La pugna por el rectorado de la Universidad Andina se intensifica

La pugna por el rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar persiste. El centro de posgrados, que tiene sedes en Ecuador y Bolivia y forma parte del sistema de instituciones de la Comunidad Andina, cumple diez meses en crisis, luego de la salida del rectorado del político socialista Enrique Ayala Mora, lo que destapó un abierto conflicto con el Gobierno de Rafael Correa.

Aunque según las normas de la Universidad, no hay elecciones directas sino una consulta no vinculante a los estudiantes, profesores y personal administrativo, esta fue ganada en septiembre del año pasado por el abogado César Montaño, que tiene un PhD en derecho otorgado por la misma Universidad. El Consejo Superior, con sede en Bolivia, procedió a designar rector a Montaño. Pero la medida fue cuestionada por el oficialismo, que invocó una transitoria de la Ley de Educación Superior que establecer que no puede ser rector de cualquier universidad quien haya obtenido su grado de doctor en ese mismo centro de estudios.

La Universidad Andina, que ofrece maestrías en diversos ámbitos, entró de esta manera en abierto conflicto con el Parlamento Andino, con sede en Bogotá, presidido por Luis Fernando Duque y con el Consejo de Educación Superior (CES), que preside el secretario de la Senescyt, René Ramírez, por lo que, tras un breve paso por el despacho del rectorado, César Montaño encargó el rectorado al decano más antiguo, el médico y epidemiólogo Jaime Breilh. Una resolución del 15 de diciembre de 2015 del CES desconoció a Montaño como rector de la Universidad de posgrados.

De izquierda a derecha: Enrique Ayala Mora, César Montaño y Jaime Breilh

Durante varias semanas, Breilh intentó lograr un acuerdo con las autoridades del CES, y en mayo de este año, el Consejo dio plazo hasta el 30 de junio para designación de rector titular.

Alargues y carta de Duque

El 29 de junio, ante la falta de acuerdo, el plazo fue extendido hasta el 15 de agosto de 2016. Pero el 12 de julio, desde Bogotá, el presidente del Parlamento Andino, Luis Fernando Duque, se dirigió directamente al presidente Rafael Correa, a quien relató que no se había podido realizar la consulta pues, en su opinión, ” la abierta injerencia y manipulación de una serie de actores, entre los que se encuentran autoridades anteriores, el Rector (E) doctor Breilh, el Rector de la Sede Central José Luís Gutiérrez Sardán, el doctor Fernando Balseca, entre otros, quienes no solo boicotearon la sesiones del Consejo Superior de la UASB, sino que irrespetaron la normativa de la CAN, la LOES, así como también los Estatutos de la Universidad”.

En su carta al Gobierno ecuatoriano, Duque afirmó también que “conocemos de un colectivo de importantes profesores y funcionarios de la Universidad que se han declarado en desacuerdo con la forma en que el Rector (E) Breilh viene manejando la situación de la Universidad, así como la forma en que las autoridades anteriores manipulan la información, intimidan a quienes no compartan su posición política, y el hecho de que ésta crisis se convirtió en un debate político e ideológico para beneficiar intereses personales y electorales”.

Estudiantes y profesores de las universidades de posgrado demandaron recursos en una marcha. 

Duque agregó que “pese a todos los avances, la negociación se vio afectada por la posición intransigente del doctor Gutiérrez Sardán, respaldado por el doctor Breilh, de no reconocer a los miembros del Consejo Superior designados por el Parlamento Andino” y sostuvo que “pretenden que se designe al rector con sólo ocho de los diez miembros del Consejo Superior, lo que nuevamente revestiría de cuestionamientos el acto de designación, pues los actuales miembros del Consejo Superior fueron designados legal y legítimamente por la Plenaria del Parlamento Andino.

Desconocer a estos Consejeros y designar a un rector sin ellos afectaría la legitimidad y legalidad del acto mismo, afectando nuevamente la institucionalidad de la Universidad.

No aceptamos que se quiera imponer un Consejo a la medida de los caprichos y los cálculos políticos del grupo de directivos y docentes que tienen cooptada la Universidad para sus propios intereses”.

En su carta, Duque sostuvo también que “el doctor Breilh ya no goza de la legalidad como rector encargado de la Sede Ecuador de la UASB, pues su encargo de acuerdo a las Resoluciones del CES y a la normativa aplicable ya culminó. Por lo tanto, para todos los efectos de transparencia en la gestión administrativa de la Universidad, solicitamos muy respetuosamente se disponga que le sean suspendidos el acceso a las claves que maneja la Universidad en el SRI y se adopten los demás actos administrativos pertinentes que garanticen el debido control”.

La resolución del CES

La reacción del Consejo de Educación Superior ante la carta del político colombiano fue inmediata. En una resolución del 28 de julio, el CES dispuso que “Considerando que el plazo de la designación como rector interino de la Sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar al doctor Jaime Breilh ha concluido, se solicita al Consejo Superior de la Universidad Andina Simón Bolívar que en el marco del principio de autonomía responsable, de la Ley Orgánica de Educación Superior y de sus normas internas, designe a un nuevo rector interino y convoque inmediatamente a la Consulta Previa para la posterior designación del rector titular de la Sede Ecuador de la referida Universidad, respetando la voluntad democrática de la comunidad académica de la institución”.

La resolución fija el 15 de agosto como fecha para la convocatoria a la consulta previa, y el 15 de octubre como fecha de posesión del nuevo rector. Hasta tanto, el rectorado sería ejercido por un nuevo rector interino.

El CES resolvió también que no aprobará nuestros programas de posgrado de la institución hasta que se haga efectiva la convocatoria a consulta previa y aseguró que los derechos de los estudiantes están garantizados y deberán continuar sus actividades con normalidad.

Los cuestionamientos de la Andina

Pero profesores y alumnos de la Universidad Andina, como Ramiro Ávila y otros, rechazaron los términos de la resolución del CES.

La Andina hizo público el 1 de agosto un comunicado con cinco puntos fundamentales, entre los que se encuentran:

“Que rechazamos el intento de imponer un rector interino al margen de las normas de la Universidad. La Universidad Andina Simón Bolívarno aceptará una autoridad ilegítimamente impuesta por el poder.

Que se cumpla con el acuerdo del 9 de junio en el que participaron el entonces presidente del Parlamento Andino con los rectores de la Sede Central de Bolivia y la de Ecuador, y se dé paso a la consulta a la comunidad universitaria para designar al rector, contando para ello con un Consejo Superior conformado solamente con los miembros que no han sido cuestionados, única forma en que la voluntad de la comunidad universitaria podrá ser respetada.

Que, si se insiste en no observar dicho acuerdo, ante la imposibilidad de aplicar las normas internacionales propias de la Universidad, en esta oportunidad se implemente el mecanismo previsto en la LOES para la elección directa del rector y se convoque a tal proceso electoral. El Comité de Coordinación Académica de la Universidad posesionará a quien obtenga la mayoría de los votos, en evidente observancia del principio universal de democracia. Este procedimiento puede iniciar de inmediato y culminar con la elección y posesión antes del 15 de octubre de 2016.

Que demandamos del Estado ecuatoriano el cumplimiento inmediato de su obligación de transferir a la Universidad la cantidad adeudada de USD 9’975.000, según lo mandan la Constitución y la Ley.

Que el CES tramite los programas de posgrado que están pendientes de aprobación, en algunos casos por más de un año; que no intervenga indebidamente en la Universidad; que no impida el funcionamiento del legítimo Consejo Superior; y que no trate de imponer la aceptación de un presidente y cuatro de los diez miembros de ese organismo cuya designación es antiestatutaria e ilegítima”.

El comunicado agregó también que “El presidente de la República y otros miembros del Gobierno han afirmado que no tenemos la voluntad de resolver el conflicto y que no queremos cumplir con la ley del Ecuador. Al contrario, estamos demostrando, una vez más, que sí tenemos la voluntad de hacerlo sin dilatorias. Aquí proponemos que, de no ser posible observar la normativa internacional propia de la Universidad, se aplique de inmediato el mecanismo de elección del rector previsto en la ley ecuatoriana. Si en serio se respeta la autonomía universitaria y no se tiene una voluntad de imposición y atropello, la solución es clara y, por tanto, demandamos una respuesta gubernamental expresa sobre lo aquí planteado”.

De esta forma, la designación del rector de la Universidad parece entrar en un nuevo punto muerto, pues ni las autoridades del Gobierno ni los profesores y alumnos del centro de posgrados parecen dispuestos a ceder.