Ciencia sin alma (II): propuestas para cambiar el paradigma de la investigación en Chile

9 de enero, 2017

“No debe ser siervo el hombre del conocimiento, sino que el conocimiento debe estar al servicio del hombre”. Friedrich Nietzsche, parafraseado de Gaya Ciencia.

La actividad científica como cualquier otra actividad humana está sujeta a sesgos y responde a incentivos. Por ello requiere de políticas públicas que la encaucen y regulen. Como mostramos en una columna anterior, la política científica chilena se rige por el esquema neoliberal instaurado durante la dictadura cívico-militar (ver Ciencia sin alma: la impronta neoliberal en la investigación científica chilena). Esta ideología ha permeado esta actividad a través de una serie de mecanismos, entre los que destacan el financiamiento hiper-competitivo, la liberalización de las temáticas de las investigaciones y el fomento excesivo a la innovación productiva en desmedro de otras áreas.

Esto en ningún caso significa sostener que cada investigación individual tenga un sesgo neoliberal, sino que ese sesgo está presente en la actividad científica chilena como un todo.

Dada la complejidad propia de la actividad científica, existen una serie de contradicciones en la comunidad de investigadores que hacen que el problema del financiamiento de la ciencia y sus implicancias políticas sea un tema difícil de abordar sin despertar pasiones. Lo que nos mueve a escribir este segundo texto es la convicción de que la comunidad científica necesita reflexionar y discutir con la mente abierta sobre el futuro de la ciencia en nuestro país.

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¿CIENCIA ÚTIL?

Una contradicción primordial en el discurso científico que ha imperado hasta ahora es que la ciencia no tiene porqué ser útil. Sin embargo, este discurso cambia cuando se solicita financiamiento público, pues se argumenta que la ciencia es clave para el desarrollo y el bienestar de la población.

Obviando esta contradicción y asumiendo que la ciencia sí debe ser útil para la sociedad que la financia, emerge una discusión mucho más relevante: ¿qué se entiende por útil y qué mecanismos le permiten a la ciencia serlo?

En la visión de quienes defienden la ciencia como una actividad objetiva e imparcial (y, por lo tanto, como una actividad que no debe ser guiada por el Estado), la utilidad del conocimiento viene dada exclusivamente por el valor intrínseco de éste.

Sin embargo, aunque todo nuevo conocimiento tiene un valor, es evidente que en un contexto de recursos limitados, ciertos temas recibirán más y mejor financiamiento en desmedro de otros que simplemente se quedarán sin ser investigados. Es en esta elección donde el modelo hiper-liberalizado ha generado desequilibrios que van más allá que el valor intrínseco del conocimiento.

Pongamos un ejemplo: el conocimiento nuevo en torno al virus sincicial es tan valioso como el conocimiento nuevo sobre el virus Ébola, si lo vemos desde la óptica del valor propio del conocimiento. Sin embargo, en un contexto de recursos limitados, existe la posibilidad de que solo una de ambas investigaciones se pueda financiar. Entonces, qué conocimiento tiene mayor valor: ¿aquél sobre un virus que causa el 80% de las infecciones respiratorias durante el invierno o aquél sobre un virus que no ha enfermado a nadie en nuestro país? La valorización del conocimiento es subjetiva, y por lo tanto, relativa al contexto en que se encuentra.

Es en este contexto que operan los sesgos y vicios descritos en la columna anterior, ya que el sistema de financiamiento actual puede ciertamente inclinar la balanza por razones ajenas al contexto geográfico/ demográfico/ social o incluso ajenas a la ciencia misma. Dos proyectos de investigación que pretendan estudiar los respectivos virus del ejemplo anterior, aun con el mismo nivel científico, tienen posibilidades desiguales de ser seleccionados a través del sistema hiper-competitivo actual. Algunos de los factores que influyen en esta probabilidad, o sea en su competitividad, son:

La madurez de las temáticas. No todas las áreas del conocimiento cuentan con el mismo número y tipo de investigadores. Hay algunas áreas donde existen grupos de investigadores/as articulados y con vasta experiencia, los cuales se conocen entre ellos, organizan congresos, poseen la infraestructura y la tecnología necesarias y tienen el conocimiento técnico suficiente. Las investigaciones que emerjan de estas áreas tendrán muchas más posibilidades de obtener financiamiento frente a una temática novedosa donde no hay un cuerpo investigativo maduro[1].
El efecto internacional. Si una de las temáticas es estudiada profusamente en los grandes centros de pensamiento del primer mundo, investigaciones en esa área tendrán más posibilidades de establecer contactos y financiamiento internacionales, pasantías en países líderes en investigación, acceso a literatura más desarrollada, acceso a tecnologías de punta, acceso a revistas científicas más prestigiosas, entre otras ventajas. Esto no ocurrirá si se trata de una temática local.
Capacidades administrativas y de gestión. Si un director o directora de proyecto tiene mejores capacidades para administrar y gestionar proyectos, tendrá mayores posibilidades de adjudicarse el financiamiento. No porque estas características sean evaluadas directamente en los concursos (como algunos lectores malentendieron del artículo anterior), sino porque mejoran la presentación y el manejo de los proyectos. Por ejemplo, saber diseñar correctamente un proyecto en los códigos que se evalúan o la capacidad de diseñar una investigación que maximice la cantidad de publicaciones o la habilidad de manejar o sostener una mayor cantidad de estudiantes, son habilidades clave a la hora de solicitar fondos, pues sus efectos sí son evaluados en los concursos. Un investigador o investigadora que carezca de estas habilidades tendrá una menor probabilidad de recibir fondos y eso no solo castiga a la o las personas involucradas, sino que también al tema que se pretendía investigar.

“Ningún esfuerzo será fructífero si no cambiamos el paradigma actual que entiende la investigación científica como una sumatoria de eventos individuales”.

En un mundo ideal los factores antes descritos estarían uniformemente distribuidos en todas las áreas del conocimiento, pero esto no ocurre porque no vivimos en la idealidad ni la naturaleza se rige por ella. Bajo un esquema de financiamiento hiperliberalizado como el chileno, operan los sesgos descritos para fomentar cada vez más ciertas áreas de investigación en desmedro de otras de igual o mayor importancia para la sociedad actual. Esto es particularmente grave para las temáticas locales que históricamente se han desarrollado poco. Justamente dentro de ellas, encontramos varias ligadas a problemas nacionales que reclaman urgente solución, como la biodiversidad, la superación del extractivismo, la protección de los ecosistemas, la planificación urbanística, el estudio de enfermedades de prevalencia local, solo por nombrar algunos.

Una forma de resolver estos desequilibrios es enfrentar el hecho de que el conocimiento tiene un valor subjetivo o relativo. Buena parte de los países, especialmente en el Primer Mundo, definen uno o varios grandes objetivos a cumplir que guían a la investigación científica. El Estado define políticas, prioridades y presupuestos con ese objetivo. Es lo que algunos llaman una gran utopía: llegar a la Luna, curar alguna enfermedad, superar el subdesarrollo, reconstruir un país devastado por la guerra, entre otros.

Pongamos un ejemplo para graficar todo lo comentado hasta ahora: el descubrimiento de la penicilina. Este es uno de los ejemplos favoritos de los científicos para intentar demostrar que es la ciencia sin enfoque o sin agenda la que genera utilidad o bienestar para la sociedad. Más nadie considera en su análisis que este descubrimiento azaroso, nace en un contexto donde Alexander Fleming -y otros investigadores- estaban dedicados a estudiar las infecciones bacterianas que habían acabado con la vida de miles de ciudadanos ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Si no hubiese sido por ese contexto, donde existía un ecosistema investigativo – infraestructura, colegas, financiamiento – motivado por el objetivo superior de salvar vidas, difícilmente Fleming podría haber comprendido y aprovechado el azaroso descubrimiento de la penicilina. Así como éste, podemos mencionar muchísimos otros ejemplos, como los descubrimientos tecnológicos asociados a la exploración espacial o la carrera armamentista desatada a luego de la Segunda Guerra Mundial.

Es más, el popular y mundialmente conocido I-pad no sería una realidad si el gobierno de Estados Unidos no hubiera invertido en investigación tecnológica en defensa y comunicaciones con el objetivo superior de resguardar su seguridad nacional. Investigación con financiamiento público que también permitió la creación de internet, el GPS, las pantallas táctiles, entre otros. En palabras de la economista Mariana Mazzucato, “el problema es que la historia que se cuenta sobre el éxito de Apple olvida el rol público” y que aunque muchos tienen la percepción de que Estados Unidos es el epítome del libre mercado, “es en realidad el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la innovación”[2].

A pesar de estos y otros muchos ejemplos, existen aún un número de descubrimientos de impresionante utilidad hoy que no nacieron al alero de una misión determinada sino que sólo por el azar o la curiosidad del o la investigadora. Sin embargo, no nos parece prudente dejar que la utilidad de miles de millones de pesos invertidos anualmente por el Estado en investigación dependa del azar. Para el matemático argentino Oscar Varsavsky esta utilidad potencial de la ciencia era algo muy irracional: “Ese valor potencial que tiene cualquier descubrimiento científico es el que tendría un ladrillo arrojado en cualquier lugar del país, si a alguno se le ocurriera construir allí una casa, por casualidad. Es posible, pero no se puede organizar una sociedad, ni la ciencia de un país con ese tipo de criterio. Hay que planificar las cosas. No todas las investigaciones tienen la misma prioridad; ellas no pueden elegirse al azar ni por criterios ajenos”[3].

Es nuestro deber como sociedad y en particular como comunidad científica, buscar soluciones racionales a los problemas de la nación y al destino de todo ese dinero aportado por cada uno de nosotros (pues proviene de nuestros impuestos), ya que, en un país como Chile, los problemas son muchos y los recursos son siempre limitados.

PROPUESTAS

Para cambiar el actual sistema de investigación nacional, un primer y fundamental paso es entender que la investigación científica debe estar explícitamente orientada al interés público o bien común, pues debe retribuir de alguna forma a la sociedad que la financia. Por cierto, esto no significa abandonar la ciencia más básica o la innovación empresarial basada en ciencia y tecnología, sino que resignificarlas en función de este objetivo macro que es el bien común y ponerlas en sintonía con un proceso continuo de creación de nuevo conocimiento.

“(Lo que hoy genera la ciencia es) un cúmulo de conocimiento fundamental de muy buena calidad, pero que difícilmente impacta en otras esferas aparte de la académica”.

Para darle cuerpo al concepto de bien común, hace falta definir prioridades. Estas prioridades – tanto globales como locales- deben ser discutidas y definidas por la sociedad en su conjunto, representada de distintos modos (organizaciones ciudadanas, gremios profesionales, expertos, representantes políticos, sociedades científicas, sindicatos, etc.), mediante mecanismos democráticos y transparentes.

En ningún caso esto significa que el Estado decidirá qué debe hacer y no hacer cada laboratorio o grupo de investigación en particular, sino que las prioridades ofrecen un paraguas bajo el cual se gestan relaciones y colaboraciones entre las diversas investigaciones. Tal como ocurrió, por ejemplo, con la carrera espacial en Estados Unidos. Esa política nacional no implicó que cada investigación fuera forzada a fabricar partes de cohetes o a calcular órbitas de satélites, sino que las relaciones que se establecieron entre los nuevos conocimientos generados estaban orientadas a cumplir este objetivo, sin pretender solucionar problemas puntuales en lo inmediato.

Una forma democrática de definir las prioridades está en las antípodas de lo que se ha hecho hasta ahora, tal como ocurrió con la política de clústeres, definida entre expertos de la innovación a puertas cerradas, teniendo como único horizonte el tema productivo.

Aunque una definición democrática de prioridades parece algo lejano y difícil de concretar, podría considerarse parte de la corriente mundial de participación social/ciudadana en la toma de decisiones, que por cierto no debe confundirse con los modelos de planificación centralizada típico de los socialismos de la órbita soviética. La historia también puede mostrarnos algunos ejemplos interesantes sobre participación científico/ciudadana, como el Primer Congreso Científico realizado en 1972 (que incluyó a investigadores de todas las disciplinas), donde se discutieron los desafíos de cada disciplina y cómo éstas podían aportar a las necesidades del país.

Es esperable que al definir áreas prioritarias dentro de un marco de bien común, ellas deberían estar relacionadas con los problemas que enfrenta el país, sus desafíos futuros y sus condiciones naturales.

No obstante, ningún esfuerzo será fructífero, incluso el definir prioridades, si es que no cambiamos el paradigma actual que entiende la investigación científica como la sumatoria de eventos individuales. Es imprescindible empezar a entender la creación de conocimiento como un proceso colectivo y continuo, guiado por un marco general de interés público y no como un conjunto de eventos aislados motivados exclusivamente por criterios personales.

La concepción de la investigación como un proceso implica que debe existir un flujo continuo de conocimientos por lo menos en dos dimensiones. Una dimensión, son las áreas del conocimiento y sus disciplinas; y la otra, el ámbito de acción de cada investigación. Pongamos un ejemplo: la investigación relacionada a los terremotos. Por un lado, debe existir un flujo de conocimientos entre las distintas disciplinas: química del suelo, geología, arquitectura, ingeniería, psicología, sociología, historia, por nombrar algunas. Es lo que se conoce como transdisciplinariedad. Pero por otro lado, es fundamental que el conocimiento fluya entre los diversos ámbitos de acción de las investigaciones, ya que no todo el conocimiento impacta o influye de la misma forma. Algunas investigaciones buscan crear conocimiento fundamental; otras buscan crear conocimiento que permita intervenir socialmente; otras impactarán en el desarrollo de protocolos o reglamentos de ley y están también las que buscarán desarrollar tecnología innovadora. Las investigaciones con diferentes tipos de impacto (independiente de la disciplina) deben interactuar fluidamente.

Volviendo sobre el ejemplo de los terremotos, para que el conjunto de investigaciones sean realmente valiosas e útiles en su conjunto no sólo deben ser transdisciplinarias, sino que también deben dialogar con el conocimiento fundamental sobre las placas tectónicas, tipos de suelo, la sensibilidad de la población o la resistencia de los materiales y el conocimiento sobre modelos de evacuación eficientes, métodos pedagógicos orientados a la prevención, relación entre tipos de suelo y resistencia sísmica, tecnología de construcción anti-sísmica; estudios comparados sobre legislación regulatoria en la materia, o desarrollo de aplicaciones para celulares relacionadas con alarmas y evacuaciones, entre otras.

Si el conocimiento fluye solo en la dimensión de las disciplinas, tendremos lo que ocurre hoy: un cúmulo de conocimiento fundamental de muy buena calidad, pero que difícilmente impacta en otras esferas aparte de la académica. Por otro lado, tenemos un enorme número de leyes, reglamentos, protocolos o planes educativos que carecen de solidez disciplinaria o simplemente se han hecho ignorando la evidencia científica al respecto, pues no hay mecanismos para que reciban el conocimiento fundamental de manera armónica y menos participan de su generación. Nuestra tesis apunta a que un flujo armónico de conocimientos en estas dos dimensiones podría hacer que las investigaciones tengan sentido fuera de sus acotadas especialidades y apunten en un corto o largo plazo a solucionar problemáticas de interés público.

“En el mundo de la innovación no existe una interacción dialogante entre el conocimiento más básico y el conocimiento aplicado al mercado”.

La situación actual es análoga a una orquesta con músicos expertos en sus respectivos instrumentos. Por más que sean músicos muy talentosos y sus instrumentos sean de la mejor calidad, si no se conocen, si no han ensayado juntos, si no conocen las mismas canciones o si no tienen un director, difícilmente sonarán armónicamente como una orquesta profesional.

Actualmente, la colaboración y la interdisciplinariedad son valorados en los fondos concursables, pero en la práctica, estas colaboraciones carecen del flujo de conocimiento descrito. A lo sumo, este flujo se da entre investigaciones de una misma área, muy poco entre diferentes disciplinas y nada entre investigaciones con distintos ámbitos de acción.

Este problema es evidente en el mundo de la innovación, pues no existe una interacción dialogante entre el conocimiento más básico y el conocimiento aplicado al mercado. De hecho, esto ha sido identificado como una de las posibles causas de las falencias en las políticas de innovación. Sin embargo, sin cambiar el paradigma actual de la ciencia chilena, la única solución posible es simplemente prescindir del flujo de conocimiento en las dos dimensiones y financiar investigaciones que hagan todo el recorrido, desde el conocimiento científico fundamental hasta la innovación empresarial en un único proyecto o un único grupo.

Esto es lo que hacen fondos relativamente nuevos -como IdeA o GoToMarket- y el fomento a la creación de incubadoras de negocios en las mismas universidades, para que ayuden a los investigadores a convertir su conocimiento en un emprendimiento empresarial.

Nuestra propuesta práctica para fomentar el flujo continuo de conocimientos y entender la investigación científica como un proceso, descansa fundamentalmente en las instituciones. Instituciones públicas como las universidades y los Centros de Investigaciones Estatales (CIE)[4] son las llamadas por definición a crear conocimiento nuevo y cobijar un ecosistema investigativo adecuado para el florecimiento de la ciencia. Sin embargo, bajo el actual esquema neoliberal estas instituciones deben autofinanciarse, carecen de financiamiento estable y están a merced del mercado de la educación (en el caso de las universidades), lo que les hace muy difícil mantener dichos ecosistemas.

Así, tanto las universidades como los CIE debieran contar con financiamiento basal mayoritario y estable de origen estatal (no sujeto a la competencia que impone el financiamiento vía fondos concursables), lo que permitiría a estas instituciones sostener un ambiente adecuado para el desarrollo de la investigación donde se dé naturalmente el flujo de conocimientos en las dimensiones descritas anteriormente.

Contando con los recursos necesarios ambos tipos de instituciones podrían plegarse a las prioridades nacionales, así como definir sus propios objetivos locales, en función de su contexto geográfico y demográfico, o de su misión en el caso de los CIE, y por cierto, interactuar entre ellas. Podrían también sostener sus propias investigaciones sin que ellas queden sujetas a la volubilidad de los mecanismos concursables.

Este tipo de propuestas despierta temor real entre muchos investigadores, pues en las instituciones estatales existe una burocracia muchas veces inmovilizante. De allí que, lo razonable sea trabajar para derrumbar las barreras burocráticas que entrampen los objetivos definidos para el quehacer científico nacional, en lugar de anidar la investigación en otros lugares dejando a las universidades a su suerte, como está ocurriendo actualmente, o como ocurrió décadas atrás con los CIE, los que se han convertido – los que sobreviven – en meros fiscalizadores o prestadores de servicios con exiguos presupuestos[5].

Con financiamiento público estable para las instituciones se podrán definir y financiar grupos de investigación sin incurrir en la precariedad laboral a la que hoy obliga la hiper-competencia, incluyendo profesionales, técnicos y personas en formación (tesistas de pregrado y postgrado). La ampliación de las plantas académicas y profesionales, además, ayudaría a absorber la constante llegada de jóvenes altamente especializados que no encuentran en el modelo actual ofertas laborales acordes a su nivel académico y a su capacidad de aportar al país. Estabilidad laboral en conjunto con estabilidad institucional podría incluso dar más posibilidades de realizar investigación realmente motivada por la curiosidad o al menos más de las que da el actual régimen de hiper-competencia.

Por cierto, para asegurar que esto funcione se debe considerar una evaluación regular de las investigaciones, incluyendo reporte de resultados, rendición de gastos, generación de productos (aunque no como centralidad), vinculación con otras investigaciones y evaluación de pares, con la misma rigurosidad con la que se hace hoy en día.

Por último, hay ciertos asuntos a resolver que deben ser analizados en función de los objetivos planteados. La inclusión de instituciones privadas, para generar un esquema institucional mixto, podría presentar ciertas ventajas considerando el actual estado de abandono de las instituciones del Estado y el tiempo que tomará reconstruirlas. Por lo tanto, además del financiamiento basal a las instituciones estatales, se podrían implementar planes complementarios de financiamiento que permitan el desarrollo de la investigación científica en instituciones privadas.

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CONSIDERACIONES FINALES

Los actuales debates en torno al sistema de investigación nacional se han centrado en cuánto dinero se le asigna y cómo debería ser la entidad que lo administre. Poco se ha dicho del modelo que rige la investigación y que sustenta los actuales mecanismos de financiamiento y evaluación. Por ello, en la columna anterior intentamos articular una teoría que explique integralmente todo el esquema de creación de conocimiento nacional, asociándolo al modelo neoliberal instaurado en Chile.

Respecto de la conexión entre la investigación científica y la sociedad, el discurso público se reduce a insistir en la innovación productiva como si fuera la única forma de aplicar el conocimiento. Al mismo tiempo, la academia reacciona al creciente fomento a la innovación refugiándose en una pretendida curiosidad como motivación absolutamente objetiva, ignorando activa o pasivamente el conjunto de sesgos e incentivos multifactoriales que hacen que esta objetividad sea sólo una ilusión.

En efecto, frente a los diversos análisis críticos, la academia ha hecho una defensa cerrada de los actuales fondos competitivos, como Fondecyt, argumentado que son los más importantes apoyos a la ciencia nacional, que sin ellos no habría ciencia en el país. Este es un argumento muy pobre, pues desde las reformas del ‘80 este esquema ha sido la principal fuente de financiamiento de la investigación científica y, obviamente, mientras siga siendo mayoritario será lo más importante.

Lamentablemente, estas defensas cerradas son ejemplos claros de cómo los científicos no hemos sabido llevar la discusión a un plano más global y seguimos enfrascados en discusiones de forma, que no hacen más que perpetuar un modelo que no hemos cuestionado en lo absoluto.

En cuanto a la contingencia, un tema relevante que ha emergido es la precariedad laboral en el sistema científico nacional. La demanda por condiciones laborales dignas toca un tema crucial de la política científica, pues esta precarización es consecuencia directa de la asignación hiper-competitiva de fondos que existe actualmente.

La solución de este problema -si bien puede no cuestionar los cimientos del modelo de investigación descrito- a nuestro juicio sí es una cuestión urgente de resolver. Aun así, una parte de los investigadores nacionales, particularmente los miembros del consejo superior de Fondecyt, se han opuesto a dar soluciones al problema laboral (o sea, a respetar la ley), esgrimiendo argumentos como que“se haría peligrar la libertad de los investigadores a realizar su trabajo” lo que queda de manifiesto en la respuesta elaborada por el consejo antes mencionado a la propuesta sobre derechos laborales de la agrupación Ciencia Con Contrato. Los argumentos son prácticamente los mismos usados otrora para oponerse a leyes laborales como el post-natal, el sueldo mínimo o la indemnización por despido.

En cualquier lugar del mundo, una comunidad científica que se precie de tal, debe tener capacidad de reflexión y discusión. Cerrar el diálogo, aduciendo su dificultad práctica o la urgencia de ciertos problemas, implica un conservadurismo difícil de entender de parte de aquellos que están llamados a tener una mente abierta y predisposición al cambio.

Es importante que como comunidad científica generemos espacios de debate e intercambio de ideas para discutir el futuro de la ciencia en nuestro país. Por lo tanto, extendemos este llamado a la comunidad científica nacional a debatir organizadamente sobre qué queremos para la ciencia y cómo pretendemos que el conocimiento sea capaz de aportar a nuestro país y a la sociedad.

([1]) Esta situación ha sido descrita por el afamado biólogo estadounidense Bruce Alberts para la investigación biomédica norteamericana. Para profundizar revisar “Rescuing US biomedical research from its systemic flaws” PNAS 111(16): 5773 (2014).

[2] Situación descrita en su libro “El Estado emprendedor”. Extracto tomado de la entrevista realizada por Juan Andrés Guzmán para CIPER y publicada en abril de este año.

[3] Para mayor información sobre Oscar Varsavsky y su corriente de pensamiento visite https://elgatoylacaja.com.ar/cientificismo-magico/

[4] Algunos de estos centros son la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), el Instituto de Salud Pública (ISP), el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre otros. Para ver una lista más o menos actualizada se puede revisar https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_de_investigaci%C3%B3n_del_Estado_de_Chile. Para profundizar respecto a la historia de los CIE se puede consultar “Vertientes no universitarias de la ciencia en Chile” [en inglés] J Phys Conf Ser 720 (2016).

[5] Situación ampliamente estudiada por Leopoldo Soto, miembro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.