Miércoles 13 de julio de 2016

Este principio suscita consenso: nadie con talento debe dejar de estudiar en la universidad porque no tiene cómo pagar. Pero en el proyecto del Gobierno, los recursos fiscales no reemplazan lo que hoy aportan las familias y alumnos. El sistema como un todo queda con menos recursos. Por eso, en parte, el gran descontento.El punto es fundamental, pero no el más fundamental. Un sistema de financiamiento es un sistema de toma de decisiones que, en cierta medida, configura la vida universitaria. Quien controla los medios requeridos para los fines y proyectos de la universidad define qué fines y proyectos podrán procurarse y cuáles no. En un sistema descentralizado, el financiamiento de la investigación y la docencia proviene de fuentes diversas: Estado, familias, donantes, alumnos que estudian con créditos, etcétera. El sistema centralizado reduce las fuentes de financiamiento y transforma al Gobierno en el controlador de los medios para el logro de virtualmente todos los objetivos y planes de desarrollo de la universidad.El proyecto crea una populosa burocracia. La nueva Subsecretaría tendrá como misión, entre otras, administrar el sistema de admisión de las universidades (la función que cumplía la Chile ahora es del Ministerio), y fijar aranceles y vacantes de más de 11 mil carreras diferentes (a.9,12, 165, 166). El arancel fijado por la Subsecretaría, asesorada por un Comité de Expertos (a.166 ), será no solo inferior al real, como hoy, sino -no hay que ser ingenuos- bastante inferior. Y las universidades con gratuidad podrán cobrar a los sin derecho a la gratuidad un arancel mayor, pero limitado. Hacienda tendrá la última palabra.

Las gratuitas pierden así una importante fuente de financiamiento: las familias que de hecho pagan. Y pierden, al aumentar los que estudian gratis, el aporte de alumnos que pagan con créditos subsidiados y devolverán según sus ingresos futuros. Las familias y alumnos -un conjunto desagregado- no amagan la independencia de la universidad. El Gobierno sí.

Los aranceles dependerán de los recursos fiscales -por tanto, del ciclo económico-, y en la evaluación de los programas, la burocracia sustituirá a las familias y alumnos. Opiniones, a veces políticas, de la Subsecretaría y la Dipres definirán, a la larga, cuánto debe gastarse en profesores a jornada completa, investigación, laboratorios, bibliotecas, computadores, salas… y por cada carrera. Para ese dinero el Gobierno tendrá usos alternativos apremiantes. Y en Chile no hay “tenure” ni inamovilidad del profesor como en Alemania o Francia, que protegen su autonomía.

En suma, decisiones básicas -admisión, vacantes, aranceles- que se toman en la universidad se traspasan a funcionarios de Educación y Hacienda, al gobierno de turno. ¿Serán los rectores del nuevo sistema universitario centralizado? Se lee: “El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, será el órgano rector del Sistema” (a.2). ¿Será lo que buscaban la Chile, Católica, Concepción, Austral, Talca, por mencionar algunas, y sus alumnos? Y hay que agregar el nuevo modelo de gobierno: en los Consejos Directivos de las estatales 4 de 9 miembros los nombra el Presidente (a.153).

Además, todas las universidades han de acreditarse ante el Consejo de Calidad, 9 de cuyos 11 miembros nombra el Presidente, a partir de la terna del Consejo de Alta Dirección Pública (a.29). Salvo las “Nivel A”, el resto pierde el derecho a crear carreras: las aprueba el Consejo, que puede revisar la acreditación ya concedida a las “Nivel A” (a.74 y 75).

En la práctica, la cosa será más enrevesada, pero no menos arbitraria. Como el Gobierno no cubre el costo, se desatará una lucha feroz por cada tajada de la torta que se achica. Mejor conocen sus costos las universidades que “los expertos”. Se volcarán a persuadirlos. Tarea de rectores será mendigar en pasillos y oficinas ministeriales y parlamentarias. Los apoyarán tomas y marchas estudiantiles que turbarán la calma y alterarán las cifras de los tecnócratas. Las universidades que presionen más, quizás recojan más, pero dañando a sus alumnos, que habrán tenido menos clases y estudiado menos de lo debido.

Lo que está en juego no es una “mera” cuestión de “platas”. Tenemos que meditar si queremos que los proyectos de la universidad los decidan los políticos y burócratas gubernamentales o las propias universidades. La libertad, como la salud, nunca se valora más que cuando se pierde.

Arturo Fontaine
U. Diego Portales
U. de Chile

Sergio Urzúa
U. de Maryland
CLAPES-UC