Hace un par de días leía la siguiente noticia en el Facebook de Por la creación de un Ministerio de ciencia: “España a la cabeza de la inversión en ciencia en Europa. Hoy, 28 de diciembre de 2017, en una decisión sin precedentes, todos los partidos políticos se han puesto de acuerdo para dedicar un 4% del PIB a la ciencia, casi duplicando la media europea”. Obviando el día de su publicación y que campamos a nuestras anchas por los tiempos de la posverdad, ya podía verse a la sexta palabra que se trataba de una inocentada. Una inocentada que no hace sino reflejar irónicamente el ya conocido en algunos círculos como sexenio perdido de la ciencia en España. Son numerosos los científicos y científicas de renombre internacional que durante los últimos años han denunciado públicamente recortes en investigación o que han puesto en evidencia un sistema burocrático y de gestión de la ciencia muy poco adecuado. Aunque algunas noticias digan lo contrario, la inversión en ciencia, los denominados fondos no financieros, siguen cayendo año a año al igual que la ejecución presupuestaria. Mientras caminamos inexorablemente hacia la década perdida cabe preguntarse: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? o ¿cómo es posible que la comunidad científica haya permitido esta situación?

Normalmente este tipo de artículos los escriben científicos con muchísima más experiencia que el que suscribe estas líneas, un mero científico neófito del CSIC, pero quisiera compartir alguna de las reflexiones de los últimos meses. En primer lugar y en contraposición a países, llama la atención la poca participación de los científicos en política. Dense un garbeo por el elenco de diputados de la XII Legislatura de las Cortes Generales: ¿cuántos científicos ven? Con este panorama es normal que a nuestra clase política no se le presuponga ni unos mínimos de cultura científica que sí existe en otros países. En segundo lugar la falta de interés por la ciencia del partido gobernante es abrumadora y ya no sólo es que no entiendan, sino que no quieren entender de una ciencia a la que consideran como un gasto y no como una inversión. De hecho creo que si las pírricas inversiones públicas en I+D aguantan es porque no les queda otro remedio si no quieren que la comunidad internacional se les eche encima. En tercer lugar, la falta de interlocutores con los que contamos los científicos entre los partidos situados a la izquierda en el espectro político es pasmosa, y es la principal razón de que esté escribiendo estas líneas ahora mismo.

En mi opinión estos tres puntos han sido determinantes para que protestas individuales, de Asociaciones como Asebio, de Federaciones y Confederaciones como la COSCE no hayan servido de mucho y que durante los últimos seis años toda reivindicación científica haya desaparecido de la agenda política. Me parece que podíamos echar la vista atrás, a la década de los 80, cuando políticos de la talla de Luis González Seara, José María Maravall o Josep Borrell contaron con el apoyo y colaboración de científicos como Emilio Muñoz o Carmina Virgili y juntos modernizaron de una forma notoria y decisiva la ciencia en España. En mi humilde opinión esta es la vía si de verdad queremos cambiar algo en esta ciencia amilanada que describía Miguel Delibes de Castro hace unas semanas. Y esta vía pasa por mayor presencia, más pensamiento y más cultura científica en política.

Los científicos nos enfrentamos al reto de reconectar con la sociedad y de que sientan como propios tanto los recortes como la falta de ejecución presupuestaria, al igual que pasa con educación o sanidad. Necesitamos también quitarnos encima el lastre que la economía y los mercados han introducido en la ciencia en forma de cortoplacismo a la hora de sacar rédito a la investigación. Como le escuché una vez a Margarita Salas “la ciencia va de descubrir cosas”, y de sobra es sabido que los grandes avances en ciencia se producen tras años e incluso décadas de investigación cooperativa: ahí tienen el ejemplo de la tecnología CRISPR surgidas a raíz del trabajo de Francis Mojica. La ciencia merece volver al lugar al que le corresponde y que dicta el artículo 44.2 de nuestra Constitución, y que no es estar subyugada ni a economía ni a industria, y para ello hacen falta más científicos en política.

Borja Sánchez es investigador en IPLA-CSIC