Delpiano adelanta posibles roces de reforma: Lucro y apoyo a las universidades estatales

Titular de Educación explica que la gratuidad llegará al 70% más vulnerable cuando los ingresos fiscales “sean equivalentes a un punto más del PIB”, lo que ocurriría cerca de 2020. Tras eso, los costos de la política aumentan considerablemente.  

JAVIERA HERRERA , 13 de junio de 2016

La tarde del viernes, tras la reunión que sostuvo con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la ministra de Educación llegó hasta su oficina y escuchó un resumen de las declaraciones que los dirigentes hicieron siete pisos más abajo.

Y aunque los estudiantes fueron críticos y llamaron a seguir movilizados, Adriana Delpiano asegura que “tengo la sensación de que se quedaron relativamente conformes”.

En la reunión se abordó el financiamiento de la reforma a la educación superior -que se presenta los próximos días- y la participación estudiantil, que “nosotros la estamos normando en las universidades estatales, y en las otras, más bien recomendando, por la autonomía”, añade la ministra.

También se habló de la elección de los rectores. “Dijimos que son los académicos quienes los eligen, pero estamos por abrir todos los espacios colectivos para que participen los estudiantes, y en el órgano colectivo de la universidad, que haya una participación triestamental”.

Anticipa que podría ser un punto de conflicto con los jóvenes estudiantes.

Y no sería el único.

-Hoy (viernes) también se reunió con la Presidenta… ¿Le entregó el proyecto?

-Le mostramos todo lo que hay, y el proyecto está en su fase de revisión formal. Pero ella sabe que esto está listo y que está para ser revisado por el equipo jurídico del Ministerio de Hacienda, junto con la Segpres. Se revisa y se va.

-¿Entonces está cerrado?

-Hoy puedo dormir tranquila.

-Los últimos meses se reforzó el equipo de la reforma; de hecho, nombró a la subsecretaria Valentina Quiroga para esa tarea. ¿Por qué esa necesidad?

-Por lo grande que es la reforma y por la cantidad de temas. Fuimos trabajando en eso y, paralelamente, seguimos la ronda de conversaciones. El equipo ha estado en esas conversaciones, acercando posiciones. Ahora es un proyecto que no deja 100% contento a todo el mundo. Por ejemplo, a los estudiantes les encantaría que hubiéramos dibujado el lucro como un delito, con pena de cárcel. Y eso está en el derecho administrativo, no en el derecho penal; por lo tanto, hemos dotado a la superintendencia de una gama de posibilidades para aplicar las sanciones que corresponda cuando se detecta el lucro.

-¿Quién más podría no estar contento con el proyecto?

-Para algunos parlamentarios es un tema muy fuerte el reforzar las universidades estatales. Otro sector diría “está bien las estatales, pero abramos a una mayor diversidad de instituciones”. Ese va a ser un punto de debate, y el proyecto camina en esa disyuntiva. Si bien refuerza a las estatales, también suma al Consejo de Rectores (CRUCh) como un dato dado, mantiene su rol como asesor del ministerio.

“Para los rectores, lo deseable es que la educación superior sea un sistema, y hoy no lo es: es una suma de instituciones diversas, heterogéneas, poco reguladas, con poca claridad sobre la calidad, y entonces la institucionalidad que se crea es valorada. Pero cuando la regulación específica se aplique a su plantel, habrá aspectos que no se van a valorar de la misma manera”.

-¿Con quién fue más difícil el diálogo, con los rectores o con la Nueva Mayoría?

-Con la Nueva Mayoría, en lo formal, ha fluido el tema. Creo que los que entregaron documentos más específicos -y acogimos parte importante de ellos- quedaron satisfechos y no han planteado nada nuevo. Otra cosa va a ser cuando la gente mire el articulado.

“Con los rectores no hemos tenido estas reuniones de cierre, que yo espero tener esta semana. Lo que hemos estado conversando con ellos es sobre el financiamiento, las universidades regionales, el CRUCh, y como son muy heterogéneas entre ellas, es muy difícil que se logre un acuerdo fácil. Entonces, creo que ha sido más complejo con los rectores que con la Nueva Mayoría.

-¿Con los rectores del CRUCh o de todo el sistema?

-Del sistema en general; pero claramente, la tensión entre lo estatal y lo público es la más compleja (…), pero no tendría que haber mayor problema, porque ambos grupos tienen aportes basales para investigación y un trato específico.

La ministra también precisa que en el actual arancel, las universidades también cobran “plata que es para investigación y para la mantención”, y añade que “diferenciar el arancel regulado versus lo que son los fondos para investigación nos parece que es muy importante”, confirmando, además, que en la reforma va a estar diferenciado.

La ministra añade que con la reforma aprobada se aumentarían las regulaciones para las universidades privadas, “y las que no lo van a pasar tan bien, si sale la ley, son aquellas que efectivamente han sacado mucho lucro, vía las partes relacionadas”.

-¿Cuál cree que será el rol de la oposición durante la tramitación?

-Ojalá hubiera una política lo más de Estado posible. Eso supone transversalidad para evaluar, y que no se divida a priori en que yo tengo que defender las universidades privadas y tú defiendes las públicas. Encuentro que eso no conduce a nada.

Gratuidad

-Se adelantó que la gratuidad va a estar condicionada al crecimiento económico. ¿Eso podría implicar que no tengamos gratuidad universal?

-En el proyecto está establecida la gratuidad universal, pero con calidad, con criterios de calidad de las instituciones. En el gobierno de la Presidenta Bachelet está establecido que en 2018 se avanza hasta los alumnos del sexto decil (60% más vulnerable). Y después se establece que se sigue avanzando al séptimo decil, cuando la recaudación fiscal, los ingresos que tiene el fisco, sean equivalentes a un punto más del PIB. Ahí se aumenta al decil siguiente.

Delpiano especifica que en el proyecto se pudo haber fijado un plazo, “pero se pusieron condiciones, pero podría ser cercano al 2020, por ahí se llega al séptimo decil. De ahí para adelante, todo es más caro; primero, porque no existen becas (…). Para el octavo y noveno decil se necesitan tres puntos más del PIB de ingreso para poder seguir avanzando. Pero está planteado así, hasta llegar al décimo”.

La ministra también señala que “durante un período largo” van a convivir en el sistema la gratuidad, las becas y los créditos.

-¿Cuándo se deberían comenzar a ver los primeros cambios, además de la gratuidad?

-Debería empezar a notarse bastante luego, en las tres instituciones que se crean (subsecretaría, superintendencia y consejo de la calidad). Creo que si sacamos el proyecto a comienzos de 2017, dejamos antes de que termine el gobierno los decretos y toda la institucionalidad de una manera distinta.
”A los estudiantes les encantaría que hubiéramos dibujado el lucro como un delito, con pena de cárcel”.
”Las que no lo van a pasar tan bien, si sale la ley, son aquellas (universidades) que efectivamente han sacado mucho lucro, vía las partes relacionadas”.
”La tensión entre lo estatal y lo público es la más compleja, en el sentido de que hay una valoración, una conciencia de que hay un conjunto de universidades que tiene una historia”.
”Me habría encantado una movilización como la que han hecho tantas veces, sin tomas, sino que movilizándose para que aceleremos la reforma”.