“Calidad como piso mínimo” fue el título de la quinta versión de los Encuentros Temáticos Transversales del proceso de discusión de la reforma de la U. de Chile. En esta oportunidad fue el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Patricio Aceituno, quien estuvo a cargo de iniciar la discusión respecto al tema, en una actividad en la que participaron autoridades, funcionarios, académicos y estudiantes.

El profesor Aceituno inició su ponencia situando el gran problema educativo del país -también presente en otros ámbitos-: la ausencia del Estado. “Mi gran conclusión es que no se puede reformar la educación -la salud y los sistemas de previsión- dejando este Estado frágil, inepto, corrupto e ineficiente sin tocar”, planteó enfático.

Esto ha quedado ejemplificado en que, entre los factores que han atentado contra la calidad de la educación superior, está la falta de medidas estatales. “¿Qué ha hecho el Estado en este cuarto de siglo? Fue lejano y vio cómo se degradaba un sistema”, aseveró Aceituno.

Junto a ello, algunos de los elementos que han repercutido en la actual situación de la calidad educativa son el crecimiento de la cobertura y en la diversificación de la oferta. “Obviamente, como no ha habido un marco regulatorio efectivo, eso fue un caldo de cultivo para abrir una línea de negocios en la educación por sobre cualquier otra consideración”, dijo el académico.

Además, se hace presente el marketing, donde “rostros reconocidos ocultan una mediocridad abismante y por lo tanto que instala un sistema que tiene una componente de fraude reconocido y aceptado por una sociedad que somos todos nosotros”, y “eso es lo que estamos tratando de resolver”. A esto se suma “una escasa transparencia” y poca claridad respecto a qué implica estudiar una determinada carrera. Todos estos elementos “sirvieron para encubrir una notoria deficiencia en la calidad”.

Es por ello que planteó una analogía: “Respecto a quién debe asumir la defensa nacional y quien debe asumir los gastos de la seguridad pública, todos dirían ‘el Estado’, porque tiene un rol de país. Entonces, si le asignamos el rol de la seguridad pública al Estado, ¿por qué hay tanta discusión respecto al rol que éste debe tener en educación?”

Otro de los puntos abordados por el decano de la FCFM son los mecanismos relacionados a calidad que contempla el proyecto de ley, entre ellos, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior y el nuevo sistema de acreditación.

En el caso de esto último, el decano cuestionó que si bien ahora la acreditación será obligatoria y mirará a la institución de manera global, a nivel de carreras la normativa sólo acreditaría a una proporción de los programas académicos y no a todos, situación que está justificada por la cantidad de programas de pregrado que se ofrecen hoy y que alcanzan más de 11 mil.

Respecto a la Superintendencia el decano valoró la creación “de un ente del Estado que sea capaz de mantener el sistema regulado, que todos cumplan con la ley, que nadie abuse, que no haya una estafa, que el negocio quedó fuera. Todo esto estoy plenamente de acuerdo”, sólo que “mi reparo es, ¿será el Estado capaz?”, en alusión a la capacidad de gestión y los recursos que finalmente sean destinados a este organismo.

Calidad en el sistema de Educación Superior

Luego de la ponencia del decano Aceituno y de las preguntas del público los participantes se reunieron en grupos de trabajo para discutir respecto al tema del quinto ETT.

Pamela Díaz-Romero, directora de Bienestar Estudiantil, cuestionó el concepto de superintendencia como organismo de control y fiscalización ya que éstas “funcionan cuando hablamos de mercados; entonces, ¿vamos a aceptar que la Educación Superior es un mercado y por lo tanto la lógica de la regulación y lo que le compete al Estado es desde su rol subsidiario ordenar subvenciones al interior de este mercado?”.

Desde los estudiantes, Benjamín Mejías, senador universitario, planteó que “el Estado tiene que cumplir un rol principal y tiene que hacerse cargo de sus instituciones, sean universitarias, técnicas o escolares”.

Respecto al tema de la calidad, Mejías planteó que el Estado debe “imponer una regulación en cuanto al funcionamiento de las carreras, que establezca cuáles son los márgenes de acción de las universidades chilenas, más allá del tema del financiamiento”.

Finalmente Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales y senadora universitaria, destacó la relación planteada por el decano Aceituno respecto a que “no es posible pensar el conjunto de la reforma sin pensar en una transformación del Estado”, situación que se puede extrapolar “an distintos campos de la vida nacional y de la función del Estado”.

Asimismo, la académico se refirió a la necesidad de ordenar “las carreras que ofrece el sistema universitario, carreras inexistentes en otros lugares del mundo y ni siquiera pertinentes a la calidad nacional”.

Palma también planteó la pregunta respecto a cuál es la cantidad de estudiantes de bajos recursos y estudiantes mujeres que estudian en las instituciones de baja calidad educativa, y cómo esto perpetúa las desigualdades.