En el marco de una amplia discusión sobre el rol, financiamiento y alcance de las universidades estatales, así como los planteles públicos y los privados, la Sala despachó a su tercer trámite, a la Cámara de Diputados, el proyecto que establecerá nuevos estándares para fortalecer la calidad académica y de gestión institucional de las universidades estatales.

Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Ena Von Baer, Juan Pablo Letelier, Carlos Bianchi, Carlos Montes, Jorge Pizarro, Alejandro Guillier, Alejandro García Huidobro, Jaime Quintana, Andrés Allamand, Víctor Pérez Varela, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Ricardo Lagos Weber,  Rabindranath Quinteros y Alfonso De Urresti. Además de los ministros de Educación, Adriana Delpiano y de Hacienda Nicolás Eyzaguirre.

Cabe recordar que la iniciativa llegó a la Sala con el informe de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación y en lo formal, primero se sometió a votación la idea de legislar, la cual se aprobó en forma unánime, generando coincidencia en la necesidad de potenciar tanto el financiamiento como la transparencia de la educación superior.

Luego se dieron por aprobados todos los artículos que fueron objeto de votaciones unánimes y que eran de quórum de Ley Orgánica Constitucional.

Posteriormente, se sometió a votación el artículo N° 63 de Quórum Calificado que dice relación con la política de propiedad intelectual e industrial que deberá ser establecida mediante reglamento por las universidades del Estado. La norma se aprobó por 22 votos.

A continuación se votó también por unanimidad (27 votos) todas las normas de indicaciones con quórum simple. Allí, los senadores Juan Pablo Letelier, Alejandro García Huidobro y Carlos Bianchi dejaron constancia -para la historia de la ley- de su preocupación pues el proyecto no contempla una norma específica que garantice el financiamiento de infraestructura e investigación de las llamadas “nuevas universidades de Magallanes y de O´Higgins”, con el fin que igualar la cancha frente a las otras universidades. Al respecto, el Ejecutivo explicó que dichas casas de estudio serán objeto del análisis de financiamiento que realice el consejo respectivo.

La discusión más de fondo -y donde hubo votación dividida- se desarrolló con motivo de la solicitud de votación separada de dos normas que se refieren a la autorización especial -bajo ciertos requisitos- para que las universidades estatales puedan ampliar su oferta académica o de su matrícula cada vez que se requiera apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones.

Tras un apasionado debate, los artículos se aprobaron por 17 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones.

La norma general dispone que todas las universidades que adscriban a la gratuidad, podrán aumentar su matrícula anual de primer año en un 2,7%, pero solo las universidades estatales podrían optar a ampliar su matrícula a través de estos mecanismos especiales.

La disposición fue tildada de “discriminatoria” con las denominadas “Universidades Públicas” del G-9 por los senadores de oposición Von Baer, Allamand, Pérez Varela, Larraín y Coloma.

Los legisladores reclamaron -especialmente- por la situación de universidades de “indudable” aporte público: tales como la Universidad de Concepción o la Universidad Técnica Federico Santa María y explicaron que “no se puede castigar a estos establecimientos solo porque las estatales no fueron capaces de dar cobertura a la demanda por educación superior”.

En tanto, sus pares los senadores Letelier, Montes, Quintana, Pizarro, Guillier y Lagos Weber resaltaron el derecho del Estado de priorizar una visión de país para fomentar el desarrollo y el rol que cumplen las universidades estatales en el desarrollo integral del país.

Mencionaron que dentro de los países de la OCDE, Chile es el lugar donde menos ha crecido la matrícula en las instituciones públicas, mientras que las privadas a juicio de los legisladores “son las que han recibido todo tipo de incentivos para crecer y, para incluso, obtener cuantiosas ganancias”; mientras que las universidades estatales están sometidas a todas las reglas de la administración pública.

Finalmente, por 22 votos a favor y 2 en contra se aprobó el artículo N°60 sobre los recursos del Plan de Fortalecimiento.

La norma establece que “los recursos destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $300.000.000 miles. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento universidades Estatales” establecida en la ley N° 20.981. Con todo, dentro de los primeros 5 años de vigencia del Plan se deberán destinar al menos $150.000.000 miles”.

Aquí los senadores Ena Von Baer, Rabindranath Quinteros, Carlos Montes, Alfonso De Urresti, Jaime Quintana y Hernán Larraín dejaron presente sus distintas visiones sobre este financiamiento.

Mientras los legisladores del oficialismo destacaron el esfuerzo para fortalecer las universidades estatales; sus pares de oposición dejaron constancia que solo se están incluyendo por ley los fondos para educación superior, pero, mientras las universidades estatales registran un aumento de recursos, las públicas contarán con los mismos fondos.