El deteriorado panorama fiscal, con un presupuesto público 2017 deficitario de 3,3% del PIB, es decir, unos US$ 8.500 millones, y una deuda que sigue creciendo, obligan a poner paños fríos en algunos gastos de corto y mediano plazo que a estas alturas se ven irrealizables. Es el caso de la gratuidad en la educación superior, donde es urgente frenar su ímpetu. Hay dos razones. La más sustantiva es que la gratuidad está abriendo caminos que, por ahora, no estamos en condiciones de seguir transitando. Desde luego, porque la ampliación de la gratuidad reduce los espacios para el crecimiento del gasto en educación escolar, que es donde Chile necesita imperiosamente invertir para cerrar brechas sociales de inequidad.

Para tener un punto de comparación, en 2012 se gastaban en becas (gratuidad) en la educación terciaria US$ 1.500 por alumno y en subvenciones escolares, US$ 1.950 por alumno. El presupuesto 2017 consolida un cambio radical; compromete gastos en subvenciones escolares por US$ 2.250 por alumno, pero en gratuidad en la educación superior hay un salto significativo: el gasto se eleva a US$ 2.850 por alumno. Por lo tanto, en los últimos cinco años se han revertido las prioridades y hemos comenzado a privilegiar la gratuidad en la educación superior a expensas de la “gratuidad” en los colegios subvencionados.

La segunda razón es que la masificación en el acceso a la educación superior, sin duda que valiosa para jóvenes meritorios y vulnerables, no requiere de la gratuidad: quienes están en condiciones de ingresar a la educación superior de hecho acceden con el actual esquema de becas y créditos subsidiados. Sostener lo contrario es otro de los mitos que circulan.

Pero hay otras lecciones que se extraen del Presupuesto 2017. Desde luego, a pesar del salto en los fondos para gratuidad, porque se amplía la base, los aportes fiscales por alumno se mantienen y no alcanzan a cubrir los aranceles reales de los estudiantes beneficiados. Las universidades adscritas, como sucedió este año, deberán recurrir a ahorros o a deuda para financiar las brechas entre el arancel regulado y el arancel efectivo. Por otra parte, la desaparición del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) no se compensa con una transferencia equivalente, lo que merma los recursos disponibles, afectando especialmente a las universidades no estatales del G9, lo que no ocurre con las estatales que gozan de una línea especial de financiamiento.

Asimismo, el apoyo en ciencia y tecnología se mantiene estancado, postergando una vez más el compromiso asumido al comienzo de esta administración de inyectar nuevos recursos.

Esta realidad presupuestaria es un precedente que arroja luces para la discusión del proyecto de ley de reforma a la educación superior. Este proyecto sigue ampliando la gratuidad y transforma lo que, por ahora, ha sido una glosa en exigencias y gravámenes permanentes lo que puede conducir a una asfixia financiera en las universidades de mayor prestigio y trayectoria.

Aún no se conocen las indicaciones que hará el Ejecutivo a este proyecto en materia de financiamiento público y regulación. Solo se han hecho comentarios irrelevantes sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE). Nada se ha dicho sobre lo más preocupante: el proyecto de ley vulnera seriamente la autonomía económica y compromete la calidad al reducir las fuentes potenciales de financiamiento; por ende, es un proyecto defectuoso y necesita una reformulación profunda.

Carlos Williamson B.
Profesor Instituto de Economía UC Investigador Clapes UC