En las próximas semanas el gobierno promulgará la nueva ley de educación superior y con ello la gratuidad dejará de ser materia de discusión en las glosas del presupuesto nacional, como lo ha sido en los últimos tres años. Además de un fondo de recursos fijos para financiar al 60% de los alumnos más vulnerables de 33 universidades y 13 planteles técnicos del país, la futura norma fijará una serie de nuevas reglas que desde ya tiene muy atribulados a un número importante de rectores.

Puntualmente, son dos las materias que generan preocupación en las casas de estudios y que se han definido como “los efectos colaterales de la gratuidad”. La primera tiene que ver con la duración del beneficio, ya que la nueva ley establece que el financiamiento se extenderá por la duración formal de la carrera, es decir, si el programa tiene una extensión de cinco años, la cobertura será solo por ese tiempo. ¿Cuál es el problema? Solo el 30% de los estudiantes se titula en ese plazo y sobre este punto, la ley establece que para aquellos alumnos beneficiarios de la gratuidad y que superen la duración formal, la institución solo podrá cobrarles la mitad del arancel y del valor de la matrícula, por lo que los planteles deberán absorber el 50% del costo.

Si bien el problema en el corto plazo no presentaría grandes pérdidas para las Ues., los rectores afirman que se transformaría en un verdadero drama en dos o tres años, debido al número de alumnos sin financiamiento que se iría acumulando.

El vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, va incluso más allá, y argumenta que “si solo un 30% se titula en el tiempo de duración formal de las carreras, ocurrirá que en estado de régimen de la gratuidad habrá un 70% de cada cohorte sin financiamiento. Cuando ello se produzca las Ues. se harán no sustentables”.

Valle señaló que “por esta razón hemos pedido que se agregue un año más de financiamiento para los alumnos con gratuidad, y si aún así se requiere más tiempo se pueda otorgar un crédito solidario. Es inaceptable que la gratuidad termine siendo un gravamen insuperable para las universidades”.

El rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán, criticó a quienes dieron vida al proyecto de educación superior: “Tal y como hoy se presenta la ley, encierra no solo un gran desconocimiento de la realidad nacional de parte de los legisladores, sino que también castiga de manera impresionante a las instituciones que se han sumado”.

Según Durán, “la gratuidad por ley solo contempla el beneficio por el tiempo nominal de duración de las carreras. Lo que desde un punto de vista exclusivamente económico podría parecer razonable, desde la realidad institucional es tremendamente perjudicial, ya que nos obliga a asumir el costo de ello en un 50% por su primer año de atraso”.

Para el rector de la U. Austral, Óscar Galindo, el límite de cobro a estudiantes sin gratuidad no es el problema que presenta el sistema de aranceles regulados. “Identifico otros más relevantes: que los aranceles regulados lleguen a ser efectivamente regulados, financiando el mismo monto a las instituciones según el mismo nivel de acreditación, cosa que no ocurre hoy día. En segundo lugar, garantizar el financiamiento del 100% a los estudiantes que se exceden de la duración de su carrera. Y que los aranceles consideren condiciones de territorialidad, es decir, compensen a las universidades que realizan sus actividades en regiones”.

A juicio del director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, el reclamo de los planteles no es válido porque cuando se inició el beneficio ya se conocía esta problemática. “Plantearlo hoy solo confirma que la decisión de adscribir a la gratuidad no fue razonada, pues siempre puso en riesgo la sustentabilidad financiera de las instituciones. Pedir ahora una solución para un problema que era evidente hace cuatro años solo se puede interpretar como mala fe”.

Alumnos fuera de gratuidad

Otro problema que inquieta a los rectores es que una vez que se promulgue la nueva ley, las universidades tendrán una restricción en el cobro para los estudiantes que están en los deciles 7, 8 y 9, quienes no están cubiertos por la gratuidad.

Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, ha sido crítico desde la tramitación de la iniciativa, planteando que “va a significar un desfinanciamiento mayor, que va a atentar contra la calidad del sistema. A algunas universidades, como la nuestra, les va afectar desde ahora, y a la gran mayoría en algunos años. Este es un riesgo mayor para la calidad del sistema universitario del país”.

Esto ha sido abordado por el ministro de Educación, Gerardo Varela, en algunas intervenciones: “Nos comprometemos a buscar los mecanismos que permitan que la gratuidad se implemente de la mejor manera posible, para que las instituciones no vean afectados sus proyectos institucionales ni su sanidad financiera”.

Consultado el Mineduc, no se pronunció con respecto al emplazamiento de los rectores.