El plan de reforma de la UCM presentado por Andradas ha suscitado una polémica concentrada en la cuestión de la Facultad de Filosofía. Este debate es decepcionante. Ha generado opiniones mal informadas y poco constructivas. Una de ellas es la reflejada en el artículo del Prof. Leyte del 23 de julio. Su argumentación defiende que la Filosofía ha sido puesta en peligro por sus propios defensores. La razón es porque ellos viven ensimismados y desconectados del mundo. Por el contexto, se sugiere que ese ensimismamiento condena a nuestra Facultad. Esta es una conclusión injusta y muestra carecer de la información pertinente.

El Prof. Leyte parece ignorar que la Facultad de Filosofía de la UCM imparte un doble grado con Derecho, otro con Ciencia Política, comenzamos un tercero con Filología Hispánica y no excluimos otros. También preparamos un grado en Ciencias de las Religiones. Ofrecemos un máster en Psicoanálisis y otro en Pensamiento Hispanoamericano. Por cierto, tenemos un diploma especializado que se titula “Pensar el presente”. Editamos varias revistas ISI y colecciones editoriales. No parece una Facultad ensimismada. La web Saavedra Fajardo tiene cientos de miles de visitas mensuales. No aceptamos la conclusión de que la Filosofía está en peligro porque nuestro ensimismamiento precipita su desaparición.

Sin embargo, lo más cuestionable del artículo del Prof. Leyte —y los de otros, que son meros ajustes de cuentas— no es que esté desinformado; es que distrae a la opinión pública del asunto central. Si nos preguntáramos: ¿De qué se habla cuando se aborda el asunto de la desaparición de la Facultad de Filosofía?, tendríamos que decir: de nada exclusivo de la Filosofía. Se habla de algo que comparten otras doce Facultades de la Complutense. En realidad, no luchamos por la supervivencia de la Facultad de Filosofía en particular. Luchamos contra una nefasta forma de gobierno corporativo de una institución pública. Y lo hacemos porque creemos que un Rector elegido por la comunidad universitaria no debería comportarse de la manera en que lo ha hecho: decidir por la vía ejecutiva y gerencial, sin consenso alguno, sobre el destino profesional de miles de colegas. Esas decisiones afectan a derechos fundamentales y a intereses colectivos públicos que, con su actuación, están seriamente amenazados.

El hecho es este: la UCM, estatutariamente, se define como una institución que entrega la política académica a las Facultades. No la entrega a los Departamentos, ni a los Campus. La política académica decide, por ejemplo, si se pone en marcha un doble Grado, si se instaura un Grado nuevo, si se aprueba un Título propio, si se abre o se cierra un Máster, si se necesita una plaza o no. Ahora se nos dice que, aunque todas las Facultades cambien (y lo harán todas porque se fusionarán con otras), eso no tiene ninguna relevancia para la política académica. Pero el Rectorado no ha cambiado los Estatutos, ni ha reformado la índole de las Facultades, ni su atribución exclusiva de la política académica, ni ha propuesto una cobertura jurídica para estos cambios, de tal manera que pudiéramos tener alguna previsión sobre nuestro futuro.

Cuando preguntamos sobre este futuro, recibimos una respuesta: que eso será como lo decidan las nuevas Facultades. Creo que esta contestación no es seria. Pues todas las viejas Facultades han impulsado políticas académicas que, antes de ser suprimidas o cuestionadas o puestas en peligro, deberían ser evaluadas de alguna forma racional y razonable. Lejos de hacer esto, todo estará sometido a la incertidumbre. Con ello, muchos trabajos, inversiones, innovaciones, proyectos, están en el aire al albur de mayorías y minorías muchas veces definidas desde disciplinas completamente diversas y lejanas. Esta es la cuestión decisiva. El trabajo universitario es de largo plazo. Y merece ser evaluado y dirigido con razones académicas.

El Rectorado minusvalora su plan diciendo que no tendrá repercusiones reales en la docencia ni la investigación, ni sobre las carreras académicas y el destino profesional. Pero no puede jurídicamente garantizarlo. No es cuestión de la Filosofía, sino de la forma de gobernar una institución pública. Con el suficiente rigor jurídico, económico y administrativo, los profesores de Filosofía, como cualesquiera otros, pueden hacer su trabajo en muy diversos contextos. Pero ni ellos, ni los demás, merecen ver sometido su trabajo a una improvisación unilateral y a una intervención ejecutiva cuyas consecuencias generarán inseguridad, provisionalidad, desconcierto y caos. Y todo para resolver problemas que, aunque inaplazables, podrían encontrar soluciones fáciles, baratas, consensuadas y seguras.