Podemos pide que el 40% de los órganos directivos de las universidades estén ocupados por mujeres

El grupo presenta hoy una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la propuesta de la ley de universidades del Gobierno regional
ESTHER SÁNCHEZ, Madrid 11 DIC 2017 – 19:08 CET

Podemos no está de acuerdo con el proyecto de ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES), conocido como ley de universidades, presentado por el Gobierno regional. El grupo, en la oposición, sostiene que el texto es fruto de un proceso en el que no se ha dado una “verdadera participación” de los sectores implicados. El diputado Eduardo Fernández Rubiño sostiene que “potencia un modelo de universidad intervenida y dirigida”. Algo que se detecta en la financiación por objetivos o en el escaso peso de los órganos de participación, aclara. El proyecto de ley tampoco aborda algunos de los problemas fundamentales de los estudios superiores como las dificultades de acceso por razones socioeconómicas, la precariedad del profesorado, la falta de transparencia o el poco compromiso con la desigualdad de género, añade Fernández Rubiño.

Podemos (la tercera fuerza del Parlamento regional, tras el PP y el PSOE) tiende la mano a los socialistas, que también han anunciado una enmienda a la totalidad de la norma, para poder alcanzar un acuerdo. “Estamos abiertos a sus sugerencias y a las de Ciudadanos, y nos hubiera gustado que Cifuentes hubiera estado más receptiva al modelo que proponemos”, puntualiza el diputado. La ley comenzará su trámite parlamentario en enero o febrero de 2018.

En la propuesta de Podemos destaca la obligación de implantar un mínimo del 40% de mujeres en los órganos de gobierno y coordinación de todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Porque el texto del Ejecutivo regional no aborda el compromiso en materia de igualdad de género, especifican en su enmienda.

Para paliar “las vaguedades” en cuanto a tasas, becas y ayudas que contiene el documento, la formación política plantea la creación de un “sistema de becas propio y unificado” para todo el Espacio Madrileño de Educación Superior (EMES), compuesto por Universidad, FP y estudios artísticos. Se incluyen becas salario para los estudiantes cuyas familias no pueden hacer frente a los gastos de sus estudios universitarios, un método “inspirado en el sistema valenciano”. “Con este método no se paga la matrícula, sino los costes que se derivan de estudiar”, concreta Fernández Rubiño.
En este mismo punto, proponen “exenciones de las tasas” en función del nivel de renta.El parlamentario explica que se trataría de una bonificación progresiva. “En la actualidad, se aplica en las enseñanzas artísticas y nosotros lo queremos ampliar al resto”, añade. Se descontaría un porcentaje de la matrícula teniendo en cuenta la renta. “La idea es que pague más el que más tiene”. Al mismo tiempo, el texto aboga por igualar los precios de grado y máster, tomando al grado como referencia y creando vías para limitar el precio de los másteres habilitantes.
Para aligerar la carga burocrática que soporta el personal docente e investigador en la búsqueda de recursos, Podemos quiere crear un servicio que les ayude. “Ahora están tan asfixiados por estos procesos que algunos recurren a empresas privadas y las pagan de sus bolsillos”, relata el parlamentario. En ese aspecto, todo el proceso será instruido por funcionarios y “no estará sometido a control o decisión de los organismos políticos”.

Tampoco están de acuerdo con el sistema de financiación por objetivos que propone la LEMES, porque consideran que “vulnera la autonomía universitaria”. Es un método que busca “reforzar la investigación frente a la docencia” y se orienta a las universidades solo hacia el objetivo de “escalar en los ránkings internacionales”. Por el contrario, ellos piensan en crear “indicadores objetivos” para asignar la financiación.

En el capítulo de la transparencia proponen favorecerla con un sistema de datos abiertos, que no implica que “no se respete la autonomía universitaria”. Asimismo, pretenden que se deje de elegir a los presidentes de los consejos sociales “a dedo”, que tendrán que ser escogidos por la Asamblea de Madrid por votación cualificada de dos tercios de la Cámara autonómica.