Madrid se inspira en Cataluña para reformar sus universidades

Cristina Cifuentes acuerda con los rectores que los campus tengan una financiación variable supeditada a la excelencia

ELISA SILIÓ, Madrid 18 SEP 2017 – 11:34 CEST

El proyecto de ley universitaria (LEMES) de Madrid está inspirado en el sistema de Cataluña, con la esperanza de que sus seis campus públicos sean más competitivos en cuatro años. Los centros catalanes (Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona, Rovira i Virgili y Politécnica de Cataluña) lideran los rankings españoles con un modelo de financiación variable: una parte fija para los gastos básicos y otra supeditada a la excelencia (patentes o publicaciones). Además, impulsan importar talento extranjero y transferir su conocimiento a la sociedad.
Los catalanes saben muy bien lo que quieren en universidad. Muchas veces no es cuestión de tener recursos, sino de cómo se gestionan”, opina Joaquín Aldás, profesor de la Universidad de Valencia y coautor del ranking de la Fundación BBVA. “Y ellos lo han hecho bien, con independencia de que hayan mimado algunos campus, condicionando los recursos a ciertas medidas”.

Hasta la fecha, la financiación en Madrid es fija y eso no favorece la competencia. La partida variable se aplica ya en Andalucía, Galicia, Valencia y Murcia. “Todas las universidades quieren ese modelo, pero no luchar por tener dinero para encender la luz, sino, por ejemplo, competir por contar con un laboratorio de genética”, opina el diputado socialista Juan José Moreno, que fue director general de Universidades cuando Ángel Gabilondo era ministro. “La variable tiene que ser la guinda del pastel”.

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, explica que por ley la financiación fija equivaldrá a la partida de 2011 —la más alta de la historia según Educación, aunque para CC OO lo fue la de 2009— o a la de 2017 si es más favorable a la institución. Su intención es negociar los fondos con cada rector y llegar a un acuerdo en seis meses para cinco años.

La financiación ha sido un capítulo muy espinoso. El Tribunal Supremo ha obligado a Cristina Cifuentes a desembolsar 259 millones de euros en sentencias, pues entre 2008 y 2011 Esperanza Aguirre incumplió su compromiso de entregar dinero para inversiones a las seis universidades.

Los indicadores de excelencia, reconoce la consejería, no pueden ser comunes a todos los campus. De lo contrario, se castigaría —como ya ocurre en los rankings— a las universidades antiguas (Complutense o Autónoma), que ofertan carreras de letras sin rédito económico. Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos, no se opone a la financiación variable, pero reclama la inclusión de nuevos indicadores, como uno de género.
Especializar los centros

Cataluña ha primado la especialización, la internacionalización en inglés y la transferencia de conocimiento. “Son los que apuestan por los títulos 3+2 (tres años de grado y dos de postgrado), porque quieren atraer alumnado extranjero”, sostiene Aldás. La consejería madrileña pretende crear la figura del “profesor visitante distinguido” con el sueldo al menos de un titular, y le gustaría que hubiese más grados bilingües. Lo que no copia Madrid, que ha bajado un 20% las tasas de grado, es el sistema catalán en el que se paga según renta. La Generalitat se niega a recortar las tasas.

En su discurso de investidura, Cifuentes, funcionaria en excedencia de la Complutense, se comprometió a regular el sistema universitario. Tiene mucho interés en dejar ese legado, pero el tiempo es escaso. Tras casi dos años de consultas y borradores, la intención de Educación es comenzar este otoño a discutir el anteproyecto en la Asamblea, para aprobarlo hacia Semana Santa y aplicar la ley el próximo curso. Unos plazos muy ajustados. De retrasarse la norma, si pasara los trámites, entraría en vigor en la siguiente legislatura.

Los rectores de la universidad pública fueron muy críticos con el anterior borrador de LEMES, y en mayo reclamaron “cambios sustanciales”. Ahora, aunque discrepan del trato a la privada, les convence la financiación estable y que la Universidad sea “un servicio público”, lo que obliga a los campus privados a investigar y transferir conocimiento. El presidente de la conferencia de rectores, Guillermo Cisneros, ha enviado una carta a Van Grieken en la que anima a que el documento pase ya a la Asamblea.

LA OPOSICIÓN SE ENTERA POR LA PRENSA
Los rectores madrileños conocieron el nuevo texto de la ley universitaria el pasado día 8 en una reunión con la presidenta regional, pero los partidos de la oposición lo han conocido por la prensa una semana más tarde y estudian si incluye sus aportaciones. Educación dice haber escuchado a toda la comunidad educativa.

Al Gobierno le bastaría el apoyo de Ciudadanos para sacar la ley adelante, pero dada su importancia busca al menos que los socialistas se abstengan. El portavoz de Ciudadanos avanzó el eje del proyecto actual: “Señora Cifuentes, sea valiente y condicione la financiación de las universidades a la obtención de resultados”.