El Poder Legislativo está dirimiendo el proyecto de ley que crea el nuevo “Sistema de educación pública”, en él se propone la más importante modificación al sistema de administración de la educación escolar en los últimos 30 años. El sistema municipal deja de gestionar la educación local y se propone la creación de 67 “Servicios Locales de Educación”, un cambio radical que implica una reforma de gran escala nacional al sistema de gestión educativa en el ámbito público. Se trata de un intento de mejora del sistema en todo el territorio, desde las grandes ciudades a los rincones más apartados del país, ahí donde la “cooperación privada”, no llega. Un cambio que intenta revertir el estado de un sistema que arrastra una crisis de sustentabilidad y calidad desde hace mucho, demasiado en realidad.

Chile se encuentra en una fase de redefiniciones y el nivel de expectativas por una mejor educación es explícito y fundamentado. Hay consenso en que se requiere un cambio para hacer frente a nuevas realidades, que son muchas y variadas, como el mejorar nuestras herramientas pedagógicas para trabajar con los más de 18.700 niños y niñas migrantes que asisten a nuestras salas de clases o en un plano muy distinto, desarrollar las llamadas habilidades del siglo XXI, solo por mencionar dos muy relevantes.

Al igual que en las escuelas con bajos rendimientos, los sistemas educativos deben desarrollar capacidades para reaccionar y mejorar. Muchos son los diagnósticos, pero dos son a lo menos los temas críticos a revertir. Si bien hay interesantes excepciones, el sistema, según municipio, cuenta con capacidades desiguales y, por tanto, el desafío es mejorar en equidad. Un segundo tema es la percepción generalizada de la población de que no hay una buena educación en relación con otros tipos de escuelas, aun cuando hay evidencia en pruebas estandarizadas en cuanto a que las diferencias no son significativas al controlar el nivel socioeconómico (Agencia Calidad, 2015), cambiar esta percepción y ser un sistema confiable a las familias, es el desafío.

¿Cómo abordar sistémica y coherentemente un cambio para la mejora en la educación en el nuevo sistema público? Y ante el cambio propuesto, ¿cuáles son los aspectos clave a considerar y cumplir ante más de 1.300.000 niños, niñas, jóvenes y sus familias y, por supuesto, los más de 94.000 profesores y casi 57.000 asistentes de la educación que son parte de este sistema?

Lo que hemos aprendido de sistemas comparados es que la respuesta es política y técnico-pedagógica.

En lo político, sabemos que los sistemas educativos más destacados del mundo se han consolidado a partir de un acuerdo social, donde nadie pone en duda la importancia estratégica de la educación pública. El primer acuerdo político constituye en sí mismo un capital simbólico, la confianza y respeto por las escuelas y sus profesores.

Esta confianza no está exenta de exigencia. El sistema educativo público cuenta con estándares de calidad desde el primer momento de su funcionamiento, a fin de cumplir con las expectativas de una sociedad más exigente, global, diversa y teologizada. La escuela pública es un lugar seguro donde los estudiantes se forman, desarrollan valores ciudadanos y logran aprendizajes significativos y esto debe ser promovido y garantizado.

Pero este acuerdo y pacto político no es suficiente si no hay un liderazgo educativo y una gestión técnica por parte de quienes dirigen los Servicios locales de educación, es más, sabemos que no hay cambio efectivo sin liderazgos con capacidad para establecer compromisos, generar confianza pública y capacidad técnico-pedagógica.

Desde esta perspectiva, el rol y contribución fundamental de un “Servicio Local de educación” es procurar las mejores condiciones para que las escuelas cuenten con todo el apoyo y recursos necesarios para que sus estudiantes logren formarse y aprender según su edad y desarrollo. Los equipos técnicos de los nuevos servicios deberán tener la preparación adecuada para trabajar con cada escuela y en contextos y territorios muy diversos. Los directivos deberán cuidar la coherencia interna en sus decisiones para poner todos sus recursos y esfuerzos técnicos en función de los procesos de enseñanza y esto es complejo en un sistema que ha puesto su atención más en lo administrativo que lo pedagógico.

Un sistema que no dependerá de los municipios no podrá descuidar el promover alianzas con la comunidad, en particular con la red social, de salud, cultural, con empresas locales y un capítulo especial lo constituye la alianza con las universidades en el ámbito del desarrollo de capacidades.

Otro aspecto técnico será la promoción de redes de colaboración entre escuelas y docentes, generando capacidades colectivas en el sistema, lo que implicará una nueva cultura de trabajo, que requiere intercambio de información y generación de espacios de confianza, rompiendo una cultura tradicional de estrategias de competencias entre escuelas.

Lo técnico también implicará analizar si es pertinente la actual cobertura y distribución territorial de los 5.331 establecimientos que actualmente son de dependencia municipal (MINEDUC, 2014).

Dos puntos de cuidado que es necesario visualizar y serán un desafío para los líderes de los Servicios locales y el sistema en general. El primero es reconocer que estos procesos implican cambio de escenarios y metas, pero en general con las mismas personas. Es no debe alarmar, es normal. En ello, sí, hay un riesgo o una gran oportunidad según se planifique. Si los procesos y prácticas inefectivas del actual sistema se mantienen, tendremos un problema mayor. Un sistema público que se reinventa requiere una particular atención al desarrollo de prácticas adecuadas a nuevas capacidades, tanto individuales como colectivas.

El segundo tema tiene que ver con la promesa de descentralización de los servicios locales, es sabido que una mejor educación, la más pertinente, es aquella que logra un mix entre los objetivos nacionales y locales en educación. Gestionar este balance es fundamental. Los Servicios se definen descentralizados y dependen de un ente central. Hay que definir muy bien la responsabilidad y alcance de gestión local para no descuidar la promesa inicial de que el nuevo sistema tiene sentido y responsabilidad local.

Sobre la base de un acuerdo político sólido y el desarrollo de las capacidades de un liderazgo educativo local, debiésemos tener condiciones básicas para cumplir con la expectativa de millones, esto es, mejorar el desarrollo, la formación y aprendizajes de los estudiantes desde el nivel parvulario al secundario. Desafío de marca mayor para nuestros sistemas político, ministerial, de la Superintendencia y Agencia de la Calidad, sistema universitario, directores, profesores y, por cierto, para los nuevos equipos y líderes que serán responsables de los “Servicios locales de Educación”, la nueva cara de la educación pública chilena de frente al siglo XXI.