Legado es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. La pregunta es: ¿Quiénes se esperaba fueran los sucesores de la administración Bachelet, destinatarios y responsables de recibir la herencia? Sin duda, los partidos de la Nueva Mayoría (NM) y su candidato presidencial que, tras la victoria, conformarían el gobierno sucesorio y proyectarían el legado. Mas no fue así. El pueblo votó, por amplia mayoría, contra la continuidad de la administración y a favor de unas ideas, unas metas y un estilo claramente distintos de aquellos del legado.

En lo inmediato, la herencia que deja el gobierno saliente a sus seguidores es frustrante: derrota electoral, fin de la NM, militancia diezmada, cuadros medios y superiores deprimidos, confusión ideológica, sensación de un proyecto agotado, pérdida de una ilusión.

Las causas son varias. Ante todo, una mala gestión política y una conducción presidencial ensimismada y marcada por un fuerte personalismo. Una coalición política trizada tempranamente, llena de matices y contradicciones. Un estilo confrontacional de gobierno (retroexcavadora), con un discurso desmesurado (cambio de modelo, nuevo paradigma, etcétera.) y un equivocado diagnóstico de la sociedad (bajar a la gente de sus patines para igualar oportunidades de desigual calidad). Adicionalmente: improvisación, falta de una carta de navegación, acumulación de reformas legales, obstinación en vez de diálogo y acuerdos, débil plataforma técnica. Todo esto reflejado en un equipo ministerial que partió mal y terminó exangüe, particularmente su vértice en La Moneda. No es extraño entonces que la derrota de la NM estuviese precedida-desde el primer año-por una extensa desaprobación de la opinión pública encuestada.

Ideológicamente, el gobierno Bachelet buscó proyectar un legado rupturista con su propio pasado (la Concertación), más próximo a los ruidos de la calle (los “movimientos”) y articulado en un discurso “anti- neoliberal”. La idea fue extender los derechos de acceso a servicios públicos gratuitos en el punto de su suministro, principio que se implementó a medias en la educación, pero sin mejorar simultáneamente su calidad. Además, el objetivo de reducir y subordinar el componente privado del régimen mixto de provisión no llegó a concretarse, pero desordenó al sistema, afectó negativamente la autonomía de los centros educativos y pone en riesgo el desarrollo de numerosas universidades, incluyendo algunas de alta calidad.

En los demás sectores hubo políticas más bien confusas (salud, previsión, obras públicas, seguridad ciudadana, crecimiento, productividad) y los resultados fueron escasos o del tipo business as usual. En otros casos se aplicaron políticas promercado y procompetencia, con singular éxito en el terreno energético, por ejemplo.

En fin, nadie podría sostener seriamente que el país avanzó hacia otra variedad de capitalismo (“corrió el cerco”, según dicen los más entusiastas); como sería transitar desde una coordinación competitiva de la sociedad hacia una coordinación estatal. Ello, a pesar del engrosamiento del empleo público, de los moderados mayores ingresos fiscales, del aumento de la deuda pública y de la expansión de las intervenciones, controles, trámites, fiscalizaciones, reglamentaciones y comandos burocráticos.

Balance: en lo inmediato hay un legado frustrado, sin herederos, sobrevalorado por quienes lo transmiten pero que fue rechazado por la mayoría y que deja tras de sí una huella de efectos contradictorios cuyos daños colaterales veremos recién en los próximos años.