La batalla educativa en México mantiene las espadas en alto. Tras semanas de protestas, el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha contestado al pulso lanzado por la radical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el arresto de dos de sus líderes, entre ellos el conocido Rubén Núñez, cabeza visible de la contestación. El golpe policial, bajo la acusación de desfalco, supone un nuevo paso en el cerco a un sindicato, minoritario en el ámbito nacional pero mayoritario en los empobrecidos estados del sur, que ha convertido el repudio violento a la reforma educativa en su seña de identidad.

Ningún partido salió en defensa de los detenidos, salvo el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el vehículo electoral del aspirante a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Como ya hiciera otras veces, el carismático líder de la izquierda radical acusó al Gobierno de haber orquestado una campaña “arbitraria, cobarde y autoritaria” contra los líderes de la CNTE y pidió la cárcel para el presidente, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Educación, Aurelio Nuño. “La reforma educativa no es más que una agenda impuesta desde el extranjero y apoyada por la mafia del poder para someter al magisterio y avanzar en la privatización de la educación pública”, dijo López Obrador, quien convocó a una manifestación el próximo domingo en el centro de la Ciudad de México.

No es la primera vez que el Gobierno responde con detenciones a la escalada del sindicato radical. El año pasado, en plena espiral de violencia, las autoridades mexicanas decidieron atacar el núcleo del poder de la CNTE. Este sindicato de ultraizquierda, con 110.000 militantes, gozaba de una situación de privilegio en Oaxaca. Allí, gracias a décadas de connivencia con el PRI, controlaba la administración educativa y había tejido una inmensa red clientelar. Contrataciones, sanciones y pagos a docentes pasaban por sus manos. En una operación sincronizada entre el Ejecutivo estatal y federal, se les retiró el poder ejecutivo, se bloquearon sus cuentas bancarias y se arresto a sus principales dirigentes. La estocada dejó malparada a la CNTE. Pero no logró poner fin a un pulso que, más allá de la letra pequeña de la ley, tiene como escenario el futuro de México.

En un país con un nivel educativo por detrás de Kazajistán, la reforma educativa es entendida más como una necesidad social que un proyecto político. Aprobada por la práctica totalidad del arco político y respaldada por la mayoría de la ciudadanía, la ley intenta acabar con el sistema clientelar que ha imperado en la educación y que ha permitido el enraizamiento de fenómenos como la CNTE en las regiones menos desarrolladas. Para ello la reforma establece el concurso obligatorio y abre las puertas a oposiciones libres para acabar con la compra-venta y heredad de plazas docentes. También fija la evaluación del profesorado y su expulsión en caso de que se nieguen a realizar las pruebas.

Todas estas medidas han sido vistas como una agresión por el sindicato radical. En sucesivas oleadas, la CNTE y su vanguardia en Oaxaca, la famosa Sección 22, han intentado detener los cambios por la fuerza. En su ofensiva no han dudado en tomar de aeropuertos, bloquear carreteras o quemar oficinas electorales. También han utilizado el terror al rapar y humillar públicamente a los docentes, como ocurrió en 2015, que no se han plegado a sus órdenes y que se han atrevido a acudir a las evaluaciones.

De poco ha servido esta presión. El Gobierno no ha dado un paso atrás. Mes a mes ha ido deconstruyendo el poder sindical y golpeando sus puntos neurálgicos. La penúltima andanada llegó hace un mes cuando acordó el despidó de 4.200 maestros por participar en una huelga ilegal, y la última se ha registrado este fin de semana con el arresto, bajo orden judicial, del secretario de organización de la Sección 22, Francisco Villalobos, y del líder en Oaxaca, Rubén Núñez, quien en los últimos días había desafiado al Ejecutivo a que se atreviese a aprehenderle.

Tras su captura, Núñez fue trasladado al penal de Hermosillo (Sonora). La Procuraduría General de la República le acusa de desfalco. Los fiscales consideran que manejó al menos 24 millones de pesos (1,3 millones de dólares) de procedencia ilícita. El dinero, siempre según esta versión, fue entregado por empresas que mantenían convenios con el extinto Instituto Estatal de Educacion Pública de Oaxaca. A cambio, estas empresas le pagaban a Núñez una comisión del 3,5%.

Al tiempo que se procedía a las detenciones, la policía desalojaba el citado instituto estatal en Oaxaca. El centro, antaño base del poder sindical, había sido tomado hace dos semanas y corría riesgo, según la versión oficial, de que se le prendiese fuego. En la expulsión, las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos. Los sindicalistas respondieron quemando coches. “Desde las trincheras hacemos un llamado urgente a los compañeros del movimiento a estar alerta y accionar con contundencia ante esta redada que hoy orquestan los nefastos”, afirmó en un comunicado la CNTE.