El punto de quiebre para que estallara la crisis ocurrió en enero de 2014, cuando se anunció la salida del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) y Ediciones ICAL Ltda., ambas ligadas al Partido Comunista. ICAL era el socio más importante de la Corporación Universidad Arcis que administraba la casa de estudios. El retiro se explicaba al interior del establecimiento como una medida política por la incorporación del PC a la Nueva Mayoría: si se quería impulsar la Reforma Educacional era incoherente que tuviesen una universidad privada a su cargo.

Ya en 2013, la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Karol Cariola, se mostraba crítica a la vinculación del PC con la Arcis: “No lo comprendo, porque tengo la convicción de que la educación debe estar garantizada por el Estado”, señaló.

Once meses después del estallido de la crisis, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley del Administrador Provisional y de Cierre de Instituciones de Educación Superior. La iniciativa, aparte de ser uno de los pilares de la Reforma, fue vista como una respuesta política a lo ocurrido en la Universidad del Mar: “Esta ley evitará que muchos jóvenes de clase media vean sus sueños rotos”, dijo la Mandataria.

Para enfrentar las dificultades de la Arcis, hace un año el Consejo Nacional de Educación (CNED) aprobó la solicitud del Ministerio de Educación de incorporar a Patricio Velasco como Administrador Provisional del establecimiento. Cercano al aniversario de su gestión, el 8 de julio Velasco envió un informe reservado al Mineduc en que hacía una evaluación de su trabajo durante ese año. El ministerio envió los antecedentes al CNED y ahora esta entidad es la que tendrá la última palabra sobre el futuro de la universidad.

Desde el CNED indican que se están revisando los antecedentes en profundidad y aún no hay una fecha límite sobre su pronunciamiento. Antes de tomar la decisión, el Consejo se reunirá con el Administrador Provisional y los representantes estudiantiles y académicos.

El pasado 10 de agosto acudió al Consejo la Corporación Universidad Arcis. Posteriormente, se reunieron en el CNED la presidenta de la Federación de Estudiantes, Sandra Beltrami, el secretario general de la Federación, Luciano Gatica, y el vocero de la Confech, Patricio Medina. El encuentro con la Asociación de Académicos y la cita del Mineduc están agendadas para el próximo miércoles.

Entre los escenarios que se especulan, el más anhelado es que se prorrogue por un año más la gestión de Patricio Velasco, quien en su informe indicó propuestas a futuro para salvar a la Arcis de la crisis económica. Tanto desde la comunidad de la Arcis como del Mineduc han manifestado esta opción como la más viable. “Lo más probable es que haya continuidad del Administrador Provisional”, señaló a EmolAlejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio. También puede ser que se alargue solo hasta septiembre, fecha en que se espera que se materialice la compraventa del edificio ícono de la calle Libertad. Una última alternativa, la más drástica y la más temida, es el cierre de la Universidad.

De momento, el clima es de incertidumbre. El Administrador Provisional mantiene silencio, los trabajadores ven que se ha actuado a favor del cierre del establecimiento y los estudiantes levantan propuestas para salvar su Universidad.

Académicos endeudados, despedidos e indignados

De acuerdo a la base de datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES) del Mineduc, en la Arcis hay 153 profesores y, de ellos, 118 trabajan exclusivamente en esa institución.

Marcelo Ura es uno de ellos. Imparte clases hace más de ocho años en la Escuela de Psicología y además es secretario de la Asociación de Académicos. Para él, el escenario es de mucha tensión, ya que no tienen conocimiento de qué ha estado haciendo el Administrador Provisional o cuál es el sentido de lo que ha hecho: “No ha tenido ninguna comunicación con los estamentos y eso ha sido problemático”, afirma.

En junio pasado, Velasco determinó despedir a nueve docentes por “intereses superiores de la Universidad”. Entre ellos estaba el presidente de la Asociación de Académicos, José Jorquera, que hacía clases en las carreras de Derecho y de Administración Pública. Él estaba a la cabeza de la organización que buscaba conversar con la ministra Delpiano para saber qué estaba pasando con la administración de la Universidad. Ahora Jorquera trabaja a honorarios para que los alumnos puedan terminar su semestre. Cuando acabe este periodo, el académico no sabe qué hará.

Entre los despedidos también estaba la ex rectora Elisa Neumann –quien estuvo en el cargo después de René Leal– y otros dirigentes. El secretario de la Asociación de Académicos cree que esto es parte de una maniobra política para desarticular a quienes se organizan: “Como este proyecto parece que ya está llegando a su fin, habrá que desbancar a sus líderes para que después no hagan mucho ruido”, afirma.

La presidenta de la Federación, Sandra Beltrami, asegura que le pidieron a Velasco que reintegre a los académicos, ya que los docentes tenían cátedras, eran tutores de tesis de los estudiantes y tenían prácticas profesionales a su cargo. “No era gente que tuviese que responder a una reestructuración por necesidades de la empresa. No tiene sentido que los echen y los reemplacen por otros”, explica.

Además, los profesores del establecimiento aseguran que acumulan una deuda de todos los sueldos del segundo semestre de 2014, que fue cuando se desató la crisis. Han recibido pagos parciales, pero no saben si les irán a pagar en algún momento el total adeudado. Y demandar no pueden, porque, aunque lo hicieran, la Universidad no tiene de dónde sacar plata para pagarles. Actualmente la Arcis adeuda más de 700 millones de pesos por demandas laborales.

Según las cifras disponibles en la base de datos del CNED, en 2014 la matrícula de primer año fue de 1.235 alumnos. En 2015 se redujo dramáticamente a solo 9 alumnos y en 2016 subió levemente a 36. Lo que contrasta con las expectativas de Velasco para este año, que eran de 400 estudiantes nuevos.

Beltrami explica que esto ha producido que los alumnos se concentren en tercer, cuarto y quinto año, sumado a los que están en proceso de titulación y posgrados. Pero los cursos de primer y segundo año tienen tan pocos alumnos que los profesores se han tenido que organizar haciendo tutorías, es decir, clases para uno o dos alumnos. “Es algo que estamos viendo que no se pueda revertir”, señala Ura.

Cifras obtenidas de las bases de datos del Consejo Nacional de Educación.

En Derecho van para atrás

De las 34 carreras que ofrece la Universidad –sumando modalidad diurna y vespertina–, hay 13 que están en proceso de cierre o con escasos alumnos. Por ejemplo, los alumnos de Ciencias Políticas tienen sus notas congeladas porque los profesores que debiesen colocar y firmar sus calificaciones se fueron de la Universidad. Para que otra persona pueda firmar esas notas se necesita un cambio reglamentario con autorización del Ministerio. Pero eso no ha ocurrido.

Cifras obtenidas de las bases de datos del Consejo Nacional de Educación.

En Derecho, la carrera con más alumnos matriculados –182 entre modalidad diurna y vespertina–, la problemática es peor: Tracy Grollmus, alumna de la escuela, cuenta que, de 73 personas que han rendido el examen de grado este año, solo lo han aprobado cinco. Cuando dio su examen, asegura que estuvo durante hora y media respondiendo únicamente acerca de Derecho Civil. Hasta que le preguntaron algo expresamente fuera del temario y reprobó. “Es anormal la situación, ya no sé qué estudiar, la presidenta de la Comisión no hizo nada”, afirma.

En la sede de Concepción, actualmente cerrada, hay alumnos que no han podido rendir el examen de grado, ya que el último auto acordado de la Corte Supremaestablece un tope de diez años para titularse –desde que se toma el primer ramo de la carrera hasta el examen de grado– y ellos ya pasaron el límite de ese tiempo.

Sergio Aqueveque es uno de los que entró a Derecho en la sede de Concepción bajo el Programa Especial de Titulación (P.E.T.) en 2009. El programa estaba dirigido a estudiantes de otras casas de estudios que por distintas razones querían terminar sus estudios en la Arcis. Incluía el repaso de todas las materias y ramos de la Universidad, para luego dar el examen de grado y jurar ante la Corte Suprema. Cuando estos alumnos quisieron rendir el examen, estalló la crisis y “la Universidad se caía a pedazos, no teníamos ni quien nos inscribiera”, cuenta Aqueveque.

Entre los que aún tienen esperanza de encontrar una solución armaron un grupo de 19 personas, quienes esperan reunirse con la directora de la Escuela de Derecho, Jessica Tapia, en Santiago esta semana. Este medio intentó contactarse con ella, pero no fue posible.

Con Libertad no alcanza

Otro problema que aflige a la comunidad académica es la venta de la sede de la calle Libertad 53. El edificio, según las cifras que maneja la Federación, costaría más de ocho mil millones de pesos. Su valor se pagaría en dos cuotas: una inmediatamente y la otra un año después. Pero restando la deuda actual –de $6,3 mil millones–, aun así no alcanzaría para subsanar todo lo que costaría invertir en adecuar la infraestructura de la sede Huérfanos –donde se trasladarían los alumnos–, pagar las deudas con los trabajadores, los costos operacionales o invertir para poder reacreditar la institución.

La Arcis estuvo acreditada entre los años 2011 y 2014. De acuerdo a la investigación de Ciper, en 2014 el funcionario encargado del proceso, el vicerrector de Aseguramiento de la Calidad, Iván Atencio, renunció. Se perdió el proceso y, junto con ello, los ingresos provenientes de los alumnos que estudiaban con el Crédito con Aval del Estado (CAE).

El 8 de mayo la Federación de la Arcis presentó a la Confech su propuesta para modificar la Ley 20.800, que crea el Administrador Provisional y que regula el proceso de cierre de instituciones de Educación Superior. El documento fue aprobado por los asistentes y se sumaron nuevas ideas.

Para Sandra Beltrami, “es una ley completamente ineficaz que solamente es una transición al cierre de la institución y no garantiza nuestro derecho a la educación”. Asegura que para poder sacar de la crisis a la Arcis, es el Estado el que debe inyectar recursos: “Al ser la educación un derecho social, el Estado tiene responsabilidad en esto, porque no estamos hablando de estatizar una fábrica de salchichas, sino que es una Universidad”, afirma la presidenta.

La propuesta en la que trabajan ha estado siendo afinada junto al gabinete de los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Los principales puntos que contemplan mejorar a la ley es que el Administrador Provisional, al integrarse a la Universidad, sea parte de una mesa triestamental compuesta por estudiantes, docentes y funcionarios.

En segundo lugar, que ingresen recursos públicos cuando la causa de la intervención sea por la insolvencia de la institución. En este punto, se considera que también las remuneraciones del Administrador Provisional sean pagadas por el Estado y no por la institución. De acuerdo a información de La Tercera, el sueldo del Administrador Provisional ronda los $6,5 millones de pesos, lo que duplica el sueldo de la ex rectora.

Un tercer punto es la estatización de la universidad cuando esta haya cumplido un rol público o una trayectoria destacada. En este caso particular, la presidenta de la Federación destaca el rol que el plantel tuvo en la dictadura al albergar a personas que, por su pensamiento político, fueron acogidas allí. También destaca a sus docentes, como Tomás Moulian o el recientemente fallecido abogado de Derechos Humanos Alfonso Insunza.

Por último, se proponen modificaciones al protocolo de cierre de las instituciones de Educación Superior.

Aspiran a que el proyecto lo ingrese el Ejecutivo. De lo contrario, será ingresado al Parlamento dentro de las próximas semanas, fecha que podrá coincidir con la decisión del Consejo Nacional de Educación sobre el futuro de la Universidad.

Este miércoles, Jackson y Boric, en conjunto con la presidenta de la Federación de Estudiantes y el vocero de la Confech, dieron a conocer a la prensa las modificaciones que esperan introducir en la ley.

“Nosotros durante su tramitación advertimos que era insuficiente (…) esa intervención no sirve de nada si no tiene los recursos, si no tiene la fuerza para poder hacerse cargo”, señaló el diputado de Revolución Democrática. Por su parte, Gabriel Boric también fue crítico sobre el origen de la legislación: “Cuando las reformas se hacen entre cuatro paredes y con técnicos que no están al tanto de la realidad de las instituciones y de las familias que se ven afectadas por estas leyes, pasan situaciones como esta”, sentenció.

El Administrador Provisional, Patricio Velasco, no quiso referirse al tema hasta que no esté la respuesta oficial del CNED.