Esta evolución ha hecho de la universidad una institución muy sui géneris, extraordinariamente contradictoria a primera vista. Su tradición de formación de elite se entrecruza con su rol como formadora de ciudadanía. Su especialización e investigación de punta parece incongruente con su rol como primera invitadora al conocimiento. Su espíritu comunitario y dialógico, tan necesario en la creación de ciencia y cultura, parece oponerse a sus jerarquías académicas. Su culto al talento y la calidad parece contradecirse con su vocación de aceptación de lo diverso y dedicación a la enseñanza. Su inmediatez para tratar con las personas se contrapone a la enervante lentitud en la reflexión y la mirada de largo plazo.

En la universidad conviven y se necesitan mutuamente el cirujano, el ingeniero, el abogado, cuyos tiempos son los minutos u horas, con el artista, el científico, el filósofo, cuyos tiempos son meses… o años. Comparten espacios el pintor con el tecnólogo, el historiador con el ingeniero comercial, el músico con el veterinario, el químico con el profesor y el informático, el humano y el cosmos, los átomos y los bits, el espíritu y la materia.

En fin, la universidad es un espacio donde se encuentra lo distinto, donde se crea lo nuevo, donde se explora la frontera, donde se sugiere el futuro. Esta contradictoria mezcla asombra al ciudadano común, incomoda al gobernante y al político, que buscan resultados rápidos; la hace ser aborrecida por el empresario que solo entiende de rentabilidades; la hace inexplicable para el administrador acostumbrado al orden; en fin, genera un disgusto que no es difícil de canalizar por quienes no la entienden.

Por ello es una institución muy frágil y muy expuesta. Por eso los universitarios, todos quienes viven y conviven en la universidad, son tan sensibles a su autonomía, tan recelosos de su hacer. Por eso es una institución tan compleja de administrar, de financiar y de ordenar. ¿Qué institucionalidad es la que puede conjugar la buena administración con la necesaria autonomía? ¿Qué financiamiento puede cubrir sus necesidades pero evita lanzarla al mercado? ¿Qué gobierno puede balancear las jerarquías y la participación? No son los directorios de empresa; tampoco lo es la democracia representativa; no son funcionarios externos quienes pueden dirigirla; no son inversionistas ni proyectos los que deben guiar su financiamiento. No son gerentes quienes pueden ordenarla.

Más aún si se trata de universidades en países como el nuestro, a las que les cupo y les cabe la responsabilidad de hacer país, de integrar a la ciudadanía, de investigar y pensar el futuro del territorio, de resolver los grandes problemas –esos de largo plazo y alcance– de sus habitantes. Universidades que no solo tienen la responsabilidad de la universalidad sino también la del compromiso con el territorio y la sociedad en que se desarrollan, que deben reflexionar y trazar líneas de futuro sobre nuestras riquezas naturales, como el cobre, el litio, el agua, el mar, y adelantarse y alertar sobre los temas que nos aquejan y los que nos amenazan, como la medicina al alcance de todos, el envejecimiento de la población, la diversidad y la convivencia.

En el marco anterior, queremos llamar la atención de la ciudadanía sobre los proyectos de ley sobre educación superior y sobre ciencia que están en el Parlamento, que, como si fueran materias separadas, no presentan nivel alguno de articulación.

En particular, queremos advertir sobre el proyecto de universidades estatales, que se contrapone al ser mismo de universidad, contraviniendo flagrantemente a todos estos conceptos.

Primero, se propone una administración y un gobierno corporativo para la menos empresarial de las instituciones. Se instalan interventores para la organización social que más libertad requiere para su hacer. Resulta notable que, en este escenario, las universidades privadas puedan determinar autónomamente su forma de gobierno y las universidades estatales sean obligadas a aceptar un modelo impuesto, coaccionándolas a través del financiamiento. Por otro lado, se destruye la comunidad que constituye su esencia, que le da su riqueza, asimilando el estatus laboral de quienes trabajan en ella a modelos de otros servicios u organizaciones.

Segundo, se propone un financiamiento que responde a criterios de oferta y demanda, nada más lejos de la necesaria planificación que requiere una institución cuya finalidad es mirar el largo plazo, delinear el largo alcance, educar y preparar a las futuras generaciones. Esta vez, se iguala lo privado con lo estatal, esto es, se confunde lo que responde a demandas inmediatas con lo que requiere un pensamiento estratégico. Es como financiar a las FF.AA. no solo de acuerdo al número de reclutas que logren captar sino además de acuerdo a la eficiencia con que compitan con empresas de seguridad privadas, a las que el Estado les financia su personal.

Tercero, se consolida la dispersión del sistema de educación superior del Estado, no solo igualándolo con lo privado sino también abandonando la educación técnica –con toda seguridad el núcleo esencial para el desarrollo del país– al empresariado privado y ordenándola por una regulación que no comprende la diferencia radical entre la educación técnica y una fábrica de salchichas o de tornillos. Se pierde, una vez más, la oportunidad de dotar a Chile de un sistema de educación superior que se transforme en la columna vertebral de un modelo soberano de desarrollo.

Nos preocupa sobremanera que la ciudadanía no se haya expresado ante la gravedad de lo que está aconteciendo. Pensamos que esto es parte del problema que exponemos. Estamos todos en una máquina que nos impide reflexionar, que nos dificulta salir de nuestros espacios, que obstaculiza las vías de expresión ciudadana. Llamamos a buscar medios de expresarse ante esta agresión al futuro del país y de las nuevas generaciones. Quienes saldrán beneficiados con estas leyes querrán hacerse de estas modernas máquinas de producción de conocimiento para ponerlas a su servicio, no importa que sea a costa del futuro del país. Como siempre, una vez más, los más perjudicados serán los pobres, las mujeres, los habitantes de provincias y aquellos compatriotas de menor capital cultural, quienes hoy no tienen voz para alzarla contra esta arbitrariedad y eso no es mera coincidencia.