Iniciativa sería enviada este mes y tramitada en paralelo a la reforma a la educación superior: Mineduc opta por nueva ley para fortalecer a las Ues estatales y G9 espera que no haya “maltrato”

Planteles públicos aseguran que hay una “deuda moral” en la definición de la relación del Estado con sus planteles. Sus pares, en tanto, esperan que el proyecto no cause la “destrucción” del Consejo de Rectores.  

Javiera Herrera 

Mientras los rectores de las universidades estatales y del G9 -los dos grupos del Consejo de Rectores- enfrentaban uno de sus mayores quiebres por el trato y los recursos que les otorga el Estado, el oficialismo se reunió para definir el futuro de la reforma a la educación superior. Era fines de enero y surgía la idea de presentar una iniciativa para fortalecer los planteles públicos.

Aunque no estaba claro cómo se haría, abordar la situación de esas universidades respondería a una de las críticas que ha tenido la reforma. “Nadie duda de que tenemos que recuperar los planteles estatales, ya ni siquiera es priorizarlos”, reconocía la ministra Adriana Delpiano.

Ayer, la titular de Educación confirmó que se enviará un proyecto paralelo a la reforma para fortalecer a las instituciones estatales. Sería presentado antes de fin de mes, y más allá de abordar la eliminación de trabas burocráticas, trataría aspectos como la creación de redes entre instituciones y la investigación.

Para el presidente de las universidades estatales, Ennio Vivaldi, este camino era “inevitable”, pues “hay una tremenda deuda moral en definir la responsabilidad que el Estado tiene con la educación, pero especialmente en redefinir la relación entre este y sus universidades”.

El también rector de la U. de Chile añade que el Estado se ha “desentendido de su responsabilidad con la educación superior y se la ha entregado a los privados”. También sostiene que en el país, “para los estándares mundiales de educación pública, no hay planteles que funcionen bajo el esquema de una universidad pública”.

Según el rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, el proyecto “es una buena noticia, toda vez que el sistema que rige hoy a las estatales no funciona, porque tiene una serie de restricciones”. A su juicio, se necesita una “política nítida de cómo poder consolidar a las estatales”, con normas que potencien la calidad.

“Discriminación”

El G9, en cambio, se mostró escéptico. Su presidente, Claudio Elórtegui, asegura que hay que conocer el contenido, pero espera que “no se profundice el maltrato que ha caracterizado la política de este gobierno hacia las no estatales del CRUCh, y que se expresa en la reforma”. Añade que “no estaremos de acuerdo con políticas públicas que tengan que ver con una discriminación” en el Consejo.

En esa misma línea, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, asegura que “todos los planteles del Consejo requieren un mayor reconocimiento de su labor y un apoyo para potenciar el desarrollo futuro”. Y afirma que hoy los del G9 presentan, entre otros, “mayor calidad, equidad y creación científica”.

Sánchez agrega que “al desatender las necesidades del G9 se dañaría de manera profunda e irreversible la labor del CRUCh. No creo que el Gobierno quiera como legado el destruir una institución que ha apoyado el desarrollo de la educación superior”.

La ruta de las indicaciones
“Aceleradamente” trabaja el Ministerio de Educación en las indicaciones al proyecto de reforma a la educación superior. La próxima semana serían presentadas a los partidos de la Nueva Mayoría y luego ingresarían a la Cámara de Diputados.