Hay una paradoja instalada en la actual etapa de nuestro desarrollo como sociedad. Por un lado, se espera que el Estado asuma un rol cada vez más activo en la economía, la sociedad y la cultura. Por otro, el Estado aparece crecientemente debilitado para ejercer dicho rol.

¿Qué se espera del Estado?

Dirigir y coordinar una sociedad cada vez más compleja, diversa y plural; crear condiciones para un crecimiento económico sostenido; garantizar derechos sociales y proveer servicios de calidad; generar ingresos y distribuir subsidios; regular, supervisar y fiscalizar; compensar las desigualdades de la cuna y promover oportunidades iguales de vida para todos; atender preferentemente a los grupos vulnerables y garantizar acceso universal a bienes públicos básicos, etc. Todo esto además de las funciones tradicionales del Estado a cargo de la seguridad de las personas y sus derechos cívicos y políticos, y de la protección de la soberanía nacional.

En breve, del Estado se espera conducción, seguridad, defensa y bienestar. ¿Y cuál es el desempeño del Estado chileno, en concreto, frente a ese horizonte de expectativas?

Últimamente, lo que aparece ante el público son importantes y variadas fallas; un Estado frágil. Descoordinación entre servicios esenciales, como ocurre entre el Servel y el Registro Civil, en una materia esencial como es el padrón electoral. Desorganización, carencia de recursos humanos calificados, ausencia de autocontrol y un verdadero quiebre en el cumplimiento de su misión, como observamos en el caso dramático del Sename. Clientelismo político en el nombramiento, promoción y jubilación de personal técnico, lo cual debilita a los organismos del Estado, como resulta evidente que está ocurriendo con frecuencia, por ejemplo, en la Gendarmería Nacional a propósito de diversas situaciones. Débiles controles internos y externos respecto del uso de recursos fiscales, incluso en ramas de las FFAA. Inefectividad técnica y operativa en la construcción de puentes, caminos, hospitales y escuelas. También en la aplicación del censo nacional, el que no pudo realizarse durante el gobierno pasado debido al bajo desempeño del INE.

A esto se agregan fallas propiamente políticas en el manejo gubernamental, combinadas con fallas tecnocráticas, como se constata casi diariamente, por ejemplo, en la formulación de leyes tan decisivas como la reforma educacional o el proyecto exprés enviado, y luego retirado, del Congreso Nacional para reparar el desaguisado del padrón electoral; o bien en las políticas de información y comunicación del sector público y el gobierno; o en la tramitación legislativa y la construcción de acuerdos técnico-políticos.

Más allá del gobierno, los demás poderes públicos han estado también bajo escrutinio y, con frecuencia, salen mal parados del examen, trátese del Parlamento con sus anticuadas metodologías de trabajo y falta de apoyo técnico, o de los tribunales de justicia, cuya efectividad se revela limitada ante la explosiva multiplicación de los asuntos que la propia legislación y los individuos deciden judicializar.

Algo parecido ocurre a veces con servicios autónomos del Estado, tan variados como la agencia de acreditación de instituciones de educación superior, el órgano contralor de la República y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI). También con los órganos localmente descentralizados del Estado —los municipios—, cuyas autoridades representativas se elegirán el próximo domingo y que muestran severas faltas de variada índole como transparencia, probidad, manejo de la educación y la salud que la ley les encomienda, coordinación con otros órganos activos de la comuna y entre comunas vecinas, etc.

Por lo mismo, no puede sorprender la cada vez mayor distancia que ha ido produciéndose entre las expectativas respecto del Estado y las capacidades que éste posee para satisfacerlas. Se le exige cada vez más intervención y responsabilidades, al mismo tiempo que sus habilidades parecen ir disminuyendo rápidamente.

¿A qué se debe esta patente flaqueza de nuestro aparato estatal?

Sin duda, el reclutamiento del personal es una razón importante. No se trata de que las remuneraciones de los cargos directivos y profesionales, e incluso de los empleados que están en la primera línea de atención, sean comparativamente tan bajas que no alcanzarían para atraer a personas talentosas. Todo lo contrario. Nunca el Estado ha contado, en general, con más recursos que ahora, incluso para pagar los sueldos de sus funcionarios y gerentes medios y superiores. Lo que falta, en cambio, es un servicio civil altamente profesionalizado, con una carrera bien prestigiada, compuesto por personas reclutadas por sus méritos, con independencia de su filiación política y cuyo desempeño se evalúe por metas y logros. La Alta Dirección Pública significó un paso adelante en esa dirección, pero debería ahora dar un salto cualitativo. Solo así será posible eliminar o reducir al máximo la discreción política de las redes clientelares en el reclutamiento y la promoción del personal del Estado.

Otro problema, sin duda, es la falta de decisión de las autoridades para cerrar unidades y cancelar programas que no están a la altura de la promesa que les dio origen. Si el Estado pretende ofrecer un modelo de efectividad y eficiencia a la sociedad civil, según suele proclamarse, necesita primero que todo desarrollar ese modelo. Hoy está lejos de poseerlo transversalmente en su interior. Y cuando logra crear un modelo interesante en uno u otro servicio, como ha sucedido en su momento con el SII y el Registro Civil, pronto lo autodestruye por desidia, mal manejo político, legislación improvisada o pugnas internas de poder y control.

En fin, si el Estado se ha vuelto más débil en términos absolutos y cada vez menos apto en relación con las demandas y expectativas dirigidas a él, se debe a que su modernización se detuvo apenas comenzada. Ha sido un caso típico de modernización inconclusa. Por eso mismo ha ido quedándose atrás en su orientación de servicio, composición profesional, capacidad técnica, gestión política y liderazgo Se ha convertido en un meta-sistema —que es lo que se supone el Estado es en términos de la gobernanza de sociedades complejas— fragmentado, engorroso, pesado y con múltiples fallas de organización, funcionamiento y desempeño.

No se trata aquí de retomar la vieja, mal planteada e inútil discusión sobre si el Estado debe ser grande o pequeño, máximo o mínimo, proveedor o regulador, intervencionista o subsidiario, de bienestar nórdico o de bienestar anglosajón. Nuestra disyuntiva es mucho más básica y elemental, si se quiere. Si acaso seguimos inflando de expectativas al Estado y llenándolo de responsabilidades y cometidos que sabemos es incapaz de cumplir decorosamente o bien lo sometemos a un urgente (pero bien diseñado) tratamiento en pro de la efectividad y eficiencia, de modo que potencie sus capacidades estratégicas de conducción, coordinación y operación.

En el umbral de esta tarea debiéramos inscribir las siguientes palabras, para no olvidar ni por un momento la profundidad democrática y humana del desafío que enfrentamos, y los riesgos que trae consigo abordarlo mal: “Padrón Electoral, Niños Abandonados y Transantiago”.