A más de un mes de un proyecto sin calidad

La propuesta de reforma a la educación superior, hoy en el Parlamento, tiene muchas áreas que se deben mejorar, entre ellas la definición de una educación de futuro, la función pública de las universidades y su justo trato, la regulación del sistema, el estímulo a las universidades regionales y la relevancia de la educación técnico-profesional, entre otras.  

Ignacio Sánchez D. Rector, Pontificia Universidad Católica de Chile, 21 de agosto de 2016

El proyecto de Ley de Educación Superior (ES) se encuentra desde hace más de un mes en el Parlamento. Se trata de una reforma necesaria, debido a lo que significa para el futuro de la nación. Sin embargo, a pesar de insistir en su necesidad y en sus principales objetivos -que deberían ser la calidad con mayor equidad y el estímulo a la creación de nuevo conocimiento-, existen en la actual propuesta elementos que generan preocupación y un malestar generalizado.

El principal es la mala calidad del proyecto, el que no recogió el sentir y las propuestas que plantearon en su discusión los diferentes actores que participaron en el debate. Las áreas a mejorar son: la definición del sentido de una educación de futuro, la función pública de las universidades y el justo trato a ellas, la autonomía de su quehacer, los aspectos involucrados en la regulación del sistema, el estímulo a las universidades regionales, la relevancia de la educación técnico-profesional (ETP), así como el financiamiento estudiantil y de las instituciones de ES.

Todos ellos son aspectos cruciales y van a incidir de manera significativa en el impacto y calidad del proyecto.

En primer lugar, no se observa una definición de la visión sistémica, amplia y diversa de la ES que deseamos para el país, junto con el rol público de las universidades, el que solo se describe desde la lógica de las universidades estatales. La propuesta omite todo reconocimiento al aporte que las instituciones tradicionales han realizado durante décadas al país.

En las universidades agrupadas en el G9, este compromiso público se expresa en el trabajo que se realiza a través de la formación, la investigación y las propuestas que ofrecen soluciones a los problemas de las personas y de Chile. Es necesario otorgar apoyo a las universidades estatales, en particular a las de regiones, pero esto no debe ser exclusivo y a expensas de otras instituciones. El desconocimiento de la historia de la ES en nuestro país constituye una discriminación imposible de aceptar. Se debe valorar la diversidad del sistema, conscientes de que el foco prioritario debe estar en la calidad.

El segundo aspecto fundamental a analizar es la autonomía, a través de la regulación del sistema, su transparencia y el aseguramiento de la calidad. El sistema requiere una nueva institucionalidad, la actualización del Consejo de Rectores, una evaluación del sistema de admisión a la ES y mayor regulación para asegurar transparencia financiera e información a los padres y estudiantes.

En la institucionalidad propuesta se incluye una Subsecretaría, Superintendencia y el Consejo de la Calidad. Estas deben ser entidades que permitan a las instituciones avanzar con calidad, sin establecer sobrerregulaciones que burocraticen en exceso el sistema, concediéndole al Estado un único rol controlador.

La actual propuesta, junto con ser desfavorable para la calidad de las instituciones, constituye un riesgo mayor para la autonomía universitaria, un aspecto crucial en el crecimiento y desarrollo del sistema. Esto perjudicará a todas las universidades, independientemente de su propiedad.

En tercer lugar, se omite el estímulo al desarrollo de las universidades regionales -estatales y de función pública-, que son clave en el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. Si no se entiende así, no podremos iniciar una real descentralización y un mayor crecimiento equitativo del país.

Por otra parte, potenciar la ETP es de un valor especial, ya que reúne a los estudiantes más vulnerables y es clave para el desarrollo sustentable del país. Sin este apoyo sustantivo, la propuesta será insuficiente por ausencia de una visión de futuro que se conecte con la formación técnica en las áreas productivas del país.

Cuarto, es preocupante lo que el proyecto señala sobre el financiamiento público, en particular en materia de gratuidad, fijación de aranceles regulados y aportes basales a las instituciones de función pública. A través de la propuesta que establece una gratuidad focalizada y progresiva -orientada a los estudiantes más vulnerables-, el proyecto plantea avanzar en inclusión e igualdad de oportunidades. No obstante, existe un alto riesgo de forzar a disminuir la calidad de los proyectos educativos debido a la escasez de fondos públicos aportados y a los ajustes económicos que deberán realizar las instituciones para apoyar esta política pública. Así, las fijaciones de precios sin considerar estos factores -la calidad y diversidad del sistema-, son un riesgo real a la autonomía universitaria.

Por otra parte, los aportes basales a las instituciones son claves para el desarrollo de la investigación y generación de nuevo conocimiento. Estos fondos deben acrecentarse, fortaleciendo los procedimientos para rendir cuenta de sus usos y destinos. Por esta razón es que la propuesta actual de supresión de estos fondos basales y su cambio por la presencia de un fondo concursable en investigación y creación artística crean una gran incertidumbre en el sistema. Esto va a impedir la necesaria planificación de largo plazo y la realización de planes de futuro que requieren las universidades.

En resumen, este proyecto es de mala calidad, ya que no presenta una visión de futuro para el desarrollo de la educación superior. Lo que se propone va a nivelar hacia abajo el sistema actual y es un claro retroceso para el país. Así, es imperioso que sea analizado y mejorado de manera significativa en el Parlamento.

Los pilares de una propuesta de futuro deben ser la calidad, el desarrollo y la equidad, respetando la autonomía de cada institución y su capacidad para crecer y desarrollarse.

“Este proyecto es de mala calidad, ya que no presenta una visión de futuro para el desarrollo de la educación superior. Lo que se propone va a nivelar hacia abajo el sistema actual y es un claro retroceso para el país. Así, es imperioso que sea analizado y mejorado de manera significativa en el Parlamento”.