Lo público y lo privado en la educación superior
Por Héctor Gaete, Rector, Universidad del Bio Bio, Pulso, 6 diciembre 2017
Lo que se requiere es alcanzar el desarrollo y, en este contexto, todas las instituciones de educación superior, sin distinción de su naturaleza jurídica, deben ser de una alta calidad contextualizada a sus territorios y ámbitos. Todas, además, deben ser apoyadas y rendir cuenta pública.
La turbulencia debida a los proyectos de reforma de la educación superior en debate en el Congreso Nacional, con varios de los actores atrincherados para defender sus posiciones, ha llevado a comportamientos del todo discutibles por su laxitud respecto de lo público y lo privado.
En la base de la discusión, léase en el subterráneo de los intereses instalados, lo que está primando es la utilización distorsionada del término público tanto en su definición como en lo relativo al sentido de lo público. Un ejemplo de ello es la afanosa difusión de la frase “público no-estatal” para referirse a instituciones privadas, privadas sin fines de lucro y privadas confesionales.
La pregunta es, entonces, ¿por qué algunas instituciones buscan autodefinirse por una negación: “público no-estatal”?
Y de ello se sigue preguntarse: ¿de dónde nace la motivación por seguir ese camino de simulación de identidad?
Hay al menos dos razones que no son de fondo, sino coyunturales por el proceso de reformas e interesadas en razón de los posibles cambios en el financiamiento; a saber:
Una, el miedo a ser confundidas y a participar en una misma mesa con las universidades privadas creadas a partir del año 1981, que lo sienten las instituciones privadas y confesionales pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch).
Dos, el miedo a la posible desprotección del Estado -a partir del fortalecimiento de las universidades públicas- que sienten las instituciones privadas, y las privadas y confesionales pertenecientes al Cruch.
He usado la palabra miedo porque en ambos casos se trata de la búsqueda por la preservación de un status dado históricamente y que hoy se siente amenazado. Ello, aunque en el proyecto de ley en tramitación en el Parlamento nada hay en esa dirección y el Gobierno, reiterada y explícitamente, les ha asegurado tranquilidad.
Lo que es impresionante es hasta lo que se puede llegar por el miedo a perder posiciones, incluyendo el uso ambiguo de los conceptos público y privado, con la consiguiente confusión de la comunidad. Esto, si se mira desde la óptica de la transparencia a que nos obligan la ética y la ley, y que también exige la rigurosidad académica, tiene un fuerte componente abusivo porque busca tomar ventaja de la consabida relación asimétrica -unos tienen más conocimientos que otros- entre el mundo universitario y los ciudadanos.
Por cierto, si tuviesen razón los que sostienen que para ser “públicos” no significa nada la naturaleza jurídica y que lo que importa es la dedicación preferencial a la producción de “bienes públicos”, entonces todos podríamos ser públicos por declaración unilateral.
De esta forma las empresas privadas de servicios básicos, como las sanitarias, las de energía y combustibles, las clínicas privadas, los bancos privados y otros servicios estratégicos de amplia cobertura, serían públicos.
Una institución privada de educación superior cuyas decisiones dependen de un directorio privado, cuyo régimen laboral de sus trabajadores es privado y cuyos mecanismos de control también son privados, podría sin más declararse “pública no-estatal”.
Lo que ocurre es un caso de evidente manipulación y truculencia conceptual, porque una cosa es proveer un servicio público y otra es ser público de naturaleza y desempeño en el ámbito de lo público. Por ello, como ya sabemos, independiente de su calidad, en Chile contamos con tres tipos de universidades: públicas, privadas del Cruch y privadas.
Es obvio que esto es un asunto de otra altura, porque lo que necesitamos es alcanzar el desarrollo y todas las instituciones de educación superior, sin distinción de su naturaleza jurídica, deben ser de alta calidad contextualizada a sus territorios y ámbitos; todas ellas deben ser apoyadas, según el marco y territorio en que deben actuar; y todas ellas también deben rendir cuenta pública, evidenciar transparencia y gozar de total autonomía para la formulación de su modelo educativo, para el desarrollo de las disciplinas que cultivan, y para la definición de sus autoridades en los distintos estamentos que las integran.
Para tener un Chile que sea más un Chile para todos, las instituciones de educación superior deben aproximarse a la tarea honesta y orgullosamente desde su naturaleza jurídica, desde su historia y desde sus convicciones.
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