Si todo avanza según los plazos fijados, los alumnos mexicanos empezarán el curso 2017/2018 con un nuevo plan de estudio en todas las escuelas públicas, una de las propuestas estrella del presidente Enrique Peña Nieto para sacar al país del atraso educativo.

Una reforma que pone fin a un modelo vigente desde 1943 pero con distintos parches a lo largo de las últimas décadas.

El nuevo modelo, que incluye más autonomía para las escuelas, exámenes periódicos a los maestros o inglés para los alumnos desde la infancia, es aceptado por el principal sindicato (SNTE), que abarca un millón y medio de trabajadores de la educación, pero rechazado por la facción disidentes del CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), que representa a unos 120.000 maestros. El sector disconforme respondió con el que ha sido su principal argumento desde que Peña Nieto presentó la reforma; con plantones y bloqueos de carreteras.

La presentación del modelo educativo estuvo cargada de tensión. La noche anterior, el Gobierno y los maestros disidentes se reunieron durante seis horas hasta que los docentes se levantaron de la mesa y exigieron que el Ejecutivo suspendiera el acto de este miércoles.

Finalmente no hubo aplazamiento, sino todo lo contrario, un acto -al que asistió un secretario, un gobernador y el líder del sindicato mayoritario- cargado con el boato y la trascendencia que supone poner fin a un modelo educativo con décadas de vida.

Durante la presentación se supo que el nuevo plan educativo tampoco elimina la palabra que más escuece: “evaluación”.

No obstante el secretario de Educación, Aurelio Nuño, insistió en que se trata de un modelo “no terminado” que “revisará” el controvertido examen “de acuerdo con las distintas regiones del país”.

Eso es todo lo que la disidencia ha conseguido hasta el momento después de semanas de frustrada negociación. Los maestros levantados contra el Gobierno temen ser expulsados en caso de no superar este examen para el que pocos están capacitados.

Durante el acto Juan Díaz, líder del sindicato mayoritario (SNTE), criticó a sus compañeros de Guerrero, Oaxaca y Michoacán y dijo que “nadie tiene derecho a convertir la educación en un campo de batalla ideológica y política”. No obstante también cargó contra la famosa evaluación que dijo pertenece a un modelos estandarizados de los años 70, cuando sólo se valoraba el nivel de formación elemental. “Analizaremos el impacto laboral y profesional para demandar, si es el caso, el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación” advirtió.

El nuevo modelo pivota en cinco ejes: escuelas, contenidos, maestros, equidad y gobernanza, que serán estudiados en agosto por escuelas, expertos, padres de familia, académicos o cámaras de comercio. Con las aportaciones de todos ellos, en diciembre, se logrará un modelo definitivo, que pasará a los libros de texto y empezará a aplicarse “de forma gradual” en el curso 2017-2018, dijo Nuño.

México es uno de los países de la OCDE que más dinero dedica a educación, casi un 5% de su PIB, sin embargo ocupa los últimos puestos en las listas internacionales sobre nivel formativo. A nivel interno, Oaxaca y Chiapas, sin clases desde hace dos meses por la movilización magisterial, están a la cola del país. “La propuesta es que el sexenio de Peña Nieto termine con un sistema educativo radicalmente diferente”, señalaron desde el gobierno.

Más allá de la presentación de un nuevo plan de estudios, el evento fue un acto de reafirmación del gobierno y su ministro de Educación frente a los maestros disidentes que han asfixiado Chiapas y Oaxaca en las últimas semanas ybloquean periódicamente los accesos a las ciudades. Un día antes de esta presentación ardieron tres autobuses en Guerrero y un policía fue humillado y obligado a caminar descalzo y sin camisa portando una bandera de la CNTE.

Mañana está previsto que se celebre la última de las mesas de negociación entre las partes, pero la idea de una “derogación” total de la evaluación, como exige los maestros, ha quedado conjurada. La respuesta, en las calles.