España se adhirió a las nuevas tendencias y cambios acelerados que se están produciendo en la formación doctoral en Europa con la aprobación de una nueva normativa en 2011 (RD 99/2011). Uno de los cambios estructurales de la normativa fue el de dotar de más transparencia al proceso formativo e investigador a través de la obligatoriedad de disponer de un documento de actividades en el que se registran y validan las actividades formativas por parte del director de la tesis y el tutor del doctorando. Asimismo, se vincula a la comisión académica del programa de doctorado la responsabilidad de validar en hitos anuales el plan y el desarrollo de la tesis; el director de tesis ya no tiene la última palabra sobre el proceso de investigación y la evaluación sumativa del doctorando.

La formación en las competencias investigadoras se ha convertido en un elemento clave en la propia normativa y el foco de atención por parte de las agencias de calidad universitarias que acreditan los doctorados en nuestro país. Ello quiere decir que si las universidades, a través de las escuelas de doctorado que se han creado en poco más de un lustro, no son solventes en una formación doctoral exhaustiva, transparente y de excelencia, tendrán dificultades con las agencias de calidad para mantener sus programas.

Es muy probable que estas medidas estén afectando positivamente a la calidad de los doctores: el acceso es mucho más restringido con la nueva norma y también se tiende a eliminar a aquellos doctores de los planes antiguos cuya finalidad era la de obtener el título como recurso decorativo; las universidades ni deben ni pueden invertir en esa especie en extinción. Los que nos doctoramos en los planes antiguos somos conscientes de la gran diferencia que hay en la formación en el nuevo marco normativo vigente, justificado en el papel que los futuros doctores han de jugar en el nuevo modelo productivo y en la dimensión de aportar valor a través de la transferencia de conocimiento y el impacto social de sus investigaciones. La formación doctoral se va a ir adecuando a las demandas del impacto social de la ciencia.

En un artículo anterior ponía en evidencia la distancia entre la transferencia del conocimiento y las políticas públicas, y los políticos, en España, sin duda un mal síntoma de su aprecio por la investigación. Por la parte que le corresponde al investigador en formación, cada vez hay una mayor conciencia, sobre todo en la cultura anglosajona, de que el investigador ha de preocuparse no solo por su impacto académico (publicación en revistas de alto nivel, cantidad de citas de los pares…) sino por las almétricas de su investigación, es decir, por indicadores cuantitativos y cualitativos del impacto de su investigación en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, y su poder de transferencia en los campos en los que investiga.

Pero para que todo este cambio en el ethos de los doctorandos y la mejora de la calidad en su formación se traduzca en valor público se necesita que haya en la otra parte institucional un lógico correlato, que no es otro que la política de I+D+i y el sector productivo. La I+D privada no valorará adecuadamente lo que suponen sus doctorados si pondera solo la cuenta de resultados sin tener en cuenta otros beneficios que aportan en sus recursos humanos.

Por otro lado, la política de I+D+i en forma de incentivos fiscales y subvenciones para las empresas es claramente insuficiente, según el FMI. Necesitamos, además, cambiar la cultura del sector productivo español y mejorar mucho la política de I+D+i, pública y privada, para potenciar y aprovechar la innovación en la formación que poseen los nuevos doctores.

Los recursos y la planificación de la formación en las escuelas de doctorado están ya aportando un valor a la sociedad que tendremos que ir testando en un futuro próximo y mejorando continuamente. A los programas de doctorado se les exige por parte de las agencias un seguimiento de inserción laboral de los doctores y las escuelas ya han diseñado el seguimiento. Institucionalmente la universidad está trabajando en la consecución del reto de formar los mejores doctores de su historia no solo para nutrir a la academia sino para desarrollar su pericia -riqueza de los datos que maneja, nuevas ideas, nuevas formas de enfocar interdisciplinarmente un problema, tendencia a que su investigación tenga impacto tanto en la academia como en su transferencia de conocimiento-, en los sectores empresariales y en las políticas públicas. Lógicamente, unas universidades lo harán con más éxito que otras en función de sus recursos y estrategias, pero la pelota ahora está en el campo de la política y de la empresa.

Juan Arturo Rubio Arostegui es director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nebrija.