Sorprende que diputados de la llamada “bancada estudiantil” presentaran una indicación a la reforma de la educación superior (ES) para suprimir –sin mecanismo de reemplazo- el crédito con aval de Estado (CAE) a partir del 1 de enero de 2019. Más extraño es que la mayoría de la Comisión de Educación Superior la aprobara. Un gesto “para la galería”, sin duda. Por ello, tanto el Gobierno como la opisición hicieron inmediata reserva de inconstitucionalidad. Esta medida, de mantenerse, no sólo infringiría la norma sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Más grave aún, ella sería contraria al derecho a la educación. De allí que la acción de los diputados que la promovieron y aprobaron sea de una gran inconsecuencia.

En efecto, los diputados de la Nueva Mayoría reclamaron al unísono, ante una declaración del ex Presidente Sebastián Piñera que ponía en duda la continuidad de la política de gratuidad, que ello estaría en contradicción con el principio de “no regresividad” en materia de derechos sociales que consagra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues bien, si la educación es un derecho social, ¿no aplica el mismo principio a los otros mecanismos vigentes que aseguran el acceso de todos los y las jóvenes a la educación superior?

Conviene, para mayor claridad del problema, hacer un poco de Historia. Cuando se creó el CAE, el compromiso del Estado, expresado en el Mensaje de la ley y el debate legislativo posterior, fue que el sistema nacional de ayudas estudiantiles se apoyaría en cuatro mecanismos: i) Un Fondo de Becas, que agruparía las múltiples ayudas no reembolsables que entrega el Estado para ES, mejorando su focalización; ii) El Fondo solidario de crédito universitario (FSCU) para los estudiantes de las universidades del CRUCh; iii) Un Crédito Sustentable y sin exigencia de aval para estudiantes de IES autónomas acreditadas; y iv) Un Sistema de Ahorro para el Financiamiento de la ES que premie los esfuerzos de las familias de escasos recursos y clase media para este fin. El sistema integrado de Becas sigue pendiente. En cuanto al FSCU, si bien se han aprobado sucesivas leyes de reprogramación para potenciar la recuperación de créditos, sigue siendo un mecanismo deficitario. La ley 20.027 abordó los dos últimos componentes, si bien el sistema de ahorro no llegó a tener un impacto real. La idea matriz del proyecto era: “Velar porque la falta de ingresos no sea un impedimento para acceder a la Educación Superior”.

El Mensaje de la ley que creó el CAE reconoció que el Gobierno, hasta entonces, había concentrado sus esfuerzos para apoyar el financiamiento de estudiantes de las Universidades del CRUCh. Los mecanismos complementarios (créditos CORFO), a través de los bancos, se habían visto dificultados por los requerimientos de aval del mercado financiero, obstaculizando el acceso al financiamiento a miles de jóvenes. Se requerían, según el Mensaje, soluciones de largo plazo “a la falla de mercado que genera este problema estructural”.

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analizó entonces la experiencia comparada, las ventajas y desventajas de los sistemas de becas, de préstamos comerciales y créditos-renta (contingentes al ingreso), constatando que en la mayoría de los países en que hay cobro efectivo de aranceles existe una combinación de becas y créditos (Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, etc.). Cfr. Biblioteca del Congreso Nacional (2005), Historia de la ley 20.027, pp. 32-41.

El proyecto avanzó sin mayor debate o dificultad, gracias al liderazgo del Ministro de Educación Sergio Bitar y la Jefa de Educación Superior Pilar Armanet. Así, en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en general por 95 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención (16 de junio de 2004) y en particular por 90 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones (17 de agosto de 2004). En el Senado, la aprobación en general, el 27 de octubre de 2004, y la particular (8 y 23 de marzo de 2005) fue unánime (votaron 32 y 31 senadores, respectivamente). Lo mismo en el tercer trámite -sólo votaron en contra el diputado Aguiló y el senador Ávila- donde la única discusión relevante fue la exigencia de contar con acreditación para que las IES pudieran acceder al sistema.

Cuando se aprobó el CAE el Ejecutivo y los congresistas estuvieron de acuerdo en que este mecanismo venía a subsanar una inequidad histórica en el trato que el Estado daba a los estudiantes de Educación Superior. Ahora, un grupo de diputados piensa, al parecer, que sería bueno volver atrás.