya de vincular jurídicamente a los profesores universitarios».

Una posición con la que está de acuerdo Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS) de las universidades públicas españolas. «La opción laboral es plenamente compatible con el respeto de los derechos adquiridos del personal funcionario actual», defiende. Y añade: «Desde la CCS hemos venido insistiendo en la necesidad de dar mayor capacidad a las universidades para contratar a su personal, para establecer retribuciones diferenciadas en función de su valía y para asignar complementos salariales ligados a resultados, para lo cual es imprescindible propiciar una vía laboral para la contratación de profesorado estable».

LOS SINDICATOS

Desde los sindicatos no están de acuerdo en que haya una relación entre la función pública y la productividad académica. «No es cierto, la gente se queda en la Universidad porque le gusta investigar y no tienen por qué acomodarse», afirma Encina González, secretaria federal de Universidad de CCOO. Convencida de que «la precariedad también puede ser fuente de estrés», González subraya que «la edad media de los profesores titulares en España es entre 50 y 52 años, y la de los catedráticos, entre 55 y 59». Edades que considera razonables para disfrutar de los beneficios de la estabilidad: «Ésta permite consolidar grupos de investigación y trabajar en proyectos a largo plazo».

Lo cierto es que, en los últimos meses, cobra fuerza en el debate público la idea de que urge promover una reforma universitaria. Y uno de los puntos clave sería, sin duda, la necesidad o no de darle una vuelta a la universidad del vuelva usted mañana como ya han hecho en otros países europeos.