DECLARACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE CON MOTIVO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE UNIVERSIDADES DEL ESTADO

El Consejo Académico de la Universidad de Santiago de Chile, organismo triestamental, valora positivamente la presentación del proyecto de ley sobre universidades del Estado que la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, ha propuesto al país, ya que este acto constituye un gesto de reparación frente al abandono que el Estado ha tenido sobre sus universidades desde hace 44 años. En este contexto, presentamos nuestra postura sobre la relación que el Estado debe establecer con sus universidades, las comunidades que las componen y el financiamiento para su eficiente y eficaz desarrollo.

Este Consejo considera que la educación es un derecho social fundamental y que el Estado debe ser garante de este derecho, especialmente, a través de las universidades que le son propias. El Estado debe ofrecer educación de excelencia y para ello requiere propiciar una institucionalidad y un marco regulatorio que le permita a sus universidades, actuar en forma oportuna ante los desafíos que deben afrontar en un contexto caracterizado por el predominio de la provisión privada de educación superior. Las universidades estatales tienen como propósito responder a los problemas país, y no a los intereses de un grupo fundador o a fines de lucro. Fueron creadas para desarrollar una misión que debe ser realizada con independencia crítica, dadas la libertad académica y de investigación que le son inherentes. Constituyen un espacio integrado por distintos estratos sociales, que se caracteriza por la diversidad de sus miembros, la no discriminación y un sentido republicano.

Evaluamos positivamente que el Estado promueva una visión articulada de las universidades estatales, pero ésta debe considerar también la relación entre ellas con el propio Estado permitiendo, por ejemplo, proponer instrumentos de políticas públicas como lo fue en su momento el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) y el Sistema de Créditos Transferibles. Valoramos, también, que se articulen las universidades estatales a través de un Consejo de Coordinación, pero es necesario precisar que se debe mirar más allá del país, coordinándose con instituciones estatales extranjeras y, en especial, con universidades latinoamericanas.

Consideramos, también, que un elemento distintivo de las universidades del Estado lo constituyen sus comunidades universitarias, las que a través de la participación en espacios tanto consultivos como resolutivos, promueven la excelencia necesaria a su actividad docente, de investigación y de vinculación con el medio. El Estado debe garantizar el principio de autonomía para que cada institución defina sus formas de estructura y gobierno universitario, a través de estatutos orgánicos que preserven tanto su singularidad, como la uniformidad de un sistema nacional de universidades estatales.

Respecto de lo dispuesto en el proyecto sobre los funcionarios no académicos, estimamos que deben mantener la calidad jurídica y ser considerados como empleados públicos, regidos por el estatuto administrativo.

En materia de recursos asociados a estas instituciones, consideramos que el convenio marco debe establecer un esquema de financiamiento global, que distinga las instituciones según sus diferentes niveles de complejidad, sus niveles de acreditación y nivel socioeconómico de los estudiantes. Este instrumento debiese garantizar un fondo mínimo basal reajustable, para mantener la operación de las universidades. Además, nos preocupa que el plan de fortalecimiento no distinga entre universidades con diferente nivel de complejidad y no establezca criterios de distribución, lo que conduciría a una competencia desigual, asunto contrario al fundamento de la ley.

Asimismo, proponemos que el comité de administración integrado por cinco rectores, debiese considerar una instancia técnica de planificación y asignación de recursos en la que participe, al menos, un invitado internacional. Rechazamos el artículo 47, que especifica las acciones concretas que deben desarrollar las instituciones para el uso de los recursos, reemplazando su configuración por un esquema general, asociado a las cinco dimensiones del sistema de acreditación universitaria. En particular, el plan de fortalecimiento debiera permitir el aumento de matrícula en las universidades estatales, con el objeto de equilibrar la brecha existente con las privadas, creadas a partir de 1981.

El Consejo Académico de la Universidad de Santiago de Chile reitera así, su compromiso con el futuro de la educación estatal del país. Participamos con esta declaración en el debate actual, en un momento crucial de la historia de Chile, historia de la que somos parte. El proyecto de ley de fortalecimiento de las universidades estatales es de suma importancia y, como tal, debe incorporar definiciones que permitan articular al sistema estatal para potenciar la colaboración y sinergia entre sus instituciones, defienda la autonomía y garantice su financiamiento para que cumpla su rol como garante de educación pública, de excelencia e impacto para todos los chilenos.

CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Santiago, agosto de 2017