De las más de 120 exposiciones realizadas y de la documentación presentada “no se consideró nada”, dice, asegurando que esto tendrá serias consecuencias en la autonomía de los planteles.

“Las indicaciones que presentamos prácticamente no fueron consideradas”, observa el rector de la Universidad de Concepción y vicepresidente alterno del Consejo de Rectores, Sergio Lavanchy, poniendo énfasis en que al no ser tomadas en cuenta, la independencia de las instituciones aparece seriamente amenazada. “Es un golpe a la autonomía”, dice citando al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Uno de los puntos que preocupa a Lavanchy y al Cruch en general es el traspaso del Sistema Único de Admisión a la Subsecretaría de Educación Superior, “si bien la ley dice que operará a través de un tercero, independiente quien sea, nos preocupa que salga de la esfera de responsabilidad del propio Consejo de Rectores”.

Agrega que “el proceso se selección de los estudiantes para nuestras universidades tiene que ver con la autonomía. No puede ser un ente ajeno quien seleccione a los estudiantes para nuestras universidades”.

La crítica de este traspaso apunta además a que, al ser esta Subsecretaría un organismo dependiente del Ejecutivo, las decisiones en cuanto a nombramiento de sus autoridades estarán sujetas a criterios políticos, lo que implicaría que este proceso quedaría sujeto a los vaivenes ideológicos.

“Nuevamente la autonomía, dice Lavanchy, se ve restringida a partir de otros artículos del proyecto de ley, como son la fijación de la duración de las carreras, las posibilidades de expansión de los planteles y la determinación de los aranceles, no sólo aquellos vinculados las transferencias por gratuidad, sino en términos generales.

“La fijación de aranceles debe obedecer también a una política universitaria y no ser determinada por un ente externo, para la gratuidad se acepta, está bien, pero la pregunta es por qué tiene que fijar el arancel general”.

Respecto de las reglas y prohibiciones para personas jurídicas sin fines de lucro, el Consejo planteó que dichas reglas no debían ser aplicadas a universidades que, siendo privadas, cuentan con amplia trayectoria y reconocimiento, como las de Concepción, Federico Santa María y Austral y en algunos casos, tampoco las católicas. Sin embargo “no hubo cambios en este tema. Ningún diputado de la Comisión hizo suya esta indicación y, por el contrario, hubo indicaciones para agregar también a las estatales”.

Estas prohibiciones hacen alusión, por ejemplo, a la limitación que se impone a las casas de estudios en cuanto a tener como socios a personas que tengan una relación contractual con ellas, lo que en el caso de la Universidad de Concepción obligaría a cambiar prácticamente toda su estructura jurídica, al tener en su junta de socios un importante número de académicos. “Qué mayor vulneración a la autonomía que se nos obligue a tener cierta composición en nuestra junta de socios”, lamenta el rector.

En este proceso, agrega, se iguala a la UdeC, a la USMy la Uach a instituciones privadas creadas con posterioridad al año 81. “Claramente, somos universidades sin fines de lucro”, manifiesta Lavanchy.

Tramitación

El próximo martes el proyecto llegará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y posteriormente pasará a sala para luego entrar a segundo trámite. Durante este lapso es que las expectativas estarán puestas en el rol que podrían tener los parlamentarios de regiones en instalar estos temas en la discusión, pues, por ejemplo, en la Comisión no Educación hay apenas un representante de la Región el Bío Bío, el diputado Roberto Poblete.

“La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados ha actuado de una manera que no nos satisface, no nos deja tranquilos. Creemos que debería haber un conocimiento más profundo de la realidad de las instituciones”, asegura Lavanchy.

“Causó mucho impacto negativo que en 23 horas quisieran aprobar todo, eso ya da cuenta que esto no está bien, no puede ser así, son temas muy complejos. La comisión de Educación no ha actuado con la rigurosidad ni con la información requerida”.

En este sentido, vaticina Lavanchy, lo avanzado en materia de derogación delCrédito con Aval del Estado, por lo que ya existe un reparo de constitucionalidad por parte del Ejecutivo no logre pasar ni siquiera a sala. “Eso demuestra que la Comisión está aprobando cosas que no le corresponde porque tiene que ver con financiamiento. No me cabe duda que eso el martes va a ser declarado inadmisible”, concluye el rector .