Si, como decía Bismarck, “nunca se miente tanto como antes de las elecciones”, entonces la reforma educativa mexicana, que de todas las que ha realizado la Administración Peña Nieto es la mejor evaluada, estará en grave riesgo si su continuidad se ve amenazada como parte del mercadeo electoral que sucederá en los próximos meses. Dicho con claridad: frenarla o, peor aún, revertirla, sería un abuso inmoral y grosero en contra de los niños de México.

Pongamos las cosas en una perspectiva justa. Aunque podemos ya cuantificar algunos de sus avances concretos, los mayores éxitos de esta reforma educativa se irán registrando en los próximos años en la medida en que, como sucede en todos los países que las han emprendido, su instrumentación siga con igual o mayor energía que la mostrada hasta ahora y eso depende de una constelación de actores porque al final del día la educación es un bien público y corresponde preservarla como tal.

La historia de la política educativa refleja una acumulación de esfuerzos colectivos orientados por décadas a la inclusión de un mayor número de mexicanos. Por muchos años, México vivió, en materia educativa, entre la simulación, la inercia y la frustración. Se escolarizaba, pero no se educaba. Los arreglos políticos desplazaron la calidad. El clientelismo sustituyó al mérito. Los intereses corporativos suplantaron el interés público. La simulación se volvió lo normal. Se otorgaron grados, pero no formación para la vida, que es lo que se espera de una educación verdadera. Se sabían alternativas y soluciones, pero se descartaron por su complejidad política y técnica. Varios Gobiernos tal vez quisieron —pero no pudieron o no supieron— impulsar una reforma a fondo porque no tuvieron el apoyo o la voluntad política necesaria o se toparon con lógicas que rehuyeron el natural conflicto o simplemente eligieron la comodidad de la inercia. Diversos factores explican desde luego este paisaje, pero, al mismo tiempo, dentro de una coyuntura excepcionalmente fértil en la política mexicana, fueron el fundamento de la actual reforma, que de varios modos era una reforma inevitable.

Desde el punto de vista político, el nuevo Gobierno, inaugurado en 2012, sabía que la exigencia de una mejoría en la calidad educativa se había posicionado de manera muy influyente en la agenda pública y que impulsar un proceso de transformaciones en el sector pasaba necesariamente por establecer una nueva correlación de fuerzas en la gestión del sistema, en donde el Estado recuperara su autoridad y liderazgo. Además, se habían creado incentivos políticos importantes en la medida en que era necesario transmitir la sensación de que la Administración entrante sabía y podía tomar decisiones complejas, entre otras razones porque esto le permitiría ganar, diría Weber, una amplia legitimidad, como en efecto sucedió. Y desde el ángulo educativo, dada la visibilidad que había cobrado el tema, el Gobierno tenía que ofrecer una verdadera reforma para no caer en la trampa de una mera declaración de intenciones con la vaga promesa de mejorar la educación, como pasó sobre todo en los dos Gobiernos previos (2000-2012). Es decir, impulsar una reforma educativa, con sobradas, documentadas y justificadas razones, era un imperativo para cualquier Gobierno que quisiera despertar esperanza y conquistar apoyos. Hoy, según el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), dos de cada tres mexicanos aprueban la reforma, su nivel más alto desde mediados de 2014.

La primera fortaleza de la reforma educativa, sin duda, es haber tenido a su favor el consenso de los partidos políticos más grandes de México. Si bien en otras reformas estructurales las diferencias introdujeron matices, en lo educativo se presentó desde el principio un compromiso común con la urgencia de mejorar las cosas. Las fuerzas políticas y buena parte de la opinión pública entendieron que hacer de México un país competitivo en el contexto de la globalización y la economía del conocimiento del siglo XXI, pasa necesariamente por establecer mecanismos de igualdad de oportunidades para toda la población a través de una educación de gran calidad.

Si se asegura una educación de calidad a mediano plazo, la lucha por la equidad registrará una de sus mayores victorias pues, sin importar el origen social del que procedan, los estudiantes mexicanos tendrán mejores condiciones para alcanzar el éxito profesional y la movilidad social y económica. Y ésta será la segunda fortaleza de la reforma. Para ello no bastan buenos maestros y buenas escuelas, sino también buenos contenidos. Allí reside el corazón del Nuevo Modelo Educativo, cuyo sentido profundo es favorecer, mediante la adquisición de los aprendizajes clave, la integración de un sistema educativo más sensible tanto a las innovaciones que se registran en los procesos cognitivos y curriculares como a la diversidad y riqueza étnica, cultural y lingüística de México.

Una tercera fortaleza de la reforma es profundizar un ambiente de apropiación y pertenencia del espacio por donde circula el espíritu de la educación. La escuela es patrimonio solo de la comunidad, es decir, de los alumnos y los padres de familia, que son, o deben ser, los beneficiarios principales del resultado educativo. Para ello, será necesario darles más poder, por medio de acciones que doten de recursos directos a la escuela, que aumenten su capacidad de supervisión, control y decisión de lo que allí pasa y que promuevan la autonomía curricular, entre otras cosas.

Al final del día, se trata de que la educación sea verdaderamente una hazaña colectiva en donde cuentan desde luego los alumnos, la autoridad, los maestros y los padres de familia, pero que también incluye, como escribió Victoria Camps, dejar “de lado las diferencias partidistas e implicar a toda la sociedad, y buscar la estabilidad educativa que permita avanzar sin sobresaltos y retrocesos”.

Una cuarta fortaleza de la reforma educativa es haber dado origen al Servicio Profesional Docente, con el objetivo principal de establecer un sistema orgánico que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente, en el que hasta ahora han participado poco más de 1,2 millones de profesores. Con ello, se institucionaliza un sistema transparente, basado en el mérito, la capacidad, el desempeño y el esfuerzo de los docentes para que impartan una enseñanza de mayor calidad. Los nuevos integrantes de la planta magisterial, como de hecho ya se observa en muchos casos, gradualmente tendrán un perfil académico mejor preparado para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos en el siglo XXI y encontrarán en este nuevo espacio, donde ellos y solo ellos y su capacidad cuentan, no solo un sólido factor de satisfacción profesional y laboral, sino también una función que le dote de sentido a su misión como personas y como educadores.

Y una fortaleza más es haber sentado las bases de un nuevo sistema de gobernanza en la educación mexicana. Es claro que el mayor soporte es el andamiaje constitucional y legal de la propia reforma, lo que le da no sólo un robusto sostén jurídico sino también un evidente peso institucional. Pero ¿basta con ello? No. Esa arquitectura es condición necesaria pero no suficiente y hará falta que el próximo Gobierno mexicano invierta toda la energía, claridad y decisión política que haga falta para profundizar su instrumentación.

La reforma constituye el paso más importante en la historia de la política educativa mexicana de las últimas cinco décadas y el tiempo permitirá dimensionar con precisión y objetividad la profundidad de la transformación emprendida en estos años. Es, también, un hecho político en la medida en que subyace en ella la convicción de que estar en favor de la reforma es estar del lado de los niños mexicanos y de su derecho a una educación de calidad y a una vida mejor.

Otto Granados es secretario de Educación de México