Cómo recibe la educación superior a su nueva generación de postulantes

domingo, 24 de diciembre de 2017

Margherita Cordano F.
Educación
El Mercurio

Muchas universidades chilenas destacan a nivel latinoamericano, pero aún se requiere resolver temas para seguir avanzando: desde la falta de fondos a la necesidad de quitar trabas para pasar del nivel técnico al profesional.

En su más reciente columna para las páginas de Educación de “El Mercurio”, José Joaquín Brunner plantea que la educación superior chilena “ha sido mantenida en vilo durante casi cuatro años, en medio de una permanente incertidumbre jurídica sobre su futuro marco regulatorio, modalidades de financiamiento y gobernanza a nivel nacional. Asimismo, ha debido ajustarse a una zigzagueante política de gratuidad que entraba su normal desarrollo”.

En dos días más -el martes 26 de diciembre, a partir de las 8:00 horas-, los más de 295 mil jóvenes que este año rindieron la PSU recibirán sus puntajes y tendrán la opción de acceder a esta educación terciaria en proceso de cambio. ¿Cuál será el panorama al que se van a enfrentar y qué tanto influirán en su formación las decisiones que se han tomado en el último tiempo? Consultamos a cinco especialistas en educación superior para que entregaran sus visiones al respecto.

Financiamiento

“En efecto, estos años han sido de bastante incertidumbre”, plantea Darcy Fuenzalida, rector de la Universidad Santa María y presidente de la Red G9. “Hay que entender que las universidades son instituciones que trabajan muy a largo plazo. Todos los procesos de inversión, contratación de profesores o compra de equipamiento de laboratorio son procesos que tienen que verse a largo plazo. Y el tratamiento de la Ley de Gratuidad vía Ley de Presupuesto, donde cada año estaba la duda de cómo sería tratada la gratuidad y de si esa lógica iba a ser sostenida o modificada al año siguiente, nos generaba una incertidumbre que hacía difícil que nuestras instituciones pudieran planificar con tranquilidad y estabilidad”.

Para Fuenzalida el escenario de educación superior que se está armando tiene otro punto a considerar en cuanto a financiamiento. “En el caso de las universidades públicas, este viene principalmente de tres fuentes: la matrícula de los estudiantes, los fondos concursables y los fondos basales, que son los que permiten que la universidad pueda asumir roles para hacerse cargo de temas de necesidad pública. En la lógica de la reforma, ocurrió que los fondos basales que antes eran iguales para todas las universidades del Consejo de Rectores, el gobierno los diferenció y hoy están los fondos basales para las estatales y el fondo basal para las no estatales, como las del G9. Los fondos se asignan de forman diferente y no equitativa”.

María José Lemaitre, directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, Cinda, también cree que el cambio en el régimen de financiamiento es el que ha tenido un impacto más directo en las universidades, pero no siente que este afecte de manera explícita a la generación que ingrese a la universidad en 2018. “Se introdujo una distorsión que condujo en muchos casos a disminuir inversiones, desarticular equipos de trabajo, detener esfuerzos de innovación. En otras palabras, a amenazar la calidad en el mediano plazo”. Pero -continúa- “no creo que esto afecte a los nuevos estudiantes que ingresan hoy a estudios de pregrado. Hay una cierta inercia que hace que la oferta de las instituciones se mantenga en niveles semejantes por un par de años. Sí puede afectar de manera más grave al posgrado, a las actividades de innovación e investigación”.

Respecto del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), subvención que se entregaba a las instituciones de educación superior que matriculaban a los alumnos con mejores resultados en la PSU y que fue eliminado este año, el vicepresidente de Aequalis, José Julio León, cree que “el principal problema de su derogación es que no ha sido sustituido por otro subsidio que apoye el desarrollo de las universidades”.

Acreditación, una garantía

Más allá de los cambios, María José Lemaitre destaca que la educación superior sigue siendo buena. “A pesar del discurso negativo de los últimos años, la educación superior de Chile es de buena calidad en general. Un programa acreditado, o uno ofrecido por una institución acreditada, es una buena garantía de que la formación que se recibirá será útil y eficaz. Por supuesto, no es toda del mismo nivel, pero salvo escasas excepciones, la formación es adecuada”.

“Algunas de las mejores universidades de Latinoamérica están en Chile. De esas instituciones los estudiantes salen muy bien preparados, siendo la mejor demostración que cualquiera de estos jóvenes que hace un posgrado en una universidad extranjera tiende a tener resultados exitosos”, concuerda Fuenzalida. Pero advierte que, “por otro lado, en nuestro mismo sistema universitario tenemos universidades de muy dudosa calidad. Tan dudosa, que algunas han tenido que ser cerradas, pasando por situaciones de mucho dolor para quienes las habían seleccionado”.

Para los que deben elegir pronto en qué institución estudiar, los especialistas recomiendan revisar y contrastar mallas académicas, perfiles de egreso y acreditaciones. “La acreditación es un indicador relevante que se obtiene considerando la perspectiva de cada universidad o carrera, contrastándola con la evaluación externa realizada por pares evaluadores. Ambas perspectivas son consideradas para la toma de decisión que realizarán la Comisión Nacional de Acreditación o agencias privadas autorizadas”, explica Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores. “La importancia de los procesos de acreditación radica en que se constituyen factores de transparencia, ya que son mecanismos que comprometen públicamente su proyecto de mejoras. Desde esta perspectiva, la acreditación agrega valor al sistema, ya que sus dictámenes son públicos y permiten conocer las fortalezas de cada institución o carrera, así como los aspectos que requieren ser mejorados”.

“El debatir sobre reformas, en cualquier área de que se trate, implica ceder espacios de certeza y, por lo mismo, aceptar períodos de incertidumbre que afectan la gestión cotidiana de las instituciones”.

Aldo Valle, vicepresidente del CRUCh.