El gasto familiar en educación creció un 25% durante la crisis

Un informe de la Fundación Bofill pide universalizar el acceso al primer ciclo de educación infantil para mejorar la equidad

JESSICA MOUZO QUINTÁNS
Barcelona 14 DIC 2017 – 23:13 CET

Los recortes que sufrió el sistema educativo durante la crisis económica pasaron factura a los bolsillos de las familias catalanas. Un estudio de la Fundación Jaume Bofill constata que, mientras el presupuesto del Departamento de Enseñanza caía alrededor de un 21,7% —entre 2009 y 2014, la partida pública se redujo en 1.173 millones de euros—, el gasto familiar en educación creció un 25,3%. Esto es, los hogares catalanes gastaron 557,84 euros de media en 2016, 112,50 euros más que en 2008.

Los investigadores de la Fundación Bofill sostienen que este efecto dominó que se generó durante la crisis de reducción del gasto público y aumento del gasto privado en educación se debe, en parte, “al incremento del copago de algunos servicios educativos, en buena medida para suplir la aplicación de recortes de financiación pública que recibían antes de la crisis económica”. “Cuando un territorio recorta la inversión en educación y dice que aun así son eficientes, esto no es magia. Los que gastan más son las familias y esto esconde una desigualdad educativa brutal”, reflexiona Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill.

Los expertos que participaron en el estudio (el Anuario 2016 sobre el estado de la educación en Cataluña) utilizaron la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) para calcular, en términos estadísticos, el gasto medio de las familias en educación. Así, según el informe, los hogares catalanes destinaron en 2015 557,84 euros para enseñanza y 1.069 euros por estudiante. Esto supone 168,6 euros más en enseñanza y 323 euros más por estudiante que las familias españolas. Sin embargo, matiza Palacín, “estos datos sirven para ver la tendencia, pero infravaloran mucho el esfuerzo de las familias”. El experto explica, a modo de ejemplo, que las actividades extraescolares y el comedor de una escuela pública media suponen un desembolso familiar anual de unos 400 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar 2,3 millones de euros al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat por incumplimiento del convenio por el que ambas administraciones cofinanciaban las guarderías municipales.

Según el Consistorio, en 2012, la Generalitat recortó su aportación (de 1.800 euros por alumno y curso a 1.600 y luego 1.300) y luego dejó de firmar nuevos convenios de colaboración. El TSJC obliga ahora a la Administración catalana a abonar la deuda de los cursos 2012 a 2015 (1.300 euros por niño y curso).

El informe alerta también de que “continúan existiendo déficits estructurales en las políticas de becas”, como las ayudas para el comedor escolar que, pese a que la Generalitat aumentó el presupuesto (de 32,7 a 69 millones), todavía sufren algunas carencias. “Que haya que pagar en toda la red pública es una anomalía. Hay familias que no pueden abonar una cuota de 400 euros en una escuela y deciden no optar a ese centro y eso provoca segregación. La escuela pública tiene que ser gratuita y estas son formas de privatización que hay que combatir”, sostiene Palacín.

El Anuario pone de manifiesto también que los resultados académicos no se han visto afectados por la crisis y esto se debe, en buena medida, a la “respuesta resiliente de los profesores”, el sector más castigado por los recortes, según el informe. Además, apunta, el sistema de inmersión lingüística “hace que la lengua no sea un factor de inequidad”.
Los expertos advierten, no obstante, de que, pese a que no hay ningún indicador que refleje un empeoramiento de los resultados académicos, no hay que bajar la guardia. “Es demasiado pronto para percibir algún efecto significativo de la crisis sobre los resultados”, avisan.

El informe aboga por aprovechar la etapa de recuperación económica para “reconsiderar los elementos que bloquean la mejora de la calidad y de la equidad del sistema”. Para empezar, los investigadores exigen 1.500 millones de euros más para situar el gasto público en enseñanza al mismo nivel que en España (el 4,4% del PIB). En este sentido, Palacín insiste en la necesidad de “garantizar una educación de primera infancia de máxima calidad priorizando los niños en riesgo de exclusión”. Entre 2011 y 2015 se redujo en 13.000 niños la demanda de alumnos en guarderías a causa de la bajada de la natalidad y del coste de estos centros. Las subvenciones a las guarderías fueron las primeras partidas en sufrir los tijeretazos durante la crisis.