Santiago, 26 de Agosto de 2017

A la opinión la comunidad universitaria y a la opinión pública,

Como ya es de connotado conocimiento la Universidad ARCIS entró en proceso de quiebra a fines de febrero de 2017. Con ello se interrumpió un proceso de dos años de Administración Provisional y del debut de la Ley Especial de Educación 20.800. Dos años en los que el Ministerio de Educación alentó y respaldo las acciones del Administrador Provisional para dar continuidad a la Universidad ARCIS y evitar su cierre. Dos años que no bastaron para organizar, gestionar, reestructurar y predecir un cierre programado de la universidad.  Por el contrario, la declaración de quiebra tal como si fuera una evento divino o catástrofe natural vino a poner en evidencia las caóticas ineficiencias de la ley y la falta de eficacia las gestiones del ministerio para implementarla y conducir un proceso racional y ordenado de la institución.

Las consecuencias de estos eventos son incalculables desde el punto de vista de los procesos educativos. Pero en la práctica, al menos, señalan el punto de quiebre de un proceso de excepción que la universidad comenzó a vivir en mayo de 2014. Efectivamente, excepción en la regularidad todos los procesos de gestión educativa, en las formas de implementación del curriculum, del cumplimiento de los programas y su ajuste a los perfiles de egreso con un daño sustantivo en el aseguramiento de la calidad de la educación. No significa que las cosas no se hicieron, significa que se hicieron en “la medida de lo posible”, una práctica a la que ya estamos tan acostumbrados los chilenos. En medio de la improvisación que se generaba con la deserción sustantiva de profesores que frente al no pago de sueldos se vieron en la necesidad de: o emigrar definitivamente de la institución o de buscar otras fuentes de ingreso para sostener las actividades de la universidad. Todo esto significó un gran sacrificio para los profesores y funcionarios que se quedaron a poyar la continuidad de la universidad. Significo tener que sobrevivir durante 16 meses sin pago de sueldos y cotizaciones provisionales. Todo esto frente a la casi “divina¨ mirada del ministerio de educación que frente a la catástrofe contempla, pero no puede intervenir.

En la actualidad, después de la liquidación forzosa de la Universidad ARCIS y del despido de la totalidad de los trabajadores, la universidad ha sido administrada por el síndico Señor Cristian Herrera quien organizo una recontratación de funcionarios y profesores.

Siguiendo lo que determina la ley 22.700 el Sr. Herrera y de acuerdo a las determinaciones de la Junta de Acreedores de la Universidad ARCIS ha realizado el pago del 27.3% de las remuneraciones adeudadas a los trabajadores. El día 4 de agosto, la Junta de Acreedores junto con el síndico Sr. Herrera acordaron que con la recaudación de la venta de la Sede Libertad Nº 53, por la que se espera recaudar 3.400 millones, se pagara la totalidad de las remuneraciones adeudadas a los trabajadores. Sin embargo, inesperadamente el Ministerio de Educación decidió realizar una maniobra a través de su departamento jurídico en el 4 juzgado Civil de Santiago, en la cual se solicitó la retención de 2.000 millos para la continuidad de giro de la universidad.

Los trabajadores de la universidad agrupados en el ex sindicato numero 2 consideramos que las acciones del Ministerio constituyen una ofensa indecorosa a la dignidad de los trabajadores y sus familias al pretender apropiarse de los únicos fondos disponibles para el pago de sus garantías legales. Es inaceptable que una lectura estrecha de la ley 20.800 en lo que respecta el financiamiento de la universidad intente apoderarse de los fondos de la junta de acreedores. Conminamos al ministerio a desistir de futuras acciones jurídicas en contra de los intereses de los trabajadores y su dignidad. Y señalamos que quienes aún trabajamos en la universidad no estaremos disponibles para dar continuidad al proceso que ahora se lleva a cabo bajo la figura del Administrador de Cierre.

Saluda Freternalemente, Ex sindicato 2