Firmar un pacto educativo sería algo inédito en 40 años de democracia. El acuerdo, hasta hoy imposible, podría verse favorecido por un momento político inédito, con un Gobierno en minoría que necesita recabar apoyos. 9,5 millones de estudiantes, desde la educación infantil a la universidad, se verán beneficiados. Las altas tasas de fracaso, las posiciones modestas en las clasificaciones internacionales, los recortes y el futuro incierto de las próximas generaciones lo hacen más necesario que nunca.

España, campeona de Europa en alumnos que dejan el aula antes de tiempo, está saliendo de una crisis que le ha supuesto perder 7.300 millones de euros de gasto educativo en seis años (ahora se invierten 46.000 millones entre Administraciones, entidades y familias) y ha dejado a 33.000 profesores en el camino (-8%).

El nuevo gobierno encara esta etapa con un compromiso urgente encima de la mesa: cerrar en seis meses un pacto educativo inédito que “que dure para 10 o 15 años, que dé seguridad y certeza”, en palabras del ministro Íñigo Méndez de Vigo, que repite esta legislatura al frente de Educación.

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Más allá de si existe una opción real de cerrar un pacto entre fuerzas políticas dispares, la cuestión de fondo es hacia dónde se debe encaminar un sistema educativo en ese panorama de cambios vertiginosos al que alude Riley.

“La escuela vive una crisis institucional que afecta a sus funciones, a su relación con el entorno y a su estructura interna, a la vez que una transformación radical de su público, el alumnado, es acompañada por el anquilosamiento de su principal agente, el profesorado”, define el sociólogo de la Complutense Mariano Fernández Enguita en su libro reciente La educación en la encrucijada, de la Fundación Santillana. Así lo catalogó en una entrevista el pensador educativo Ken Robinson -cuya charla TED ¿Matan las escuelas la creatividad? es la más vista de la historia- : “La gente piensa que es una excentricidad decir que la escuela funciona como una fábrica, pero es cierto. Se divide en compartimentos separados, a los que la gente acude durante unas horas fijas; los días se distribuyen en bloques de tiempo y los alumnos son evaluados de forma periódica para saber si son aptos para seguir ahí”.

Los informes PISA de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), que evalúan a alumnos de 15 años de una treintena de países, sitúan a España en una posición que muchos consideran mediocre, entre cinco y 10 puntos por debajo del promedio en las materias analizadas: Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias. Pero existen comunidades autónomas que superan esa media y se acercan a la modélica Finlandia, como le pasa a Navarra en Matemáticas.

En su último gran informe educativo, la OCDE situaba el gasto educativo españolpor debajo de la media de los 35 países que la integran en todas las etapas. Y advertía a España: “Una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible”.

Pero la estadística que peor deja al país es la referida al abandono educativo temprano, los jóvenes que dejan los estudios con, como máximo, el título de la ESO bajo el brazo. El último dato disponible es el más bajo de la serie histórica, un 19,4%, pero aún así resulta casi el doble de la media europea y está lejos de los objetivos marcados por la UE para 2020: menos del 15% que ya consiguen País Vasco, Cantabria y Navarra.

La educación es el sexto problema del país señalado en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pero está lejos de las grandes preocupaciones. Son la mitad de los que citan la crisis, preocupa tres veces menos que la corrupción y siete menos que el paro. Quizá esa falta de impulso ciudadano esté detrás de la falta de motivación política para llegar a acuerdos.

“Necesitamos un cambio metodológico. Funcionamos con los mismos esquemas de enseñanza y aprendizaje de hace 30 años: libro, deberes, clase, explicación y examen. Hay otras alternativas de organización en el aula que permiten que adquieran competencias para que las puedan usar en cualquier situación que se les plantee en la vida”, considera Carlos Utrera, presidente de la asociación de inspectores educativos ADIDE. El cambio ha empezado desde los centros, impulsado más por profesores voluntariosos que por un apoyo decidido de las Administraciones. “Las últimas leyes de educación no han tenido memoria económica para la formación”, recuerda Utrera. Y con proyectos, como la inclusión del teléfono móvil entre las herramientas para aprender, que nacenrespaldados por grandes empresas de tecnología.

Una encuesta de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco, la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) y el BBVA, presentada en junio, pregunta a 200 profesores y expertos sobre el futuro de la educación, cómo se ven dentro de cinco años. El 71,4% piensa que estarán poco valorados o desmotivados entonces. Nueve de cada 10 consideran que las becas serán más selectivas y exigentes. Y la mayoría coinciden en que el currículo escolar contemplará mejor la capacidad del trabajo en equipo, las habilidades emocionales, la iniciativa emprendedora, la creatividad o el liderazgo. El alumno ganará protagonismo en la gestión de su propio aprendizaje, añaden, aunque la mitad cree que la memorización seguirá pesando lo mismo.

Pero será el papel de los maestros el más determinante. Multitud de estudios internacionales sitúan a los docentes en el epicentro de la calidad educativa. Es otro de los debates a los que España se ha aproximado con lentitud. El profesor y pedagogo José Antonio Marina elaboró en 2015, por encargo del Ministerio de Educación, el libro blanco de la función docente para cambiar el proceso de selección de profesores. El documento, que lleva casi un año en un cajón, propone siete años de carrera para convertirse en maestro y evaluaciones “sistemáticas” durante su ejercicio profesional con efectos en el sueldo.

Todos los partidos comparten que hay que cambiar la forma de seleccionar, evaluar y formar a los profesores a lo largo de su vida. La propuesta del MIR docente —formarlos como se prepara ahora a los futuros médicos— es un concepto que asumen PP, PSOE y Ciudadanos. Tampoco es nuevo. Ya en 2009, el último presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, promovió esa idea que Alfredo Pérez Rubalcaba acuñó como el MIR de los profesores en 2010. Estaba en los programas electorales de PSOE y PP en 2011 y repitieron con distintas fórmulas todos los partidos en 2015, pero no se han hecho.

El debate sobre el futuro de los profesores es un ejemplo de cómo España es capaz de detectar cambios necesarios aunque los aplica, si es que lo hace, con lentitud. El profesor de Sociología de la Universidad de la Laguna, José Saturnino Martínez, lo resume así: “Vamos donde hay que ir pero no vamos a la velocidad adecuada”.

Los partidos han creado una subcomisión de Educación para abordar ese pacto educativo que todos aseguran querer. Antes de empezar a dialogar, deberán hacer un diagnóstico para decidir cuál es el punto de partida. Juntos tendrán que reflexionar sobre si el fracaso escolar retrocede como efecto de leyes o porque los jóvenes dejaban las aulas atraídos por empleos fáciles que ya no existen. Habrá que analizar, también, por qué hay una brecha tan amplia de rendimiento entre unas comunidades y otras, o cómo formar a esos profesores que educarán a las siguientes generaciones para empleos y tecnologías que no existen.

El presente y el futuro están en juego y la única forma de lograr el acuerdo es empezar por lo que a todos une: la calidad en la enseñanza y su adecuación a los nuevos tiempos.