El ex ministro de Educación y actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, analiza la reforma de educación superior que ingresó este mes al Congreso. Critica, entre otros elementos, que le falta visión de largo plazo y señala que los incentivos no están puestos para que ingresen planteles privados a la gratuidad.

¿Que evaluación tiene del proyecto?

Primero, hay un reconocimiento de que con la carga tributaria no es razonable asegurar gratuidad universal y eso es sensato. Segundo, no tiene una visión del sistema de educación superior y sus desafíos. Es un proyecto con parches para resolver los problemas que han estado en el debate, pero no sé si esos son los más urgentes o si se debiesen haber resuelto como lo propone. Y eso lo hace ser un proyecto tremendamente pro status quo. Si se aprueba como está, el sistema va a seguir siendo básicamente igual en cinco o diez años más. En ese sentido es un proyecto muy conservador, no mueve el sistema a ningún lugar interesante. Cuarto, convierte a la nueva Subsecretaría de Educación Superior en un conductor del sistema y es difícil que pueda hacerlo.

¿Se le están delegando demasiadas atribuciones a la subsecretaría?

Por una parte se le encarga el sistema de admisión e incluso fijar las ponderaciones mínimas para los instrumentos de selección, que no se sabe muy bien cuáles van a ser, lo que no parece razonable. Después, define los estándares finales de acreditación, a recomendación del consejo, pero el consejo es un servicio público. En la práctica hay una definición política de los estándares que es altamente inconveniente. La subsecretaría también coordina a las universidades estatales. Así, se convierte en un modelo planificado centralmente, pero que no tiene instrumentos ni capacidades ni le corresponde llevar esto adelante. Es un poquito voluntarista. Hay acuerdo de que el sistema carece de un marco regulatorio razonable, pero esto es pasarse al otro lado. Corre el riesgo de ahogar al sistema.

¿En qué sentido?

El sistema tiene que tener reglas estrictas, pero generales, imparciales, que no dependan de sistemas políticos ni dejen a las instituciones solamente a la decisión de quienes las eligen. Y eso es de lo que carecía el sistema de acreditación que era voluntario, pero que además no era suficientemente exigente. Tampoco había capacidad del ministerio de fiscalizar el buen uso de los recursos y la fe pública, y eso justificaba alguna instancia como la superintendencia, que es el aspecto mejor logrado del proyecto. Creo que es sensato lo que se propone. Hay algunas reglas que podrían ser demasiado intrusivas, pero que podrán revisarse. Las limitaciones que buscan evitar el lucro pecan de abundancia y pueden traer algunas complicaciones  a algunas instituciones que hoy están operando, por la forma en que están presentadas.

¿Por qué? 

Es demasiado restrictivo y con regulaciones que impiden el desarrollo normal de una universidad moderna, que se tiene que acercar a la empresa, tener flexibilidad para organizarse de forma diversa y que son una fuente importante de financiamiento para las universidades. Pensando en todos los planteles que existen, también  los estatales. Lo importante es que los flujos de todas estas actividades terminen potenciando la universidad, que se reinviertan en el plantel. Con reglas generales y prohibiciones generales de evitar transacciones con partes relacionadas se puede lograr. Además, la superintendencia va a tener suficientes instrumentos para pesquisar. Pero el proyecto privilegia ponerse el parche antes de la herida.

¿Y cómo ve el financiamiento que plantea el proyecto?

El proyecto tiene una tensión en esa materia. No hay un esquema de financiamiento general en Chile, entonces hay ciertas instituciones que tienen derecho a gratuidad, otras a mayor beca y a un crédito distinto. Esto genera una ensalada bien complicada en términos del financiamiento estudiantil. El proyecto no resuelve eso, lo deja coexistir y eso puede producir distorsión en las decisiones de las universidades y de los estudiantes. Siempre he defendido que primero, independientemente de la gratuidad, tiene que haber un mecanismo de financiamiento general para todos los estudiantes, independientemente de la institución a la que van. Personalmente, creo en un sistema de retribución contingente al ingreso, donde el estudiante mientras estudia no tiene que hacer un desembolso y después se le va exigiendo una retribución que depende de sus ingresos. Mi aproximación es un modelo en el que hasta los $ 400.000 nadie paga, después paga poquito hasta llegar a un máximo de 10% de su sueldo. Es un sistema sólido, atractivo, no involucra tantos recursos y permite destinar fondos a otros niveles educacionales y también a investigación, que es el mayor déficit del sistema chileno.  Los sistemas de educación superior son caros, pero importantes de financiar y los países se han movido a hacerlo en una combinación privada pública. Nosotros estamos demasiado pasados a la privatización del financiamiento, teníamos que equilibrar, pero nos estamos pasando a la otra punta, entonces es muy raro.

¿Tiene sentido plantear una fórmula donde la gratuidad universal puede llegar en 70 años?

A mí lo que me da pena es que para el nivel de carga tributaria, para las prioridades que tiene Chile, nunca debió haberse planteado la gratuidad. Una vez planteada ha condicionado un debate de fondo respecto de lo que queremos hacer, a este nivel de desarrollo, con nuestro sistema de educación superior. Se reconoce que no se puede brindar gratuidad universal en el corto plazo, pero no se hace el ejercicio de pensar qué nos conviene hacer con nuestro sistema de desarrollo de educación superior.

¿La regulación de matrícula y aranceles es estrictamente necesaria?

Es que como hay gratuidad, todo está amarrado a ella, entonces el Estado necesita tener una idea de los costos y para eso necesita fijar los aranceles y las vacantes. Pero eso puede ser tremendamente dañino para las instituciones. De hecho, uno podría decir que este proyecto está diseñado para que no muchas instituciones privadas entren a la gratuidad, porque si te quedas fuera sigues recibiendo CAE y becas, hasta el momento en que se cumpla la promesa de gratuidad universal. Al año siguiente se acaban, pero como está indefinido como institución digo ‘me van a  regular los aranceles, me van a  fijar las vacantes, si me quedo fuera sigo recibiendo CAE y becas, por lo tanto, me quedo fuera’. ¿Cuál es el incentivo para ingresar a gratuidad? El único incentivo es este fondo para investigación, pero no crece nada. Entonces, ¿cuál es el incentivo real para ingresar? ¿La presión de los estudiantes? Los alumnos no son personas que no tengan reflexión y se van dar cuenta de los problemas que tiene el proyecto y el arancel regulado.

¿Responde bien el proyecto a una mejor acreditación?

No existe en ninguna parte una acreditación institucional que al mismo tiempo certifique tantas carreras. Esto le pone una tensión burocrática tremenda a la universidad. Después está la idea de que la acreditación es integral. En estricto rigor si una carrera falla no debiera acreditarse la institución, pero el proyecto en esta materia dice que se suspende. Además, el gobierno se obligó a casarse con esta idea de que una universidad debe tener investigación, pero creo que reconoce que no es razonable e inventa estas categorías de acreditación que dependen de los niveles de certificación. Me parece que las categorizaciones son un poco arbitrarias y no tienen mucho sentido. Existen porque tienen que cumplir con investigación, pero en un sistema masivo esto no tiene mucho sentido. Entonces uno podría haber pensado en un sistema donde la certificación es exigente, pero en función de las misiones que las universidades han definido para sí mismas, eso ayudaría a la distribución de recursos porque uno puede decir que vamos a tener categorías de universidades.

¿Cree que cierren universidades por estas nuevas exigencias?

Podrían cerrar y no me parece mal. El sistema tiene que poner exigencias y aquellas que no las cumplen tendrán que dejar de ofrecer títulos reconocidos por el Estado. Es probable que algunas universidades, por su tamaño o volumen, no tengan las capacidades de satisfacer esas exigencias y está bien que cierren. Si queremos desarrollar un buen sistema de educación superior necesitamos exigencias.

¿Se cumple con la promesa de darle a las universidades estatales un trato preferente? 

La paradoja es que las universidades estatales ya reciben un tratamiento diferente. Según el informe de la Contraloría, la U. de Chile recibe de aportes fiscales $ 3,9 millones por estudiante; la UC, $ 3,1; la U. de La Frontera, $ 3,8 millones; y la UCV 2,9 millones. Y las universidades fuera del Cruch reciben mucho menos. Entonces ya hay un trato preferente, aunque siempre se puede discutir la magnitud del trato. Lo que me preocupa es que en el proyecto no hay una definición clara de para qué es este trato preferente.

U. del Mar: “Pequé de ingenuo”

Usted firmó el decreto de cierre de la U. del Mar. ¿Cómo ve ahora el proceso de cierre y la situación de sus alumnos?

Yo siempre pensé que era lo que había que hacer. Había que cumplir la ley y la institución no la estaba cumpliendo. Siempre tuve la convicción de que el problema se podría haber resuelto más fácilmente y ahí creo que pequé de ingenuidad, pensé que el sistema iba a ser capaz de absorber a estos estudiantes a través de distintas vías, que iba a haber más solidaridad. Eso no ocurrió, pero tampoco pude después desarrollar una estrategia dado que fui destituido. No he seguido con la cercanía necesaria la discusión para saber si se podría haber resuelto de mejor manera de lo que se hizo.

¿Volvería al servicio público?

No descarto nada en mi vida. Ni siquiera sé lo que voy a hacer el día de mañana. Pero estoy muy contento en el CEP.

¿Cómo ha visto internamente a la Nueva Mayoría?

Lo que ha pasado es que con la popularidad tan baja del gobierno, el Ejecutivo perdió fuerza en al discusión y la empieza a tomar el Parlamento. Los presidencialismos tienen dos fuente de legitimidad: los presidentes son elegidos, pero el Congreso también. Los equilibrios son buenos cuando el Presidente mantiene niveles relativamente altos de popularidad, pero cuando no, el Congreso se independiza totalmente del Ejecutivo y eso es lo que ha pasado. Eso ha desordenado la discusión y creo que el gobierno no tiene ninguna capacidad de ordenarla a menos que repuntara la popularidad de la Presidenta. Ya se vienen las elecciones y por tanto los partidos y parlamentarios empiezan a  independizarse. No hay ninguna amenaza desde el gobierno, porque un gobierno impopular no tiene capacidad de disciplinar, entonces cada uno ‘corre por su santo’ como se dice, y es lo que estamos viendo.