Esta semana celebramos a la Educación Técnico Profesional. Lo hacemos en un marco en donde el Gobierno ha hecho anuncios importantes, incluyendo la creación de un Consejo Asesor para este tipo de educación, el que presidido por la Ministra de Educación, lo integran los de Hacienda, Economía, Energía, Trabajo, Transporte y Telecomunicaciones, además de representantes de trabajadores, gremios empresariales, Fundación Chile, instituciones de educación superior e intelectuales. Ello se da en el contexto de la discusión sobre el Proyecto de Educación Superior, que crea una unidad específica del sector en el Ministerio, hace obligatoria la acreditación, y deja de discriminar en parte a los alumnos más vulnerables del sector, haciéndolos elegibles para acceder a la misma gratuidad que los alumnos universitarios.

El Proyecto establece además un conjunto de propósitos, más que medidas específicas, que mirados positivamente, calzan con la creación del Consejo Asesor, que debiera darles contenido. A modo de ejemplo, la necesidad de articulación entre los niveles medio y superior de la educación técnico profesional debe ser aterrizada con medidas precisas que deriven en un marco de cualificaciones fundamentado en el desarrollo de competencias generales para el aprendizaje continuo. Asimismo, el esbozo de un sistema de acceso único debe reflejarse en una propuesta que tenga las virtudes de la centralización, pero que sea flexible para que quepan criterios diferenciados entre universidades e instituciones técnico profesionales, y que incorpore las preferencias de los alumnos por cada institución.

Pero el Proyecto tiene elementos que deben modificarse, de modo que no se comprometa la visión compartida de que Chile requiere una educación superior integrada, inclusiva, y en particular, que lo técnico profesional debe ser lo que catapulte mejoras de productividad y por esa vía, de salarios y empleo. Así, al proyecto lo cruzan dos diagnósticos, uno errado, y otro circunstancial, que anclan la visión general y el alcance que debe tener.

El primero, en relación al acceso, lo que pudo ser muy correcto hasta el año 2011, cuando el CAE era caro y se pagaba en cuota fija, no lo es más. Un problema aquí es que habiendo sincerado que no habrá gratuidad total en un período relevante, el proyecto presupone un régimen en gratuidad total. En particular, condiciona la gratuidad institucional a la fijación de aranceles para todos, incluyendo los alumnos no beneficiarios. El riesgo financiero y la camisa de fuerza que ello pone a las instituciones es algo innecesario y potencialmente peligroso para todo el sistema, incluyendo las instituciones técnico profesionales.

El segundo diagnóstico sugiere que el lucro, abierto o no, sería una fuente clave de muchos males que aquejan a la educación superior. Ello lleva a que el proyecto tenga un sesgo hacia una sobre regulación, la que en el mejor de los casos pudiera reducir transferencias ocultas de montos que nadie ha estimado, pero que presumiblemente hoy son pequeños. En el caso más previsible, implicará un enorme costo a instituciones que definitivamente no lucran y que tienen calidad reconocida.

El camino positivo que sigue el mismo proyecto de dar mayores grados de autonomía a las instituciones mejor acreditadas, es el natural a seguir también respecto de los requerimientos de información y control que se imponen a todas las instituciones y, particularmente, en lo relativo al trato diferenciado de instituciones estatales y no estatales.

Finalmente, el Proyecto mantiene una inercia respecto de la definición de instituciones técnico profesionales, la que debe ampliarse para abordar los desafíos de incorporar a la educación superior ciudadanos formados adecuadamente en la educación media o de realizan al interior acciones remediales.

Ricardo Paredes, Rector Duoc UC.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO