A propósito de la discusión referida a la nueva institucionalidad de ciencia y tecnología, la falta de coherencia entre la manifestación de voluntades y la expresión de esta en su presupuesto, es necesario no sólo precisar las magnitudes del gasto público en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), sino que también requiere re-pensar la estrategia general de incentivo a la I+D+i en Chile. La escasa articulación entre distintas políticas públicas: Becas Chile e Inserción de Capital Humano, Centros de Excelencia y Sustentabilidad de Proyectos Asociativos, sin contar los Centro de Excelencia Internacional con financiamiento estatal (el costo total de los Centros de Excelencia Internacional asciende aproximadamente a 77,6 Millones de USD, de los cuales CORFO aporta 25,6 Millones de USD (33%) y las empresas 52 Millones de USD (67%), en los 4 años de duración del Programa) y ausencia de generación de capacidades locales, entre otras, da cuenta de un panorama global en donde la ciencia y la tecnología no resultan de importancia para el desarrollo del país, discusión presente tanto en los años 80’ (véase Plan de Desarrollo Científico y Tecnológico 1976-1980) como en la actualidad.

La política de educación superior y sus profundos cambios desde la contrarreforma de 1981 en adelante, no sólo reconfiguró el mapa y el número de actores universitarios. La inserción de nuevos agentes, especialmente las universidades privadas post 81 y la disgregación de las dos principales universidades nacionales, traería consigo la promesa del aumento de la competencia y consecuentemente mejoraría los desempeños en investigación, innovación y postgrado. Este nuevo paradigma de una educación superior altamente privatizada y mercantilizada fue tomada como caso de estudio -y probablemente caso de éxito- por gran parte de las agencias internacionales de financiamiento y regulación.

35 años después de las reformas es posible constatar un modelo fracasado. Si bien hubo aumento de la matrícula, tanto de pregrado como de postgrado, este no se vio reflejado en la calidad de los nuevos egresados ni en la mejora de los indicadores de investigación y desarrollo nacional (véase “Momento decisivo La educación superior en América Latina y el Caribe”, 2017). En un contexto donde las universidades producen el 89% de la investigación en Chile (véase documento “Principales indicadores cienciométricos de la actividad científica chilena 2013. Informe 2015”), el encadenamiento entre las políticas de educación superior y la agenda de ciencia, tecnología e innovación (CTi) es evidente. Si bien Chile ha aumentado su productividad científica, el número de doctores y su transferencia tecnológica e innovación, no ha cambiado significamente su posición en los rankings internacionales (véase posición de Chile en Ranking Scimago desde el año 1996 a 2017).

El sistema nacional actual de I +D está cimentado en un conjunto de instrumentos escalonados, en donde FONDECYT representa la piedra angular para la investigación chilena. Si bien este instrumento ha sido exitoso en la mejora de los indicadores de desempeño individual y nacional, su magnitud y foco no permite la construcción de proyectos asociativos y multidisciplinarios. FONDECYT posee tres líneas -Regular, Iniciación y Postdoctorado- y el primero de estos ha estado presente en la discusión pública durante las últimas semanas debido a la disminución en un 23,33% de sus recursos para proyectos nuevos, atribuibles posiblemente a proyectos de arrastre o preferencia por otros las otras líneas. El conjunto de instrumentos y estrategias de “ensayo y error” ha sido el sino de la estructura en la construcción de proyectos asociativos (desde la creación de FONDEF hasta la fecha). Fondos como Núcleos Milenios y Anillos están destinados a etapas tempranas de asociatividad, mientras que para proyectos multidisciplinarios con mayor grado de madurez se encuentran los Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia con sus tres programas: FONDAP, Financiamiento Basal e Institutos Milenio.

La discusión pública ha girado en torno al gasto estatal en ciencia, tecnología innovación y emprendimiento, por lo anterior es necesario establecer una distinción general (sólo de carácter operacional), entre los fondos destinados exclusivamente a I+D, alojados principalmente en CONICYT e ICM y el presupuesto que contempla estos ítems, sumado a los presupuestos sectoriales (asignaciones de los distintos ministerios para generar I+D+i), los Institutos Públicos de Investigación, y el heterogéneo presupuesto de CORFO, que contempla instrumentos de innovación, emprendimiento y fomento productivo. El orden de magnitud de lo anterior es de $670 mil millones y para CONICYT e ICM es del orden de $325 mil millones para el 2016.

Tomando el presupuesto el presupuesto global CTiE, de un total de 13 Ministerios, Ministerio de Educación es el que acapara la mayor cantidad de fondos (47,2%), seguido por el Ministerio de Economía (29,02%) y Ministerio del Interior (6,33%) (Entre los años 2007-2016, datos entregados por MINECON vía Ley de Transparencia). El Ministerio de Educación representa el mayor gasto en CTiE, sin embargo, es necesario notar que gran parte de ello corresponde a CONICYT, principal agencia que financia la actividad científica en el país. Para el año 2018, CONICYT cuenta con un aumento presupuestario real (considerando una inflación de un 2,6%) de un 0,9%, en donde los principales incrementos se encuentran en el Programa de Inserción de Investigadores (8,2%), Programa Explora (3,3%) y FONDECYT (2,3%), mientras que las disminuciones presupuestarias son principalmente en FONDEQUIP (-3,8%), Becas Chile (-1,1%) y Becas Nacionales Postgrado (-0,2%). El aumentar el financiamiento a programas de inserción de nuevos investigadores muestra un interés por dar una solución a esta problemática, sin embargo, el monto de este programa (considerando el aumento ya mencionado) resulta aún insuficiente ($6.385 millones) si consideramos la cantidad de nuevos doctores que cada año se gradúan y la magnitud del presupuesto total de CTiE ($669.234 millones para el año 2016).

La potencial creación de una nueva institucionalidad para la ciencia y tecnología y la discusión conjunta con la nueva ley de educación superior reabre el debate por la consolidación de una estrategia coherente para la I+D+i. La mayor parte de las voces hacen referencia al necesario aumento presupuestario, a la articulación de las agencias e instrumentos disgregados y a la institucionalización de la CIT como un problema de importancia nacional, pero estos enfoques no contemplan el encadenamiento entre la agenda de una educación superior precaria -con bajos niveles de regulación- y los indicadores de desempeño en investigación.

La crisis de la ciencia en Chile se manifiesta en distintos síntomas y un conjunto de terapeutas han ofrecido distintos diagnósticos de forma aislada. Así, la ausencia de crecimiento neto en la inversión para CTiE (un promedio del gasto público en ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de un 0,35% PIB en los últimos 10 años), el evidente rezago en esta materia respecto a países de la OCDE (el promedio del gasto CTi en países de la OCDE es de un 2,38% del PIB para el 2014), la ausencia de una política de sustentabilidad para los Centros de Excelencia (este año culminan los centros del primer llamado a concurso del programa de Financiamiento Basal, con una extensión de tres años de su funcionamiento en miras de una política nacional de centros inconclusa), el bajo crecimiento de fondos estratégicos como FONDECYT Regular (la tasa de adjudicación para este instrumento era de un 40,2% el año 2009, mientras que el 2016 ha bajado a un 29,2%), las magras tasas de adjudicación de proyectos FONDEF (24% para el año 2008 y un 10,26% para el año 2017), el cierre unilateral de los fondos destinados a la Universidad por parte desde CORFO, la precarización del trabajo en la profesión científica y la ausencia de una planificación que permita la inserción virtuosa del capital humano avanzado, entre otros, son sólo parte de la expresión de una falla multisistémica que sólo puede ser diagnosticada si nos acercamos a las políticas de educación superior desde 1981 en adelante.

La ausencia de una política de largo plazo que permita repensar el sistema de educación superior es también manifestación de la ausencia de un proyecto de I+D para Chile. Los distintos síntomas requieren reconstruir un Sistema Nacional de Educación Superior, refundar los Institutos Públicos de Investigación, reorientar la estructura de financiamiento de la CTi y de conjunto mejorar la integración transversal y horizontal de las distintas políticas públicas permitiendo la inserción de nuevos cuadros científicos en el sector público y privado y habilitando la generación de investigación de excelencia a la vez que se dialoga con las necesidades sociales. Quizás por lo anterior resulta tan pequeña la discusión sobre la precisión de unas cuantas cifras después de la coma para explicar lo que es evidente: la ausencia de una voluntad efectiva por posicionar a la ciencia y tecnología como motores para el desarrollo sustentable del país.