Dentro de este contexto general, los últimos días la discusión educacional ha estado marcada por el Proyecto de Ley de Presupuestos 2018, donde una de las principales noticias ha sido la pretensión del Gobierno de “congelar” la subvención por gratuidad que se entrega bajo la llamada “Ley de Inclusión” a los colegios subvencionados y sin fines de lucro, y que es la que permitiría la eliminación progresiva del copago de las familias. Las reacciones frente a ello de sectores de la izquierda de la Nueva Mayoría, de organizaciones como Educación 2020 e inclusive del diputado RD Giorgio Jackson han apuntado este hecho como un retroceso de la reforma, llegando incluso a la exageración de plantear que en éllo se juega su éxito o fracaso por la señal que entrega hacia los actores del sistema. “Un disparo en los pies”, como han dicho con gran énfasis.

Detrás de este impostado dramatismo, sin embargo, lo que realmente termina demostrándose es la profunda impotencia ante una reforma que desde un principio tuvo escasa convicción por emprender una transformación sustantiva de nuestro sistema escolar. En lugar de concentrar los recursos en la reconstrucción de la educación pública, su fortalecimiento y expansión, se prefirió optar por transitar hacia una especie de “mercado gratuito” a través de una asignación por gratuidad que en la práctica constituye un voucher más, una subvención que no pasa de pretender “abrir opciones de elección” a las familias e incentivar a las escuelas a recibirlos.

Así pues, luego de haber adoptado esta opción, el hecho de que el monto de dicho voucher dependa de la negociación anual en la Ley de Presupuestos no debiese sorprender a nadie. Es el resultado esperable de una reforma que prefirió eludir la discusión sustantiva y los acuerdos políticos con los actores sociales que estaban por fortalecer la educación pública y que, por el contrario, optó por mantener los términos del mercado de escuelas, reduciendo la discusión a cómo y en cuánto tiempo el Estado paga el precio de la elección de los que no pueden pagar. Es la consecuencia lógica del contrasentido que representa el pretender -al menos en el discurso- romper con el mercado educativo a través de los mismos mecanismos que lo sostienen, los mismos que fuerzan a competir a las escuelas unas con otras y que conciben la preocupación por los estudiantes más pobres como mero incentivo económico.

Insistimos, el déficit de esta Reforma educacional no está, ni estará, en la falta de presupuestos para su implementación -del todo esperable-, sino más bien en confundir las subvenciones al acceso con el avance en derechos sociales, y en concebir la inclusión sencillamente con la posibilidades de elección en el mercado. La implementación de la reforma educacional de la Nueva Mayoría nos muestra la urgencia de avanzar en una propuesta que permita la construcción de una educación pública como eje central del sistema escolar, que se haga cargo de los problemas de una educación altamente privatizada y que aborde adecuadamente una solución al financiamiento que permita superar el mercado en la educación escolar. De lo contrario, se seguirá traicionando a la libertad y a la democracia, aun cuando se las esgrima como argumento.

Finalmente, como curiosa paradoja del destino, no deja de llamar la atención que el “congelamiento” sea promovido precisamente por Nicolás Eyzaguirre. El mismo economista del Banco Mundial que, a comienzos de este Gobierno, aterrizó en el Ministerio de Educación empujando la “Ley de Inclusión”. Que sin escuchar a ningún actor social ni gremial, promovió un diseño de reforma basado en desplazar al copago de las familias por medio del aumento del subsidio por estudiante. El mismo que luego, en su paso por la SEGPRES bregó para atenuar y dilatar la transición para el fin al lucro, y que hoy, como ministro de Hacienda, nuevamente pretende dilatar otro de los aspectos de su diseño original. De este modo, se hace explícita su idea de la reforma: gratuidad sólo en la medida de disponer de recursos para voucher en el presupuesto. Vale la pena recordar los días de su nombramiento en Hacienda, cuando los mismos actores que hoy critican este ajuste lo señalaban como un triunfo de la visión progresista en el manejo de los recursos públicos.