Sindicatos de estudiantes prevén dos nuevos días de huelga desde hoy en Cataluña y la plataforma que aglutina a sindicatos profesionales, de alumnos y asociaciones de padres —MUCE, Marco Unitario de la Comunidad Educativa de Cataluña— convoca concentraciones ante los Ayuntamientos de las capitales de comarca para que “no se toque la educación”.

Desde septiembre, el Ministerio de Educación ha enviado dos requerimientos a la Generalitat para que actúe contra el supuesto “adoctrinamiento” en colegios e institutos catalanes por acontecimientos relacionados con el proceso soberanista. El ministerio alude a varias docenas de casos. Entre ellos uno, que contó EL PAÍS, en un instituto del municipio barcelonés de Sant Andreu de la Barca, donde hay un cuartel de Guardia Civil. “Estarás contento con lo que ha hecho tu padre”, dijo un profesor a uno de sus alumnos de secundaria, hijo de un agente, tras las cargas policiales.

Educación da por constatado que “desde las aulas y las direcciones de los centros educativos se permite y fomenta el adoctrinamiento del alumnado menor de edad, incitando al rechazo hacia España y utilizando el horario lectivo para actividades cargadas de ideología política”. La consejera catalana de Enseñanza, Clara Ponsatí, habla de “acusaciones infundadas y mentiras sin escrúpulos” en un sistema con 5.451 colegios, 1,5 millones de alumnos y 71.000 docentes. Exsecretaria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), juega un papel principal en el desafío independentista y asumió las funciones de los directores de colegios para eximirles de responsabilidad por ocupar y abrir los centros para la votación.

Acusa al Gobierno de “injuriar” a los maestros. El grueso de la comunidad educativa catalana rechaza las acusaciones y las sitúa en un debate político y electoralista más que pedagógico. Así lo creen inspectores, directores de centro, sindicatos de profesores, el Consejo Escolar de Cataluña, la asociación de las escuelas innovadoras, la representante mayoritaria de los concertados o la principal federación de padres de la escuela pública (FAPAC).

“Es imposible sostener que el adoctrinamiento sea generalizado, pero sí hay libros tendenciosos”, considera Laura Vicente, profesora de Historia en un instituto de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con casi 35 años de experiencia docente en la escuela catalana. Explica cómo la asignatura de Historia de España, en segundo de Bachillerato, queda recogida como “historia a secas”, sin coletilla. En el manual con el que trabaja este curso, de la editorial Barcanova, denuncia ejemplos “sutiles” de manipulación. Todos los textos están en catalán “salvo las intervenciones de personajes como Franco o Primo de Rivera, en castellano”. En tercero de ESO, ha impartido clases con libros que mantienen la historia “neutra” y en otros que cuentan la Guerra de Sucesión y 1714 “como una epopeya, sin poner el acento en una guerra dinástica, donde no se habla de la corona de Aragón sino de la catalano-aragonesa, que no existió”. Pese al manual, Vicente asegura que siempre ha explicado su asignatura como ha visto oportuno.

Tras la denuncia de manipulación de libros de texto del sindicato AMES, sin apenas representación en Cataluña, el ministerio anunció en mayo un informe “detallado y urgente” de la Alta Inspección que no ha trascendido cinco meses después.

Un portavoz de la Generalitat asegura que no han recibido quejas y que los libros los escriben “catedráticos de Historia”, obviando que los contenidos los fijan las Administraciones. Ana Losada, miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña —con un centenar de familias—, dice, sin embargo, que se ignoran sus quejas: “La respuesta del departamento de Enseñanza es siempre que no les consta”.

“Por supuesto que se adoctrina desde la escuela”, defiende María Elvira Roca, historiadora y profesora, autora del libro Imperofobia y la leyenda negra. “Ha habido un falseamiento completo y absoluto. Tenemos dos generaciones de jóvenes educadas en un odio que a ver cómo gestionamos”. Roca cree que “movimientos supremacistas como el independentismo catalán se activan a través de la manipulación a los jóvenes. Con todos los nacionalismos europeos es igual”. El Sindicato de Estudiantes, uno de los convocantes de dos días de huelga, ha presentado un cartel con Franco, Mariano Rajoy y el rey Felipe VI. “Contra la represión franquista”, dice.

“Los libros de texto pueden fomentar una visión del mundo concreta, como la actitud de un profesor, pero eso no se puede ampliar a toda la escuela”, cree Enric Prats, profesor de Pedagogía Internacional de la Universidad de Barcelona. “La escuela es un espacio relativamente pequeño en el aprendizaje. Están la familia, los medios, Internet… Son tantos elementos que es difícil que una directiva política, si es que la hubiera, pueda funcionar”.

Ernest Maragall fue consejero de Educación de 2006 a 2010 con el PSC, un partido del que se apartó en 2012. “El Estado está construyendo un relato absolutamente falso”, denuncia. En su mandato, se aprobó la ley educativa catalana, una de las más consensuadas con un 90% de respaldo político (excepto Ciudadanos y PP). “La escuela catalana es inclusiva y respetuosa con la pluralidad”, señala el exconsejero. Pide que se investiguen los ejemplos del informe del ministerio, pero también que se relativicen. “Soy capaz de interpretar que en el ambiente que hay ahora se hayan dado comportamientos acertados o erróneos, pero no hay que convertirlos en una categoría”, defiende. “Nunca he visto ningún adoctrinamiento. Ponerlo en duda es como decir que un médico, en vez de curar a un enfermo, lo quiere empeorar”, añade Jordi Roca, presidente de la asociación de inspectores educativos de Cataluña.

El papel de los inspectores está también en el centro del debate. Junto a la labor de los autonómicos, la Alta Inspección es un cuerpo de funcionarios con dos o tres efectivos por comunidad que responden ante el Estado y ejerce fundamentalmente labores burocráticas. Este periódico solicitó sin éxito hablar con sus representantes en Cataluña. El 17 de octubre, Ciudadanos se quedó soloen el Congreso en el intento de que entraran a los colegios o de perseguir a directores y profesores por “adoctrinamiento del odio nacionalista”. El PP se abstuvo, PSOE y Podemos votaron en contra. “No existen datos ni evidencias de que exista un problema de adoctrinamiento”, dijo la diputada socialista Luz Martínez Seijo.

En ese pleno, Joan Mena, catalán y diputado de Unidos Podemos, se puso como ejemplo. “Gracias a la inmersión y a la escuela pública catalana, este hijo de andaluces es bilingüe y ha tenido la misma igualdad de oportunidades que tradicionalmente tenía la burguesía catalana. Y eso es un tesoro social, señor Cantó [al diputado de Ciudadanos Toni Cantó]. Mire qué mal me han adoctrinado que estudié Hispánicas y soy profesor de Lengua y Literatura Española. Así es el adoctrinamiento en las escuelas catalanas”.