Después de varias cartas y pronunciamientos dirigidos al Gobierno Nacional en los últimos meses, las universidades públicas llegaron a su tope. Este miércoles, 70 instituciones de educación superior se movilizarán en todo el país para exigir más recursos.

La movilización se da después de que Adolfo León Atehortúa, rector de la Universidad Pedagógica y presidente del Consejo Nacional de Rectores de Ascún (Asociación Colombiana de Universidades), envió hace dos semanas un contundente mensaje: “Invito a las universidades estatales a movilizarse contra el Gobierno Nacional, por la forma como están sufriendo la instituciones de educación superior pública con el actual modelo de financiamiento”.

Básicamente, se refiere a un hueco financiero de 434.874 millones y a la distribución de los recursos, en la que resultan favorecidos programas como ‘Ser pilo paga’, que benefician mayoritariamente a las universidades privadas, a través del Icetex.

Su advertencia se cumplió y el martes 26 de septiembre se registró una primera movilización desde la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) hasta la plaza de Bolívar, en la que participaron aproximadamente 2.000 personas. Y el miércoles se presentaron bloqueos en la calle 72 y en la avenida 26, en inmediaciones de la Universidad Nacional, por parte de los estudiantes.

En la carta que envió el rector de la UPN se convocó a los cuerpos colegiados y a las comunidades educativas de las universidades estatales a analizar la situación de sus propias instituciones, “a manifestarse públicamente y con movilizaciones masivas en torno al efecto estructural que representa el modo en que se proyecta la ley del programa ‘Ser Pilo Paga’ y la aprobación del presupuesto de la Nación para el 2018 y lo sucedido con los recursos en el presente año”.

Y agregó: “Exigimos al Gobierno Nacional respetar los recursos para la educación superior pública asignados en la reciente Reforma Tributaria y, en tal sentido garantizar que las universidades públicas recibamos esos recursos en su totalidad”. Adicionalmente, Atehortúa radicó este martes una carta ante el Congreso de la República y el Ministerio de Hacienda, explicando la crisis de las universidades públicas y pidiendo una intervención urgente.

Desde el Ministerio de Educación la respuesta es: “La preocupación de los rectores sobre la financiación de las Universidades Públicas ha sido una compartida”.

Y destacó que con los recursos de la adición presupuestal, aprobada en el pasado mes de junio para el resto del año, se asignaron 186.000 millones de pesos más para el funcionamiento de las universidades e instituciones de educación superior públicas, que representa el mayor incremento en recursos de funcionamiento desde que entró en vigencia la Ley 30 en 1992.

Asimismo, añade el MEN, este año entregaron 215.000 millones del Cree (impuesto sobre la renta para la equidad) para inversiones en infraestructura y la calidad de la educación.

“Sabemos que esto no resuelve por completo las dificultades, así que seguiremos trabajando, de manera conjunta con las universidades y rectores, en un plan de financiación que nos permita enfrentar este desafío. En el plan se establecerán las estrategias y esquema de financiación de mediano plazo que permitan el crecimiento y fortalecimiento de las IES públicas”, aseguraron en el Ministerio.

Sin embargo, las quejas de los rectores estatales no son nuevas. Desde hace meses se venían calentando los ánimos. El Sistema Universitario Estatal (SUE) envió al Ministerio por lo menos dos cartas solicitando más recursos para la educación superior. La última tuvo como destinataria la Ministra de Educación, y en esta, los 32 rectores de la alianza le hicieron un fuerte reclamo y demandaron asignación inmediata de los dineros que deben ser asignados por el Congreso de la República para su financiamiento.

El hueco financiero

En el documento, firmado por el presidente del SUE, Luis Fernando Gaviria, los rectores explican que las universidades públicas recibirán 162.505 millones de pesos como adición presupuestal para el funcionamiento del resto del 2017; pero, al mismo tiempo, el hueco financiero creció, pues en el 2016 estaba en 373.291 millones de pesos, y para el 2017 ascendió a 434.874 millones de pesos.

“Esta situación no puede ser aceptada por el Sistema Universitario Estatal, considerando las necesidades crecientes de las universidades públicas (…), las cuales suponen grandes inversiones en infraestructura física y tecnológica, al igual que recursos para su sostenimiento”, indica la misiva a la ministra Giha.

Los rectores también expresaron que hay incertidumbre entre las universidades por la inclusión de recursos asignados en el presupuesto para el 2018. “No se encuentran explícitos en el anteproyecto de presupuesto presentado al Congreso”, aseguran. Sin embargo, sí está claro que en este, 591.000 millones se destinarán para el programa ‘Ser Pilo Paga’.

Pero este reclamo viene de tiempo atrás. Hace unos meses, la SUE publicó un documento donde los 32 rectores expresaban su preocupación por la situación financiera que estaban viviendo y expusieron que podrían demandar algunos puntos de la reforma tributaria que permitirían el desvío de recursos públicos hacia las universidades privadas.

Gerardo Mejía Alfaro, gerente nacional financiero y administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, aseguró: “Las universidades públicas esperaban en la reforma tributaria un mayor respaldo del Gobierno para poder corregir el déficit estructural que tienen y que no les permite seguir avanzando”.

Y es que en principio, en la reforma (literal B del artículo 468) se estableció que el 40 por ciento de medio punto del IVA sería asignado a las IES por medio de los recursos Cree (Impuesto sobre la renta para la equidad), hoy conocido como el Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Sin embargo, un punto del documento (artículo 369) fue el que desvaneció la esperanza. Este artículo dice que esos recursos se pueden destinar para financiar programas consistentes en becas o créditos educativos otorgados por el Icetex.

Pero ¿qué impacta eso en las IES públicas? Según cifras proporcionadas por el Icetex, el 87,42 por ciento de los créditos que entrega la institución van dirigidos a estudiantes que entran a universidades privadas y el 12,58 por ciento para las públicas. Inclusive, entre las 20 universidades que más créditos reciben, que en total suman 275.775 créditos vigentes del Icetex, no aparece ninguna oficial.

Mejía explica que estos créditos-beca del Icetex, que también serían utilizados para sostener el programa ‘Ser Pilo Paga’, tienen el efecto de disminuir los recursos destinados a la educación pública superior.

Mejía agrega que para el próximo año las universidades públicas recibirán 160.000 millones de pesos o el 25 por ciento de los recaudos producto del beneficio del Cree, mientras que lo demás se distribuye con la Reforma Tributaria a través del programa ‘Ser Pilo Paga’.

“Los recursos que en su momento se consideraban muy importantes para desarrollar proyectos estratégicos de las universidades públicas fueron sustituidos por un programa que en su gran mayoría beneficia a las universidades privadas”, añade Mejía.

En eso coincide Fernando Noreña, vicerrector administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira y coordinador de la comisión de vicerrectores administrativos y financieros del SUE: “Nos generaron un problema porque sabemos que cualquier recurso que se vaya al Icetex no representa dinero para las IES públicas porque los mecanismos de financiación son distintos”, explica.

Noreña asegura que debería haber una fuente de financiación independiente y específica para esos programas de becas del Gobierno. “No nos pueden meter en la misma bolsa del Icetex”, afirma.

¿Qué responde el Icetex?

El director del Icetex, Andrés Vásquez, explicó a EL TIEMPO: “Hay una equivocada concepción de que esto es una pelea por los recursos. Al final, tanto las universidades públicas como el Icetex somos instrumentos del Gobierno y estamos trabajando por un mismo objetivo que es aumentar la cobertura de la educación superior”.

Asegura que lo que se debe hacer es aunar los esfuerzos para lograr objetivos como el aumento de la cobertura: “Claro que hay que pensar en la oferta (IES), pero también en la demanda, en esos jóvenes que son de estrato 1, 2 y 3 que no pueden acceder a las públicas”.

También asegura que el crédito educativo debe evolucionar hacia las necesidades de los colombianos e introduce una propuesta que está cursando en el Congreso para convertirse en proyecto de ley: financiación contingente al ingreso (FCI).

“Con este sistema se busca reconocer las particularidades de su beneficiario. Es decir, el FCI recibirá aportes solo cuando el beneficiario perciba ingresos y de acuerdo al monto de los mismos, por ejemplo”, explicó Vásquez y añadió que algunos de los beneficios son: no necesita codeudor, no hay cobro de interés y no se tendrán reportes en las centrales de riesgo, entre otros.

Ser Pilo, ¿paga para las públicas?

De los más de 30.000 estudiantes ‘pilos’ que tiene el país, el 82 por ciento se encuentra en universidades privadas y el restante 18 por ciento en públicas, según las cifras más recientes del Mineducación.

Y es que precisamente unas de las principales críticas, que nacen en las universidades públicas y en otros sectores de la academia, es que este programa, que utiliza recursos públicos, termina enriqueciendo a las universidades privadas y que el dinero que se invierte en el mismo se debería destinar a las públicas. Solamente entre el 2015 y el 2016, el Gobierno invirtió cerca de 489.000 millones de pesos en el programa.

Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, asegura que no está en contra de Ser Pilo Paga en cuanto a su filosofía de brindar educación de calidad a jóvenes de estratos bajos. “Nuestra crítica es hacia cómo está diseñado. Más del 90 por ciento de los recursos del programa se van para las privadas. Deberíamos buscar una fórmula para que sea más equilibrado”, explica el rector.

La postura personal de Jaime Franky, vicerrector de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, es que el programa Ser Pilo Paga es un riesgo y mantendría el desfinanciamiento de la educación superior pública.

“Apoyar a las universidades públicas con recursos contribuiría más a la equidad en el acceso porque son las que reciben a los estratos 1, 2 y 3”. Además, afirma que como las públicas no cuentan con los recursos necesarios, será más difícil que sean competitivas: “Ser Pilo Paga puede agudizar esa situación”.

El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), Carlos Hernando Forero, aseguró sobre el programa que no ha tenido una evaluación externa que deje ver sus bondades y su posibilidad de sostenimiento. “El Presidente comprometió a rectores para que presenten modificaciones al programa. Ya un grupo parlamentario ha vuelto a reiterar un proyecto con otro criterio, entonces hay expectativa si sí se va a plantear como política de Estado y examinar si es sostenible a largo plazo”.

SIMÓN GRANJA MATIAS
Twitter: @simongrma