Las universidades regionales del Consejo de Rectores (Cruch) están demandando un aumento de los aportes directos, los cuales entre 2017 y 2018 incrementaron solo en un 2,6 por ciento, superando por poco los seis mil millones de pesos.

Se trata de 22 instituciones regionales, de las cuales ocho son privadas y 14 del Estado, que insisten en que el financiamiento que se les entrega es insuficiente. A esto se sumaría la disminución del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que para el presupuesto 2018 contempla apenas un fondo total de un millón de pesos, mientras se tramita una ley para eliminarlo.

Mercedes López, académica de la Universidad de Chile y presidenta del grupo de trabajo sobre reforma a la educación superior en el Senado Universitario, enfatizó en que antes de hablar de aportes directos es importante hacer la diferencia entre universidades privadas y estatales, ya que estas últimas deben ser una prioridad por el rol que cumplen como instituciones públicas.

En esa línea, se refirió al proyecto de universidades del Estado que recientemente fue despachado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Según la académica, esta iniciativa no asegura el aumento del financiamiento basal de libre disposición para los planteles estatales y mucho menos contemplaría un impulso para las universidades en regiones, las que, a su juicio, tendrían que ser prioridad dado el abandono histórico que han experimentado desde la reforma de 1981.

“Esa columna vertebral de instituciones del Estado que se distribuye por todo el país debe ser un referente de calidad para todo el sistema de educación superior, pero la realidad es que los fondos que están incluidos en el proyecto de ley son claramente insuficientes”, afirmó.

Mientras que para Victor Orellana, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE), el proyecto de universidades estatales es una ley de continuidad que mantendrá una concepción mercantil de la educación superior, que hace a los planteles competir por recursos. “El proyecto no trasforma las claves principales del financiamiento que sigue siendo por voucher, el cual es hay que decir que es único en el mundo”.

El investigador afirmó que el problema actual no puede basarse en si una universidad estatal recibe más o menos aporte que otra, sino en el destino del grueso de los recursos que están destinados para educación superior.

Según explicó, la mayoría termina en el sistema lucrativo, como es el caso del Crédito con Aval del Estado, que este año representó cerca de un 36,5 por ciento de la partida presupuestaria anual de educación superior proporcionada por el fisco, cifra similar a la de gratuidad que constituyó cerca de un 37,6 por ciento. “El sistema masivo lucrativo en Chile tiene más de la matrícula, tenemos conglomerados que se financian con recursos públicos”.

Abandono de las universidades estatales en regiones

Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, indicó que el aporte a las universidades regionales debe ser directo y suficiente para un desarrollo coherente con lo que se espera de cada región. Además, admitió que existe una deuda histórica con todas las universidades estatales y aún más con las regionales que “nunca han sido impulsadas”. El rector aclaró que “ninguna universidad estatal recibe un apoyo significativo del Estado, ni la Universidad de Chile ni las otras”.

En tanto, el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Loyola, dijo que el proyecto de ley de planteles estatales promete un nuevo trato con las universidades públicas en general, pero no presenta un plan especial de fortalecimiento para las instituciones regionales, que presentarían el mayor déficit a nivel nacional.

“El Convenio Marco abarca recursos para fines específicos, enfocados en el desarrollo o la vinculación, pero no contempla fondos de libre disposición y el gran problema de las universidades regionales del Estado es el gasto de operación, que son los gastos recurrentes. Con los aportes basales que hay la universidad no alcanza a financiar esos gastos”, sostuvo.

El rector de la Universidad de Antofagasta explicó que el aporte que actualmente reciben las instituciones estatales de regiones no supera el 10 por ciento del presupuesto total, por lo que el grueso del financiamiento continúa basándose en el cobro de aranceles. En ese sentido, aseguró que es insuficiente el fondo de 150 mil millones propuesto por el Gobierno, pensado para acompañar el fortalecimiento de los 18 planteles por diez años.