Habemus Reforma en Educación Superior

por FRANCISCO J. MARTÍNEZ 31 enero, 2018

Se ha dicho que la Reforma de Educación Superior es “jurel tipo salmón”, expresión que solo intenta desprestigiarla sin dar justificación alguna y sin el debido respeto por los peces. Ni jurel ni salmón, es una profunda reforma que incluye varias leyes que reestructuran el sector. La Ley de Educación Superior (LES) mantiene un sistema de provisión mixta, pero lo regula, crea instancias de control y sanciona su incumplimiento; aumenta los estándares de calidad y hace obligatorio cumplirlos (ya no es más opcional); evita el lucro con los recursos privados y del Estado; otorga gratuidad a los estudiantes aumentando la cobertura de acuerdo a las capacidades del fisco, permitiendo que las instituciones libremente adscriban a esa política y dejando a los estudiantes que libremente elijan donde estudiar.

Juzgar la Reforma ahora que aún no está implementada es injusto e imprudente, porque no se conocen sus logros, ni las dificultades que de seguro acarrea, pero la gratuidad ya es una realidad y puede empezar a ser evaluada tanto por el impacto sobre las instituciones como sobre la vida de muchos chilenos y chilenas y sus familias que gozan del derecho real a la educación.
La Ley de Universidades Estatales (LUE) restaura la función del Estado como garante de una educación pública de calidad, para lo cual: crea un régimen especial para estas instituciones que las vinculan con el Estado, para colaborar (más que competir) en el cumplimiento de su misión; define una gobernanza que reconoce el rol de la sociedad y la participación de las comunidades universitarias, definiendo una autonomía con compromiso con la sociedad; y define instrumentos de financiamiento para asegurar su calidad en todo el territorio.

La reforma crea además dos nuevas universidades estatales allí donde no las había, y quince Centros de Formación Técnica (CFT) para ofrecer educación pública de calidad en el ámbito técnico-profesional en todo el territorio. Además, se dicta la Ley de Administrador Provisional y de Cierre para resolver situaciones de insostenibilidad institucional.

En esta reforma se preservan principios que están en nuestra tradición, como la autonomía universitaria, la libre elección de los estudiantes, la provisión mixta, la transparencia y el fomento a la calidad.

A pesar de que estas leyes impulsaron una gran discusión, especialmente sobre sus mecanismos de implementación y sobre la cobertura de la gratuidad, tal como se preveía por lo demás, la LES y la LUE fueron aprobadas con un inesperado nivel de acuerdo en el Parlamento, lo cual constituye un punto de partida muy auspicioso.

Juzgar la Reforma ahora que aún no está implementada es injusto e imprudente, porque no se conocen sus logros, ni las dificultades que de seguro acarrea, pero la gratuidad ya es una realidad y puede empezar a ser evaluada tanto por el impacto sobre las instituciones como sobre la vida de muchos chilenos y chilenas y sus familias que gozan del derecho real a la educación; no nos olvidemos de preguntarles a ellos también antes de señalar, una vez más, la parte medio vacía del vaso.

No olvidemos que el objetivo de esta reforma es la inclusión y la calidad, y por ello debería juzgarse; de cumplirse, podremos estar orgullosos de haber superado el estigma de ser una de las sociedades más desiguales.

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