Educación superior: política insostenible

Una que, transcurridos tres años, sigue sin articularse técnicamente y que en vez de ganar respaldo, lo pierde.

José Joaquín Brunner, 15 de enero 2017
¿Qué gobierno en su sano juicio político aplicaría una política que perjudica directamente a una de las dos universidades de mayor prestigio y proyección internacional del país (la PUC)? ¿Una política que además desvaloriza y frena a otras ocho instituciones (del G9), tres de las cuales (UDEC, UTFSM Y UACH) se cuentan entre las seis más reputadas universidades de investigación? ¿Una política contenida en una glosa presupuestaria que por su corta duración mantiene en vilo al sistema? En fin, ¿una política que transcurridos tres años sigue sin articularse técnicamente y que, en vez de ganar respaldo, lo pierde?
Tal es, precisamente, la política que el Gobierno insiste en llevar adelante, en medio de contradictorias señales.
La propia ministra de Educación reconoce ahora que la gratuidad universal es una estrella distante y que mientras dure la navegación deberá preservarse un esquema de crédito estudiantil. Líderes parlamentarios oficialistas rechazan públicamente la glosa recién aprobada por no favorecer suficientemente a las universidades estatales. Otros, luego de aprobar a regañadientes esta política, declaran que nunca debió impulsarse, pues era equivocada e inviable desde el primer día.
Entretanto, el rector de la PUC impugnó esta política ante los tribunales, en defensa de derechos que, con razón, estima vulnerados. Por su lado, el rector de la UCH admite que la gratuidad universal es inalcanzable, reclamando que debe “ser universal para todas las estatales” solamente. El derecho se reduce así a un instrumento de financiación institucional.
A su turno, el proyecto que pone en marcha la reforma se halla estancado en suspenso en el Congreso Nacional, a la espera de una indicación sustitutiva anunciada por la autoridad. Nada indica que el Mineduc haya preparado seriamente esta indicación.
Al contrario, el desorden aumenta. Mañana, la Presidenta Bachelet anunciará la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, mientras el proyecto que se tramita en el Congreso establece una Subsecretaría de Educación Superior, encargada de las políticas para la ciencia académica. Más coherente sería pensar en un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tal como existe en otros países y varios informes han propuesto también para Chile.
En breve, al iniciarse el año final del gobierno de Bachelet, el balance sectorial es desconcertante.
Por lo pronto, el sistema no presenta variaciones importantes. En vez de la “gran” transformación, el anunciado cambio paradigmático y estructural, el cuadro es de esencial continuidad. La provisión mixta se ha consolidado en la práctica, a pesar de que la política oficial no la favorece. El sector privado mantiene idéntica cuota de participación en la matrícula total.
Los cerca de 350 mil estudiantes que ingresan este año a la educación superior, se distribuirán -igual como hace tres años- entre las mismas instituciones académicas, profesionales y técnicas. Averiguan, ahora todavía más que antes, si acaso su institución de preferencia está acreditada o no. Igual que ayer, deben distinguir entre información veraz y publicidad engañosa.
A su turno, las instituciones compiten intensamente por alumnos, recursos y prestigio. Lo hacen bajo regulaciones que prácticamente no han sido mejoradas. El financiamiento del Estado -hoy igual que ayer- se dirige en parte hacia la oferta y en parte se destina a sostener un masivo esquema de becas y créditos. Los aranceles (nominales y de referencia) permanecen como un tema prioritario en la agenda.
Paradojalmente, la única modificación que cabe destacar -aunque incremental y de continuidad- es la ampliación de la gratuidad focalizada en necesidades sociales y méritos, previamente limitada a becas fiscales e institucionales. Ahora cuenta con un subsidio directamente asignado a las instituciones, favoreciendo a las privadas de nivel técnico-profesional.
En cuanto a las dos nuevas universidades regionales del Estado y a los centros estatales de formación técnica, su sello es doble: improvisación y cero innovación. Por ahora sus resultados son inciertos.
El efecto más visible de esta política gubernamental es que ha deteriorado la gobernabilidad del sistema. Las directrices ministeriales se volvieron erráticas y contradictorias. La debilidad político-técnica del aparato encargado de la educación superior alcanza un nivel crítico. La falta de visión, estrategia y gestión resultan apabullantes. Abundan el desconcierto y la confusión. El CRUCh ha abandonado su carácter institucional y mandato legal, para convertirse en una federación malavenida de grupos de presión corporativa.
Todo esto ha impedido avanzar en aspectos claves. No se ha renovado el marco legal y conceptual del aseguramiento de calidad. Las regulaciones para guiar el mercado y proteger el interés de los estudiantes continúan pendientes. No hay estímulos para innovar en el plano docente y garantizar el aprendizaje de competencias del siglo 21. El apoyo para la investigación y transferencia de conocimientos se ha diluido. Tampoco existe, más allá de la usual retórica, una visión sobre el futuro de la educación técnica, la creación de institutos tecnológicos y la vinculación entre universidades, empresas y gobierno.
Es importante conocer qué responde el Gobierno frente a este cuadro de negativas -pero fundadas- evaluaciones. Y saber en qué materias introducirá rectificaciones en lo que resta de su administración.
¿O estamos condenados a esperar la próxima glosa de 2018?
“El efecto más visible de esta política gubernamental es que ha deteriorado la gobernabilidad del sistema. Las directrices ministeriales se volvieron erráticas y contradictorias. La debilidad político-técnica del aparato encargado de la educación superior alcanza un nivel crítico. La falta de visión, estrategia y gestión resultan apabullantes. Abundan el desconcierto y la confusión. El CRUCh ha abandonado su carácter institucional y mandato legal, para convertirse en una federación malavenida de grupos de presión corporativa”.