Reforma educacional: de los textos a la implementación

La paradoja es que, nacida en el gobierno Bachelet, sus contenidos y alcances, su impacto y efectos más duraderos, se concretarán bajo las órdenes del gobierno Piñera.

José Joaquín Brunner
Quizá el principal legado en el ámbito de la educación que deja el gobierno Bachelet sea: “Todo a medio camino”. Efectivamente, la reforma, por su propio diseño -el de múltiples leyes aprobadas con distintos objetivos, diversas temporalidades y a veces contradictorias medidas-, enfatizó los aspectos legislativos, prestando escasa atención a la implementación. Como suele ocurrir en una República de abogados, primó la letra por sobre los contenidos; la declaración respecto de la acción.
Los estudios de ciencia política, en cambio, muestran que entre los textos legales y su materialización hay un amplio espacio de incertidumbre, lucha, interpretaciones, transacciones, negociaciones, ajustes y revisiones. Esto se debe a que los textos no son unívocos, completos ni directamente aplicables; enseguida, a que entre su gestación y su aplicación hay cambios de contexto, de actores, de circunstancias, incluso de gobierno como ocurre en Chile ahora. Por ende, los efectos de las leyes se hallan determinados habitualmente más por la implementación que por la letra de la ley. O sea, importa más la segunda mitad del camino que la etapa anterior de formulación y aprobación de una política.
Por lo demás, todo esto es sentido común. En efecto, la aplicación de una reformas es inevitablemente un proceso disputado; da lugar a controversias, obliga a negociar reglamentos y a tomar resoluciones ejecutivas. Además, intervienen servicios y burocracias más próximos al punto de la implementación; deben crearse instancias de gestión y coordinación y manejarse instrumentos y recursos. Por último, los actores y demás partes interesadas que actúan en el terreno deben decidir qué hacer, cómo y cuándo, con cuáles medios y en función de qué efectos buscados.
Desde esta perspectiva aparece la siguiente paradoja: la reforma educacional enunciada por el gobierno Bachelet, sus contenidos y alcances, su impacto y efectos más duraderos se concretarán, en su mayor parte, bajo las órdenes del gobierno Piñera. Los textos adquirirán forma, sentido, proyección, consecuencias, recién ahora, cuando se ponga en movimiento su implantación. Se convertirán en realidad recién ahora, al ingresar en la zona donde la intención declarada por la ley se vuelve operativa mediante su implementación.
En estas condiciones, ¿qué podemos esperar del gobierno Piñera y de las nuevas autoridades del sector?
Sostener que deberán cumplir las leyes, incluidas aquellas a medio camino de la reforma educacional, es evidente. E insuficiente. Pues, como acabamos de ver, ellas no se aplican a sí mismas, ni operan en un vacío político o social. El gobierno, sus ministerios y cuerpos administrativos, la comunidad educativa nacional, la sociedad civil y sus diversas expresiones políticas -todos conforme a su actual estado de opinión, no el de hace cuatro años- tendrán que hacerse cargo de implementar la reforma. Es decir, negociar -de acuerdo a su peso en las actuales circunstancias- el sentido de los cambios, las reglas para su aplicación y los efectos y ritmos de implementación.
Por ejemplo, el gobierno entrante ha anunciado que su primerísima prioridad es el imperativo de la calidad y, por tanto, sus acciones se ordenarán desde la sala de clase. Bien, ¿pero cómo se convierte este compromiso en un eje de implementación de la reforma en curso que se halla a medio camino? ¿Qué significa para la puesta en marcha de los servicios locales y, en concreto, para el trabajo de la Agencia de Calidad y la superintendencia escolar? ¿Cómo se empleará para fortalecer una educación pública que asegure igual trato entre los sostenedores financiados por el Estado, sin exclusión?
Pues de esto se trata ahora; de implementar una reforma que en el papel y la letra está repleta de ambigüedades doctrinarias, de soluciones a medio camino, de visiones discrepantes y de dispositivos técnicos que necesitan probarse y perfeccionarse experimentalmente, mediante procesos de ensayo y error.
Si la opinión pública encuestada muestra mayoritariamente falta de entusiasmo con la reforma educacional del gobierno saliente, a pesar de gratuidades y variadas promesas, y si además la gente votó contra la continuidad de su conducción, se debe justamente a que su orientación es confusa y su diseño y enunciado no permiten discernir su destino final.
Corresponderá al nuevo gobierno, por tanto, volver a enmarcar la reforma, conferirle sentido y dirección y comunicar un modo de implementación que suscite acuerdos y permita la convergencia entre diferentes partidos, gremios, fuerzas sociales, ideologías y posturas técnico-intelectuales.
Hay consensos latentes que es posible renovar y volver explícitos, tales como un régimen mixto de provisión con pluralidad de proyectos educativos y diversidad de proveedores; la autonomía de dichos proyectos y la responsabilidad de las comunidades escolares sobre ellos; el papel central de los directores, equipos directivos y docentes en los colegios; la gratuidad completa de la educación obligatoria y un esquema de costos compartidos con gratuidad parcial en la educación superior. Además, la devolución de su autonomía a las universidades debidamente acreditadas y la determinación de una gobernanza racional para la educación superior y la ciencia y tecnología de origen académico.
En relación a cada uno de estos aspectos parece posible recorrer la segunda mitad del camino de la reforma congregando en torno a su implementación un amplio arco de ideas, intereses, tradiciones y preferencias diversas.
“Corresponderá al nuevo gobierno volver a enmarcar la reforma, conferirle sentido y dirección y comunicar un modo de implementación que suscite acuerdos y permita la convergencia entre diferentes partidos, gremios, fuerzas sociales, ideologías y posturas técnico-intelectuales”.