Juan Enrique Vargas, profesor Universidad Diego Portales, 2 de mayo de 2017

¿ES RAZONABLE que el Estado les dé un trato preferente a las universidades que le pertenecen, tal como se propone hacer el actual gobierno y que para muchos resulta algo natural? Partamos por señalar lo obvio: lo que las políticas públicas debieran perseguir es la configuración de un sistema universitario de calidad, siéndoles en principio indiferente el tema de la propiedad. De hecho, a nivel comparado hay buenas universidades tanto públicas como privadas, siendo estas últimas las que encabezan los rankings internacionales.

Pero hay criterios adicionales que pueden justificar que el Estado transfiera recursos a unas universidades y no a otras, aunque todas carezcan de lucro y sean de calidad. Al Estado le interesa asegurar la existencia de centros de estudio neutrales ideológica y religiosamente para que nadie pueda verse excluido de la enseñanza en función de sus creencias o de la falta de ellas. Igualmente, le interesa impulsar políticas específicas, por ejemplo en materia de inclusión social, cobertura territorial, desarrollo de ciertas disciplinas o de la cultura en general. Todo ello es razonable y justifica que decida dirigir sus recursos no a todas las universidades, sino a aquellas que le garantizan el cumplimiento de esos fines a costos razonables.

Pero, ¿son las universidades estatales las únicas que pueden asumir estos objetivos de bien público? Para nada, como lo comprueba el hecho que tradicionalmente en Chile estas funciones las han desarrollado establecimientos públicos como privados en forma indistinta.

De hecho, probablemente hasta hace no mucho tiempo la mayoría de los lectores ni siquiera estuviera enterado que universidades como la de Concepción, la Austral o la Técnico Federico Santa María eran privadas y no públicas, eso porque lo que importaba era la función que desempeñaban y no lo que señalaban sus estatutos.

Ni siquiera es posible sostener que las universidades del Estado estarían en mejor pie para asumir esos desafíos.

En Chile las estatales no son más inclusivas que las privadas (mientras más selectivas son menos inclusivas), ni cuentan con una estructura de toma de decisiones en que le sea más fácil al gobierno colocar sus puntos de vista, tal como se demostró con en el caso de la Universidad de Aysén.

Tampoco son mejores que las privadas, lo que motivó a sus rectores a oponerse a que se estableciera un mínimo de años de acreditación como requisito para acceder a la gratuidad, simplemente porque algunas de ellas no los alcanzaban.

Pero así como las universidades estatales no debieran recibir un trato privilegiado, tampoco resulta razonable la situación actual en que se las sujeta a controles y limitaciones en su posibilidad de financiamiento que las colocan en desventaja.

Lo lógico es establecer un trato uniforme, desde el punto de vista de la regulación y el financiamiento, para todas las universidades dispuestas a emprender las mismas tareas de bien público, sin hacer discriminaciones injustificadas entre ellas.