El proyecto de ley que crea un nuevo sistema para la Educación Pública nos llena de optimismo, siendo pieza fundamental para la reforma educacional en curso. Si bien el proyecto en su trabajo legislativo ha ido incorporando distintos aportes, consideramos que un aspecto clave para el éxito del mismo es: El desarrollo de las capacidades de las comunidades educativas.

Es la escuela, junto con sus actores quienes ejecutan la política pública, la que debe ser capaz de generar y desarrollar de manera autónoma sus propias capacidades, lo que no está evidentemente relevado en un proyecto de esta envergadura.

¿Por qué existen pocas escuelas que han alcanzado una ruta de mejoramiento sostenible en el tiempo, aunque se han dictado una serie de apoyos a la escuela? ¿Cómo la institucionalidad intermedia pasa de la cultura de la verticalidad a la del empoderamiento, confianza y desarrollo de autonomía de las comunidades?

Necesitamos que estas preguntas se incluyan en el debate, de lo contrario tendremos nuevamente un apoyo vertical, esporádico y “cacho” para las escuelas. Hoy no es raro escuchar entre las comunidades educativas: “Corrimos como locos, nos pidieron un montón de papeles, nos pasaron multas, y nunca nos preguntaron qué es lo que necesitamos y cómo lo podemos hacer, sólo nos señalaron lo que no habíamos cumplido”.

Instalar condiciones y capacidades a nivel local, es importantísimo porque la mera dictación de una política pública no es suficiente para gatillar y sostener procesos de mejoras permanentes en nuestras escuelas públicas (Bellei, et al. 2014). Se requiere de una fuerte base de capacidades locales instaladas en la comunidad, en su equipo directivo y en sus docentes, que hagan posible y sustentable este proceso, además de un financiamiento que lo permita. La escuela no solo debe recibir una directriz externa, debería ser capaz y tener los tiempos de adquirir conocimientos nuevos, implementar y evaluar la mejor forma de adaptar la política a la propia cultura y necesidades. Bien sabemos la importancia de ello con la experiencia de los apoyos externos de programas de Asistencia Técnica Educativa (ATE), cuyos efectos son de baja magnitud y tienden a ser poco sustentables en el tiempo (Bellei, Osses y Valenzuela, 2010).

Por lo anterior, planteamos -para la discusión en el Senado- condiciones necesarias para que todo el esfuerzo legislativo baje a los miembros de nuestras escuelas:

– Es necesario considerar que el diagnóstico de las realidades educativas sea elaborado en conjunto con las comunidades educativas. (art. 7 k) y art. 26 a)

– Deben establecerse altos estándares y capacidades del personal a cargo de las nuevas unidades de apoyo del Servicio Local, que deberían tener la mayor expertis para generar capacidades en otros y no solo dar directrices, punto de mayor relevancia considerando el número y mayor distancia de los Servicios Locales.

– En el articulado debe señalarse que ante determinados criterios “deben” entregarse ciertas atribuciones que permitan empoderar a equipos directivos que hoy demuestran buena capacidad de gestión para el sostenimiento e implementación de los cambios (artículo 11)

– Además debe simplificarse el ecosistema que envuelve a las escuelas. Hoy la escuela no solo se enfrenta con la labor de desarrollar integralmente a nuestros estudiantes, sino que debe convivir en un ecosistema no poco complejo, por enumerar alguno de los instrumentos que indirecta o directamente atenderán: Convenio de Gestión, Plan estratégico Anual, Plan Anual, Política Nacional de Fortalecimiento a la Educación Pública. Sus propios instrumentos: Proyecto Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento Educativo, Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa (SEP), Convenios de Desempeño Colectivo y de la práctica directiva y técnico pedagógica, Informes y recomendaciones de la Super Intendencia Educación y Agencia de la Calidad, entre otros.

Sabemos que no todas las sugerencias son propias de materia de ley, ya que muchas de ellas se juegan en la implementación. Sin embargo, es necesario desde ya incluir la importancia de la escuela y todos sus miembros en el espíritu de la discusión. Ellos serán finalmente los protagonistas de este nuevo sistema de educación pública, revelemos su estatus profesional, fortalezcámoslos, y que su empoderamiento, el desarrollo de sus capacidades y autonomía, sean los principios que prevalezcan por sobre la burocracia, la fiscalización y verticalidad del apoyo.